En una nota presentada hace un mes, el pasado 28 de agosto, un grupo de socios requirió informes al actual presidente de la cooperativa, Guillermo Cantero, referente a la situación financiera dejada por la administración anterior y las medidas adoptadas en ese sentido, las cuales estarían repercutiendo negativamente contra los propios asociados.

En ese sentido, en el escrito remitido se deja constancia de que a las pérdidas acumuladas del ejercicio 2022 sumado a los cargos diferidos al inicio del año 2022, suman montos impresionantes si se relaciona con el aporte/capital de los socios. Del total de las pérdidas reconocidas solo en el ejercicio 2022, se dispuso que Gs. 78.670 millones sean trasladadas a ejercicios siguientes para que amorticen en proporción durante los próximos 10 años siguientes. 

También para que las pérdidas del ejercicio 2022 de Gs. 54.205 millones tengan un impacto menor en los socios, la asamblea decidió que utilice la reserva legal de Gs. 22.760 millones, resultando la pérdida neta por ese año de Gs. 31.445 millones.

Ante esta situación financiera crítica, el consejo de la cooperativa adoptó decisiones importantes para intentar solventar la crisis. Una de ellas fue aplicar una medida contra los socios que pretendan retirarse y sacar sus ahorros. 

Esta situación consta en la nota enviada al presidente de la institución, en la cual se manifiesta que “preocupan los numerosos comentarios de socios en las propias redes sociales oficiales de la Cooperativa cuando en cada posteo generan una alta ansiedad, sobre todo porque quienes renuncian, son castigados con el retorno de aproximadamente 20% de sus respectivos aportes y el 80% son asumidos por los renunciantes. Inclusive esas inquietudes nunca son respondidas con el nivel de autoridad que corresponde en las páginas oficiales”.

De acuerdo a un vistazo a las redes de San Cristóbal puede observarse el descontento generalizado entre los socios debido a una quita del 80% de sus ahorros en caso de presentar su renuncia a la cooperativa. Así, los renunciantes pueden retirar solo el 20% de su capital aportado. Es decir, de cada millón guardado, solo pueden recibir el monto de 200 mil guaraníes.

Quien sí salió a hablar, al menos a través de comentarios en las redes sociales, fue Carlos Lugo, integrante del Consejo de Administración de la entidad. En respuesta a una de las tantas inquietudes de los socios, el mismo alegó que el aporte que solidariamente ingresaron a la cooperativa, no constituye una caja de ahorro, sino más bien es el capital social de la  entidad y resaltó que se procedió a enjugar la pérdida. Escribió además: “Por nuestra parte, que estamos al frente del Consejo de Administración desde el mes de mayo/2023, no podemos retrotraer actuaciones administrativas, o lo que se hizo o dejó de hacer en los Consejos anteriores, así también debemos cumplir lo que la Asamblea decidió. Los malos procedimientos que constituyeron delitos, eso se encuentra en el campo judicial que es el que debe determinar y juzgar las acciones deshonestas y desleales”.

Los ahorristas solicitan a los directivos que den a conocer información oficial, de modo a dar tranquilidad a los desesperados socios, en vista a que los comentarios que se están generando en las redes y el resultado negativo del patrimonio de la cooperativa, constituyen una verdadera bomba de tiempo.

También requieren informes sobre los préstamos que está asumiendo la entidad, cuya finalidad debería ser la colocación de nuevos créditos, pero que, según información manejada, se estaría destinando a otros fines.

Otro punto reclamado es conocer el estado de las demandas civiles contra los socios morosos, que obtuvieron préstamos a tasas irrisorias muy por debajo de los convencional y sin ninguna garantía que permita asegurar el retorno del dinero dado en préstamo.

El proceso de intervención en la cooperativa, que concluyó después de casi un año, encontró diversos hallazgos preocupantes, siendo uno de los más graves el alto nivel de morosidad en los créditos otorgados por la cooperativa. Además, reveló que se otorgaron préstamos sin garantía viable, a pesar de las advertencias previas por parte de la administración durante el proceso de revisión de antecedentes.

Finalmente los socios exigen avances en la demanda penal hecha ante el Ministerio Público. Sin embargo, todas estas solicitudes todavía no fueron respondidas a la fecha.

La Cooperativa de San Cristóbal se encuentra en un momento crítico en el que es necesario tomar decisiones estratégicas para su recuperación financiera y restablecer la confianza de sus socios, caso contrario la bomba terminará estallando.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.