Además de la titular del bloque, la comitiva estuvo conformada por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central); la defensora del pueblo adjunta, Natalia Sosa Flores; y el enlace del Ministerio de Salud con el Congreso Nacional, Gilda Espínola.

La delegación fue recibida por el director del nosocomio, Aldo Castiglioni, quien estuvo acompañado de funcionarios administrativos y personal de blanco.

La diputada Torres informó que resolvieron instalar una mesa de diálogo, donde la base de todo será el objetivo común de mejorar la situación del lugar.

“Ellos mencionaron que están en una etapa de transición ante la implementación de la Ley de Salud Mental, surgida en noviembre del año pasado. Se tiene conocimiento de que se estará implementando a partir de 2024, por lo que esperamos que esto mejore”, expresó.

En las primeras conversaciones, dentro del marco de la referida mesa de diálogo, se mencionó que como es muy reciente la reglamentación, y la Dirección Nacional de Salud Mental se crea a partir de esa ley, recién se están elaborando los protocolos respectivos.

Los encargados del lugar indicaron que actualmente son 131 los pacientes internados y que la mayor precariedad se registra en la falta de infraestructura. Manifestaron que se necesitan importantes reformas para que los pacientes tengan el confort necesario.

“Desde la Cámara Baja; en particular, desde nuestra comisión asesora, ayudaremos en todo lo necesario para que esta institución pueda mejorar todas sus falencias”, refirió la titular del bloque asesor de la Cámara Baja.

La diputada Estigarribia, por su parte, enfatizó lo concerniente al ámbito presupuestario. “Mi recomendación para los funcionarios es que aprovechen el boom de la prensa y la repercusión de todas estas denuncias en la ciudadanía. Nosotros ayudaremos con todas las gestiones, en el lobby correspondiente; porque no solamente preocupa la situación de los pacientes, sino también la salud mental de los funcionarios que trabajan con un continuo estrés”, aseveró.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.