El abogado Robín Miranda dio a conocer otro caso de una persona internada en un sanatorio privado, cuya deuda por la asistencia médica ascendía a 117 millones de guaraníes hasta el lunes pasado.

En una grabación de la llamada realizada por una trabajadora del área de Tesorería de un sanatorio capitalino se escucha que informa a una mujer del monto de la deuda por la internación de su esposo y que en el centro de salud tenían una garantía en cheque de 60 millones de guaraníes que había sido presentado por la misma.

“Como el estado de cuenta está un poco elevada, no sé si usted autoriza para que podamos realizar el ingreso de ese cheque”, le consultó la funcionaria. Sin embargo, la familiar del internado indicó que por la situación de emergencia le habían prestado nada más el cheque y que no quería perjudicar a esa persona que obró de buena fe al brindarle una ayuda.

En otro momento la trabajadora explicó que el sanatorio cobra 4 millones de guaraníes por día por la terapia en la habitación más básica.

Al preguntarle sobre el convenio de los privados con el Ministerio de Salud, la funcionaria indicó a la ciudadana que ese trámite debe hacerlo por su cuenta y no se hace desde la parte administrativa del sanatorio. “Aquí no manejamos lo que es el tema del ministerio, directamente el familiar gestiona ante el ministerio. Si necesita historial del paciente o constancia de la internación, si le podríamos estar facilitando”, refirió.

La angustiada mujer reconoció durante la charla que le va a ser imposible alcanzar el elevado monto, por lo que necesariamente deberá pedir ayuda al Estado.

Posteriormente, la encargada de la Tesorería invitó a la ciudadana a acercarse para hacer un pago parcial para no tocar el cheque ingresado. Ante lo cual la mujer pregunta si el sanatorio puede devolver el cheque si hace un pago parcial, pero la funcionaria responde que lo puede hacer solo si hace un pago parcial acompañado de otro depósito aparte.

Ante la desesperación de la mujer, la funcionaria del sanatorio le promete que no harán el ingreso del cheque sin su previa autorización. “No tenga ese temor de que nosotros ingresaríamos sin autorización”, le dijo.

La clienta informó luego durante la conversación telefónica que está juntando un poco de dinero con sus familiares y que está esperando que le salga un crédito del banco. También le consulta si puede firmar algún pagaré, pero la respuesta fue negativa. “La firma de pagaré no se realiza, no hacemos amortizaciones así con firma de pagaré. Es una pena, pero no. De repente, señora, ya que usted está solicitando un crédito, está la financiera Finexpar, que realiza prestamos financieros por salud. No es dependiente de nosotros, es una opción que nos dan para hospitalizaciones”, dijo la telefonista.

“Si es financiera seguro me sacará el hígado, porque las financieras generalmente tienen altísimos intereses”, comentó por último la mujer que estaba siendo requerida, quien prometió acercarse a saldar parte de la cuenta por la internación de su esposo, dando por finalizada la llamada.

EL PRIMER CASO QUE CREÓ JURISPRUDENCIA

El abogado Robín Miranda en representación de Isidro Tomás Casco Paniagua, de profesión mozo, recurrió a través de un amparo a la justicia para que el Hospital Universitario le siga brindando atención médica y corra con los gastos de la paciente Francisca Cohene de Casco, esposa de su representado.

Esto se dio luego que el hospital se negó a seguir dando atención a la mujer porque la familia ya no tenía dinero, entonces el abogado Miranda planteó el amparo.

La paciente estaba internada desde el pasado 15 de marzo y el lunes 5 falleció, pero el mismo día la jueza Duarte falló a favor del recurrente. Según el abogado Miranda en el hospital no le quisieron entregar el cuerpo de la mujer a su esposo sin antes firmarle un pagaré de G. 130 millones, pero con el amparo en mano lograron retirar el cadáver sin firmar el documento.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.