Mediante un comunicado, el Ministerio Público indicó que se tuvo conocimiento que, en el marco de una declaración testimonial, en una causa abierta, se habrían vulnerado derechos constitucionales como la libertad de expresión y de prensa, y otros derechos protegidos por la Constitución Nacional.

La diligencia mencionada hace referencia a la causa penal abierta bajo la carátula “Raúl Fernández Lippmann y otros, sobre tráfico de influencias”, investigada por las fiscales Claudia Morys y Josefina Aghemo.

Dichos agentes citaron a la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt, quien mencionó a la prensa que durante la declaración testifical que prestó en la Unidad de Delitos Económicos sobre los audios filtrados le pidieron que detalle quiénes le entregaron los materiales.

La comunicadora sostuvo que la Fiscalía y los abogados de los involucrados directos por el escándalo pensaron que tenía más audios, y además dijo a radio 1000 AM que en su momento hasta hubo riesgo de allanamiento para acceder a los audios en bruto.

Al respecto, la Fiscalía General expresó, mediante el escrito divulgado, que las actuaciones de los agentes fiscales están dotadas de autonomía en el marco de las investigaciones en el ejercicio de la representación de la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales, pero debiendo ajustar siempre sus actuaciones en el marco de los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Es así que la institución aseguró que reconoce la Libertad de expresión como un derecho de carácter institucional, que constituye un pilar importante de la democracia y la libertad de prensa es uno de los instrumentos o canales para el ejercicio de la libertad de expresión y se reconoce como un derecho humano fundamental.

En ese sentido, la Fiscalía General informó que solicitó informes detallados a las agentes fiscales intervinientes, a fin de que se remita a la unidad de Control de Gestión para su análisis y evaluación.

“La ciudadanía puede tener la seguridad que la Fiscalía General seguirá bregando por instalar los procesos que sean necesarios, a fin de reencauzar la institucionalidad y devolver al Ministerio Público la esencia de su misión principal”, afirmó.

En la causa se encuentran imputados Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del exsenador Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Rubén Silva.

El capo de la mafia, Clemencio “Gringo” González tenía ciertos roces y amenazas de sus enemigos, según datos manejados por la Dirección de la Policía de Amambay.

El año pasado asesinaron a su hijo y se tenía la hipótesis de que iba a cobrarle a la gente que lo ultimó. Además, a otros de sus adversarios.

“No dejaba de ser una persona peligrosa para sus adversarios, para nosotros, en algún momento esto iba a suceder. Ayer al mediodía, los adversarios de Gringo pudieron hallar primero ellos a él que él a ellos”, comentó el Crio. Ignacio Muñoz.

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Lo describió como una persona sigilosa, que no se olvida de nada, que guarda mucho rencor y que se encarga de sus rivales por su propia cuenta, no a través de terceros.

Además, era un hombre que andaba sin guardaespaldas ni escoltas, y se limitaba a tener un secretario al que, en ocasiones, utilizaba como chofer.

“Se guarecía en el lugar donde creyó que nadie le iba a entregar, ayer ocurrió que alguien le entregó, es evidente, imposible que le hayan encontrado ahí. Tiene que ser una persona muy allegada a él, la información fue certera”, detalló el jefe policial, en un contacto con la 730 AM.

Los antecedentes de sicariatos de narcotraficantes indican que, incluso en las residencias más seguras, aunque este no es el caso, los homicidios se producen por alguna filtración de alguien cercano.

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Un joven paraguayo fue descubierto en la aduana brasileña cuando llevaba de nuestro país dos fusiles. El hombre y las evidencias fueron trasladados la Policía Federal para las diligencias correspondientes.

Se trata de Juan José Armoa (30), quien se desplazaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota Premio, chapa WCEZ 518, cuando cruzó el puente de la Amistad desde Paraguay, ayer en horas de la tarde.

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El reporte señala que en la zona aduanera, Armoa fue abordado por funcionarios de la Receita Federal y los agentes de la Fuerza Nacional, quienes durante la inspección de rutina descubrieron que el rodado tenía un compartimiento oculto en el cual llevaba dos fusiles calibre 5.56.

En consecuencia, el conductor quedó detenido, posteriormente, fue trasladado junto con las evidencias a la sede de la Policía Federal en Foz de Iguazú, Brasil.

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En las últimas horas corrió el rumor de que los fondos del programa Che Tapýi, una cooperación de Taiwán para viviendas destinadas a comunidades indígenas, fueron utilizados para pagar la reparación de avionetas presidenciales.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó esta mañana que esos recursos no se tocaron y relató la historia desde sus inicios.

“No hubo tal cosa y mucho menos que se hayan tocado los fondos del programa destinado a la construcción de viviendas”, aseguró el secretario de Estado, en un contacto con la emisora 730 AM.

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El avión Cessna y el helicóptero Bell se encontraban depositados en una empresa de San Paulo, Brasil para su mantenimiento desde la administración anterior, la cual, se había comprometido al pago, sin embargo, no cumplió con el desembolso.

A partir de allí, hubo un urgimiento para el pago. En ese momento, según el ministro, “se pensó en esos fondos (programa Che Tapýi) provisoriamente, pero después se encontró el mecanismo financiero, se solucionó eso y no se necesitó recurrir a esos fondos”.

La salida encontrada fue la Entidad Binacional Yacyretá, a la que la Fuerza Aérea presta ciertos servicios, por lo que, sin necesidad de ningún pedido especial, finalmente fue la que saldó la cuenta dejada por el Gobierno anterior.

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