Esta mañana, el legislador Martín Arévalo fue a la Fiscalía para pedir que a la denuncia hecha por un aparente desfalco de 37 millones de dólares en el MOPC, se le sume otra por otra presunta tragada de 72 millones de dólares.

El primer monto fue pillado mediante una Auditoría General de la Presidencia, ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, a la gestión de Efraín Alegre entre los años 2010 y 2011.

Arévalo explicó a la prensa que la nueva cifra consta en una auditoría ordenada por la Contraloría General de la República, a cargo en ese entonces del liberal Augusto Airaldi, para evaluar la administración de Efraín en el año 2009.

“Estas dos auditorías revelan una malversación de 109 millones de dólares, monto que debe responder Efraín Alegre”, lanzó el congresista colorado.

El denunciante mencionó que en el marco de esta causa, la fiscal Marlene de Ovelar ya ubicó a dos de los cuatro auditores que firmaron el primer documento del faltante de 37 millones de dólares. “Veo que convocó a los auditores que hicieron con trabajo, se les ubicó a dos de los cuatro firmantes, luego le llevarán a Efraín para escuchar su versión”, refirió sobre los siguientes pasos a seguir en esta investigación.

El congresista reiteró que es importante que la Fiscalía constate las irregularidades cometidas y determine las responsabilidades de quienes habrían cometido el terrible desfalco a las arcas del Estado paraguayo.

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LAS DOS AUDITORÍAS

El nuevo informe de auditoría financiera revelado corresponde al ejercicio fiscal año 2009, encomendada por el entonces contralor general de la República, Augusto Airaldi, del Partido Liberal, halló también diversas irregularidades en un año de gestión de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas, tales como pagos efectuados de más al no comprobar el avance real de las obras, falencias en los registros contables, bienes públicos sin títulos de propiedad, falta de control para registrar los ingresos de la institución, entre otras “perlitas”, por valor total al cambio actual de US$ 72.718.856.

La Contraloría dispuso el 4 de febrero del 2010 la realización de una auditoría financiera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. El equipo auditor designado analizó el Balance General y Cuadro de Gestión Económica del MOPC, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2009, cuando Efraín Alegre se desempeñaba como ministro, Andrés Rivarola como viceministro de Obras, Juan Félix Bogado Tatter se encargaba de la Administración y Finanzas, Eduardo Petta era el director de la Caminera y Mercedes Canese estaba en el Viceministerio de Minas y Energía.

Los auditores encontraron diversas irregularidades durante su trabajo en diferentes áreas. Desde la falta de registros contables sobre varios débitos bancarios, existencia de fondos de dudoso cobro, diferencias entre los registros del Balance de Sumas y Saldos y los formularios exigidos en el Manual de Patrimonio, vehículos por valor de G. 1.878.958.077 y maquinarias de construcción por G. 4.976.485.939, que figuraban en el inventario de bienes del MOPC, pero que no contaban con títulos de propiedad; realizaron pagos por certificados de obras en fechas que no corresponden, por errores en los documentos presentados por las contratistas, ya que consignaron fechas anteriores a la adjudicación, no se registró en el Balance General de los Ingresos Devengados a Percibir en concepto de canon por Explotación Minera y de Piedras e Hidrocarburos por US$ 398.703, el equipo auditor dejó constancia en su informe de que no recibió documentaciones correspondientes a la Policía Caminera; tales como comprobantes de ingresos por G. 93.791.000 en concepto de recaudación por multas y Notas de Depósito Fiscal por G. 21.268.000.

En cuanto a las obras se encontró la certificación de mayores cantidades de trabajos que los efectivamente ejecutados. También al verificar los trabajos de mejoramiento de la cabecera lado paraguayo del Puente de la Amistad, los intervinientes detectaron en esta obra rubros que fueron certificados y pagados por demás, cuya cuantificación arroja el monto de G. 156.810.725, y por último, los auditores pillaron que el MOPC pagó al consorcio adjudicado para la construcción del puente sobre el río Jejuí la suma de G. 128.106.404, pero dicho desembolso se consignó como deuda flotante.

Solo en estas falencias principales, de los 39 puntos que fueron plasmados por el órgano contralor en el documento de 128 páginas, se exponen irregularidades por valor de G. 517.273 millones, lo cual da más de 72 millones de dólares al cambio actual.

Este informe público, que lleva la firma de un contralor liberal, se suma a la auditoría de carácter confidencial ordenada por la presidencia de Fernando Lugo, donde se detectaron graves irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritan una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización.

La Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.

Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de “La caja negra”. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.