Además de la titular del bloque, la comitiva estuvo conformada por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central); la defensora del pueblo adjunta, Natalia Sosa Flores; y el enlace del Ministerio de Salud con el Congreso Nacional, Gilda Espínola.

La delegación fue recibida por el director del nosocomio, Aldo Castiglioni, quien estuvo acompañado de funcionarios administrativos y personal de blanco.

La diputada Torres informó que resolvieron instalar una mesa de diálogo, donde la base de todo será el objetivo común de mejorar la situación del lugar.

“Ellos mencionaron que están en una etapa de transición ante la implementación de la Ley de Salud Mental, surgida en noviembre del año pasado. Se tiene conocimiento de que se estará implementando a partir de 2024, por lo que esperamos que esto mejore”, expresó.

En las primeras conversaciones, dentro del marco de la referida mesa de diálogo, se mencionó que como es muy reciente la reglamentación, y la Dirección Nacional de Salud Mental se crea a partir de esa ley, recién se están elaborando los protocolos respectivos.

Los encargados del lugar indicaron que actualmente son 131 los pacientes internados y que la mayor precariedad se registra en la falta de infraestructura. Manifestaron que se necesitan importantes reformas para que los pacientes tengan el confort necesario.

“Desde la Cámara Baja; en particular, desde nuestra comisión asesora, ayudaremos en todo lo necesario para que esta institución pueda mejorar todas sus falencias”, refirió la titular del bloque asesor de la Cámara Baja.

La diputada Estigarribia, por su parte, enfatizó lo concerniente al ámbito presupuestario. “Mi recomendación para los funcionarios es que aprovechen el boom de la prensa y la repercusión de todas estas denuncias en la ciudadanía. Nosotros ayudaremos con todas las gestiones, en el lobby correspondiente; porque no solamente preocupa la situación de los pacientes, sino también la salud mental de los funcionarios que trabajan con un continuo estrés”, aseveró.

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Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.