• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Luego de que las publica­ciones de Nación Media sacaran a la luz el hecho de que la Dirección Nacional de Trasporte (Dinatran) con­trató apenas 8 funcionarios mediante concursos de opo­sición, mientras que otros 50 fueron colocados en la institu­ción en los últimos cinco años maniobrando “puestos de con­fianza” y otros “contratos por vía de excepción”, un grupo de postulantes de estos procesos de selección denunció que los mismos fueron amañados para favorecer a algunos.

El documento está firmado por cinco postulantes y fue presentado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en junio de este año. En el mismo se detalla una serie de supues­tas irregularidades observadas desde el proceso de postulación hasta la fiscalización del pun­taje final de selección.

“Violando el decreto Nº 3.456, se solicitó que la postulación se realice con entrega de docu­mentos de forma física para los diferentes cargos, incluyendo el administrativo para perso­nas con discapacidad”, dice parte del documento.

Este cambio en la modalidad de entrega de documentos jugó un papel fundamental en este proceso de selección, ya que el registro de los mismos se hizo de forma manual por los fun­cionarios de la institución, según se detalla en la denuncia. Según los afectados, este cam­bio provocó que se reduzca la cantidad de postulantes regis­trados, ya que varios de los inte­resados en inscribirse conta­ban con un tiempo limitado para realizar esta gestión.

De igual forma, se generó una “pérdida de jornadas labora­les a ciudadanos que se pre­sentaban con la esperanza de un mejor trabajo. Fueron con permiso limitado y al no tener éxito, debían volver al día siguiente”, según expresa la denuncia. Esto fue un filtro para dejar fuera a muchos inte­resados en concursar.

La denuncia también refiere que en las evaluaciones se cam­biaron las preguntas. Se inclu­yeron cuestionamientos que no correspondían al material que figura como temario en el por­tal de Paraguay Concursa. Por su puesto, esto generó que tan solo quienes estuvieran ente­rados de estos “ajustes” pudie­ran contestar tales preguntas y restó puntos a los interesados menos afortunados.

Los afectados denuncian ade­más que ni siquiera fue necesa­rio que los verdaderos postu­lantes asistieran para realizar la prueba escrita, ya que en el lugar no se realizó un control de documentos de los aspiran­tes, lo que dio “apertura a que cualquier persona pueda ren­dir por otra”.

“Se observó un error en la pla­nilla de puntuaciones correc­tas que los encargados de selección utilizaban para la corrección de los exámenes”, relata parte de la denuncia.

Todos estos hechos sirvieron de sustento para que los fir­mantes de la denuncia sin­diquen a la Dinatran por un supuesto direccionamiento del concurso a favor de quie­nes fueron seleccionados, entre los cuales figuran dos ex fun­cionarios de la institución que presentaron sus renuncias en diciembre del año pasado, coin­cidentemente el mismo mes en que se publicó el llamado a con­curso de oposición.

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Los beneficiados fueron Gabriel Osmar Barreto, ex director de Transporte de Pasajeros, y Fredi Alen Pérez, ex secretario privado. Ambos con cargos de director que ingresaron a la institución con este gobierno.

La gravedad de la denun­cia habla hasta de tráfico de influencias en el proceso del concurso.

Es realmente alarmante la forma en que la Dinatran, a cargo del director Juan José Vidal, se burla de las normati­vas de la Función Pública, no solo incorporando personal sin concurso a diestra y siniestra, sino que ahora también mofán­dose de todo profesional capa­citado que pretenda ingresar a la institución con concursos amañados para favorecer a los amigos de la casa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.