BCP en la era Abdo: manoseo, copamiento, complicidad con lavadores y blanqueo

En un bochornoso manejo del Banco Central del Paraguay (BCP), el Gobierno de Mario Abdo Benítez destruyó la autonomía de la institución, con el manoseo político, copamiento de "leales", complicidad con los lavadores de dinero y operativos de blanqueamiento. 


Fuente: La Caja Negra (Unicanal)

El artículo 285 de la Constitución Nacional establece el carácter técnico y autónomo del Banco Central del Paraguay. El “blindaje” de esta institución a los vaivenes de la política ha sido, hasta ahora, una conquista de los últimos gobiernos a excepción del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En el último quinquenio primó el criterio político en el manejo del BCP. El copamiento del directorio por parte de funcionarios leales al presidente, la actuación al margen de la ley por parte de la Superintendencia de Bancos y la operación “blanqueo” protagonizada por el presidente de la banca matriz en complicidad con miembros del directorio confirman que la institución dejó de ser un organismo técnico e independiente para ser sometido a los antojos del poder de turno.

Ignorando todas las críticas y advertencias acerca del conflicto de intereses, el presidente Mario Abdo Benítez propuso la designación de dos ex funcionarios de Hacienda y del Ejecutivo como miembros del directorio del Banco Central. Se trata de los economistas Humberto Colmán y Carmen Marín, ambos considerados leales al presidente Abdo.

La designación de estos funcionarios desató críticas desde sectores políticos e incluso de los propios funcionarios de la banca matriz quienes advertían del copamiento del Directorio del BCP por parte de funcionarios leales al presidente de la república. El directorio del BCP debió mantener una representación plural e idónea para garantizar su desempeño como un organismo técnico responsable de la condición de la política monetaria.

Otro de los episodios bochornosos observados durante este gobierno y que afectó severamente la imagen del Banco Central fue el papel que jugó la Superintendencia de Bancos a cargo de Hernan Colmán. Este funcionario se negó a proveer información relevante al Ministerio Publico en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que afectaba la banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

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Tras la injustificada negativa de Colman, el juez penal de garantías Humberto Otazú autorizó allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos advirtiendo que la negativa ponía en riesgo el proceso de evaluación de Paraguay en Gafilat y que el funcionario responsable, Hernan Colmán, se exponía a un proceso penal por el hecho punible de obstrucción de la investigación penal.

Finalmente, y como corolario del proceso de destrucción institucional al que fue sometido el Banco Central, el presidente de la entidad José Cantero en complicidad con los miembros del directorio y del Superintendente de Bancos sancionaron a un entidad financiera por faltas cometidas. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada.

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Según informes de la Superintendencia de Bancos, desde 2016 se detectaron hechos irregulares en la entidad financiera sancionada, época en la que Cantero se desempeñaba como gerente general.

El 8 de junio del 2023, Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político ya que se sanciona a personas de intachable trayectoria, pero llamativamente se excluye al exgerente de la entidad sancionada, que hoy funge de juez y parte.

La política de manoseo, copamiento y actuaciones arbitrarias por fuera de ley en el Banco Central durante la presidencia de Mario Abdo representan un serio riesgo a la institucionalidad que llevó años construir y sostener. Un “legado” más del presiente Abdo que puede costarnos muy caro.

Policía “tiktoker” explica dónde va a parar el dinero de sus videos

El oficial José Jiménez, conocido en redes sociales por dejar constancia de sus procedimientos a través de grabaciones, explicó que los mismos son monetizados y lo recaudado es destinado a la refacción de su comisaría. En las últimas horas, se vio envuelto en un cruce de denuncias con una fiscala.

La fiscal Fátima Girala cuestionó al oficial José Jiménez por difundir a través de sus redes sociales las grabaciones de sus procedimientos. Además, criticó que estos materiales sean monetizados.

Al respecto, el oficial Jiménez manifestó que con esta disputa, los “únicos que salen beneficiados son los actúan fuera del marco de la ley”.

“Yo no hice una denuncia en contra de ella. Ella fue la que envió una nota a la Comandancia objetando el trabajo que hacemos, todo por haber publicado un audio en el que ella libera a un adolescente aprehendido. Si hizo bien su trabajo, no sé porqué se enoja, algo hay por eso se enoja”, señaló el uniformado en conversación con Monumental.

“Si ella cree que se está violando los derechos, yo tengo más de 150 videos, entonces ya tenía que abrirme 150 causas”, agregó.

Sobre el dinero recaudado a través de las monetización de las grabaciones en Youtube, señaló que esos fondos son destinados a la adquisición de equipos y refacciones de la Comisaría 24 de Asunción.

“No es que yo esté lucrando con eso. No estoy dejando de lado mi profesión, además considero que el dinero que se está monetizando corresponde a la Policía Nacional y por eso estoy dando para las refacciones de la unidad”, subrayó.

El oficial comentó que hasta ahora, el mayor monto recaudado fue de 1.000 dólares. “Quiero que la Comandancia me pida un informe de lo recaudado y con gusto lo haré. Pintamos la Comisaría, mandamos arreglar los aire acondicionados y ahora queremos equipar nuestra unidad”, enfatizó.

Senado prevé tratar el proyecto de criadazgo en sesión extra

La Cámara de Senadores resolvió postergar nuevamente el tratamiento del proyecto de Ley “Que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”. La propuesta será tratada como único punto del orden del día en una sesión extraordinaria convocada para el martes 20 de mayo, a las 09:00 horas.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Continúa monitoreo de calidad de combustibles en estaciones de servicio

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) prosigue las fiscalizaciones en estaciones de servicio, a fin de constatar a través de medios técnicos la calidad de los combustibles ofertados al público.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

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La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

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El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.