Personal de la empresa que administra el complejo habitacio­nal de la Cooperativa de Lambaré apuntó a Mirian Irún de Alegre, esposa del candidato liberal por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, como gestora de la estadía de unos 20 bra­sileños, expertos en infor­mática de los que Migracio­nes no tiene registros, según nos mencionaron desde esta institución.

A 20 días de las elecciones generales, proceso que le tiene en desventaja al candi­dato liberal, según las dife­rentes encuestas y semanas después de que él mismo manifestara que tendrá su propio “conteo rápido”, con lo que desacredita al Tri­bunal Superior de Justi­cia Electoral, se confirma que su esposa está detrás de la logística del arribo de expertos informáticos de cuyos ingresos no se sabe oficialmente, lo que torna más que grave la movida del grupo de la Concertación.

La denuncia de ingreso ilegal de la veintena de brasileños había surgido en redes sociales con el tuit de Hugo Portillo del domingo pasado. Nues­tro equipo de investiga­ción confirmó la infor­mación después de un par de conversaciones con encargados del grupo habitacional como la administradora de nombre María del Mar y cuyo apellido nos reservamos.

upo Habitacional donde esposa de Efraín Alegre supuestamente llevó a brasileños y de cuyos ingresos migratorios no hay información oficial. Foto: Gentileza

La administradora ratificó que la veintena de brasileños alojados en el edificio todavía continúan allí. “Son diferen­tes departamentos que están alquilando”, aclaró.

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“Tengo entendido que es por temas políticos que vinieron”, relató la encargada de admi­nistración.

La funcionaria explicó que ellos no tuvieron inter­vención en los contratos de alquiler, ya que fueron directamente convenidos por la señora Mirian Irún de Alegre y los dueños de los departamentos.

“El contrato no fue con noso­tros, fue directo con ellos. Tengo entendido que fue la señora Mirian Irún”, indicó la funcionaria.

Al reiterarle la consulta de si entonces fue la señora Mirian Irún la que hizo la gestión, la administradora señaló: “Sí, yo tengo entendido que ellos son los que mandaron traer a esta gente”.

Mientras tanto, en Migraciones no comunican intervención y ante la serie de consultas se cierran en la versión inicial de que no existen denuncias ofi­cializadas al respecto.

La administración de la directora Ángeles Arriola remitió esta tarde vía WhatsApp: “Hasta el momento la institución no ha recibido ninguna denuncia formal al respecto. Cabe señalar que la Dirección Nacional de Migraciones no puede actuar de oficio ante una denuncia de personas innominadas si no existe una solicitud oficial de las autoridades judiciales para la verificación corres­pondiente. En caso de contar con más datos de las personas extranjeras señaladas, se puede realizar la verificación en los sistemas informáticos y a partir de allí hacer el seguimiento pertinente”.

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Interpol interviene en caso de brasileños

La llamativa presencia de un grupo de alrededor de veinte ciudadanos de origen presuntamente brasileño, según confirmaron testigos, todos ellos alojados en un complejo habitacional de la ciudad de Lambaré, encendió alarmas a la Interpol, cuyos agentes llegaron hasta el lugar donde se encontrarían residiendo estas personas, mientras la ciudada­nía se preguntaba y especulaba sobre este hecho, que incluso podría estar vinculado a las elecciones generales del próximo 30 de abril.

La denuncia que comenzó en las redes sociales y que luego fuera confirmada por la Unidad de Investigación de Nación Media, movilizó a una parte de las autoridades de seguridad del país mientras se generaba temor e incertidumbre entre los residentes del complejo habitacional, más aún teniendo en cuenta que las autoridades migratorias evadían las inquietudes, justificando su actuar a causa de procedimientos judiciales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.