La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) se reafirma este martes en su posición de que no se puede seguir sin establecer un estándar alto en el proyecto de ley sobre los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas. A su parecer, las Entidades de Medios de Pago Electrónicos (Empes) y todos los operadores de telefonías deberían tener un plazo para adecuarse a la reglamentación, que corresponde a los reguladores.

La Asoban afirmó a través de un comunicado que desde el 2013, año en que se habilitaron las Empes, no se ha regulado este aspecto. “Las distintas plataformas no se pueden conectar si no es en base a estándares altos. No poner en la ley esta exigencia, significaría que los usuarios no van a poder ampliar sus opciones de usar sus medios de pago en todas las plataformas”, reza el escrito.

La asociación de bancos resaltó que es de suma urgencia no seguir poniendo en riesgo los datos, la información, los fondos de los usuarios, y recordó que Gafi y los organismos internacionales han emitido sendas publicaciones reforzando lo que sostiene la institución respecto a mayores medidas de control.

El Congreso Nacional sancionó en 2016 una ley exigiendo a las empresas telefónicas mecanismos altos de identificación para otorgar líneas o chips. Esa ley fue vetada porque fue técnicamente mal planteada. En tanto que existe un proyecto de ley de modificación del art 55 de la Ley de Defensa al Consumidor que ya fue aprobada en Diputados, fue modificada en el Senado, y volvió en marzo a Diputados. La misma está pendiente de tratamiento.

El diputado Walter Harms presentó el 25 de mayo otro proyecto de ley planteando lo mismo, niveles altos de protección, para otorgar líneas de celulares. Según Asoban, la Ley de Servicios de Confianza es la mejor herramienta para lograr ese objetivo, pero no se puede abdicar de dar más seguridad a las personas. “Los parlamentarios que votaron a favor del proyecto de modificación del art 55, serían incongruentes e incoherentes si no votan en ratificar la versión de Diputados”, insistió el grupo.

EL PUNTO CONFLICTIVO DE LA LEY

El proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, que ya cuenta con media sanción, pretende elevar los estándares de seguridad para todas las operaciones financieras. Para las telefónicas, la intención es buena, pero hay un punto de discrepancia.

Aldo Natalizio, quien representa a Tigo, Claro y Personal por el sistema Empes, indicó que la única controversia pasa por el artículo 103, que exige un nivel de seguridad alto incluso para las operaciones electrónicas de este tipo.

“No sé cuándo vamos a tener las condiciones para que un sistema X que hoy no existe, pueda alcanzar a la persona que hoy recibe un giro de 200.000 guaraníes, con la misma rigurosidad que una persona que recibe una transacción en dólares por la compra de un inmueble”, comentó Natalizio a la 730 AM.

Aclaró que no está en contra de esta normativa, pero que aplicar ese mismo nivel de exigencia para operaciones importantes y menores, representará una clara dificultad.

EL ARTÍCULO 103

Lo que dice la propuesta de Diputados: “En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación o créditos, gestión de patrimonio y/o de valores gestionada por vía electrónica, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto”.

En tanto que los senadores establecieron que para las operaciones citadas se deberá utilizar los medios de identificación electrónica “expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad reguladora competente”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.