El Contralor General de la República, Camilo Benítez, envió el martes 4 de julio una nota al presidente del Banco Central, José Cantero, para solicitar informes sobre la sanción realizada al banco Interfisa el pasado 8 de junio.

La autoridad contralora exige que se le proporcione los antecedentes que originó el Sumario Administrativo, la resolución mediante la cual se designó a los jueces sumariantes, la fecha en que la institución tomó conocimiento del hecho y fecha en que se inició el Sumario Administrativo.

También solicita la nómina de los jueces sumariantes, con los siguientes datos: Nombre y Apellido, Cargo y Antigüedad como funcionario de la Institución y como Juez Sumariante. Además requiere el periodo que abarcó el Sumario Administrativo y la nómina de Directivos responsables directos de la entidad Interfisa SAECA durante el periodo de tiempo que abarcó el Sumario, la nómina de titulares de la Superintendencia de Bancos y otros Directivos que participaron de manera directa durante el periodo que duró el proceso.

Asimismo, el Contralor pide que explique cuál fue el criterio utilizado por el Banco Central del Paraguay, para la selección del abogado sumariante.

Otro punto requerido es detallar la unidad encargada de evaluar la gestión de los abogados designados para instruir los Sumarios Administrativos, que tiene a su cargo el Banco Central del Paraguay, el procedimiento operativo para la ejecución del Sumario a entidades bajo el control del Banco Central del Paraguay, las causales que motivaron el sumario a la entidad Interfisa, si fue de oficio por parte de la Superintendencia de Bancos o por hallazgos en la misma entidad sumariada.

El contralor pide copia del Expediente 422/21, con sus antecedentes, copia del informe de las Conclusiones del Sumario Administrativo instruido a Interfisa, copia de la Resolución N° 9, y del Acta 58 del 13 de octubre de 2022.

El BCP también debe informar el periodo de tiempo en el que el Señor Fernando Filártiga (director del BCP) se desempeñó como Asesor Jurídico en la entidad sumariada y la fecha en que asumió como miembro del BCP.

También si las multas aplicadas a la fecha ya fueron efectivizadas. Adjuntar evidencias. Copia de la resolución N.7 y proveer cualquier otra información que permita aclarar la situación señalada.

Leé más: Escándalo en BCP: síndica de Contraloría pide informes a José Cantero

El 8 de junio del 2023, el presidente de la entidad José Cantero, en complicidad con los miembros del directorio y del Superintendente de Bancos, sancionó a un entidad financiera por faltas cometidas en el manejo de sus finanzas, las cuales habrían sido maquilladas al registrar pérdidas.

Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte en el pasado, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada.

Según los propios documentos de la denuncia y del sumario, la irregularidad en la entidad financiera comenzó en el año 2016, cuando Cantero era el gerente de la misma, pero el BCP solamente sancionó a los siguientes gerentes que lo reemplazaron en los sucesivos años.

Nota relacionada: BCP en la era Abdo: manoseo, copamiento, complicidad con lavadores y blanqueo

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.