Víctor Sánchez, viceministro de Transporte, en entrevista con Radio Uno fue consultado sobre una denuncia realizada por un oyente contra la empresa de transporte Cerro Kôi S.A. que explota el servicio para la Línea 110.

En este caso puntual, la persona denunciante manifiesta que el chofer cobraba como si se tratara del servicio diferencial (G. 3.400) siendo que en realidad es solo el servicio convencional y, por ende, tendría que cobrar G. 2.300.

Al respecto, dijo que en este tipo de situaciones lo ideal es filmar todo con el celular y tratar de que se pueda identificar el número de coche y la empresa en cuestión, a fin de poder iniciar un sumario administrativo y que se pueda aplicar la sanción correspondiente por cobro indebido.

Sánchez también explicó que el cobro diferencial no viene por el uso o no del aire acondicionado en el bus, sino por la estructura de costos establecida. Asimismo, dijo que el aire acondicionado siempre tiene que estar en funcionamiento, pese a que las ventanillas permanezcan abiertas.

La multa por el cobro indebido, considerado como falta grave, es de G. 4 millones, precisó.

Finalmente, enfatizó que las empresas de transporte deben respetar el decreto donde se establece el precio del pasaje en el transporte público, tanto para el servicio convencional como el diferencial. Si se llegara a hacer un ajuste indebido, se aplicará una multa y los buses serán llevados al corralón.

La agente fiscal Karen Chaparro, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, imputó a 11 integrantes de una comunidad indígena Maká por los hechos punibles de lesión grave, perturbación de la paz pública, resistencia, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Los imputados fueron identificados como Qenety Adrián Torres Chembey, Towonon Derlis Montero, Herminio Kursu’ulill Torres Núñez, Ricardo Wojko Enitez So’inas, Gustavo Ceeluk Torres Bogado, Kineyei Claudio Mendoza Chamorro, Saul Wente’et Mendoza Martínez, Masi’i Fabricio Martínez Chamorro, Wesei Lázaro Martínez, Eyimoyi Efigenio Martínez Gaona y José Bogado.

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Los nativos fueron detenidos luego de protagonizar incidentes durante un procedimiento fiscal y policial desarrollado en la tarde de ayer en el barrio Corumba Cué de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo al reporte, estas personas primero habrían obstaculizado el paso de los vehículos de la comitiva cuando los intervinientes se disponían a salir, por lo que se solicitó apoyo policial. Una vez allí, los uniformados fueron recibidos a pedradas por los indígenas.

A consecuencia de ello, las patrulleras sufrieron abolladuras y quedaron con los faros rotos, además de dejar con heridas a un agente del Grupo Lince y un transeúnte.

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La intervención de las autoridades se produjo a raíz de las sucesivas denuncias de pobladores respecto a nativos que ocupan plazas, baldíos y calles, se drogan y violentan a vecinos.

Cabe resaltar que los detenidos -quienes se encuentran a disposición del juzgado- fueron sometidos a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo para todos.

En la madrugada de este domingo se registró un hecho de hurto en la capilla Niño Jesús, ubicada en el Km 26 lado Acaray de la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 52 por el coordinador de la capilla, Fabian Espínola Salinas (35), quien tomó conocimiento de lo ocurrido al abrir el templo esta mañana.

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Según su reporte de Radio Concierto, los delincuentes ingresaron a la iglesia a través la ventana lateral luego de haberla violentado. A partir de ese momento, buscaron todo objeto de valor que pudiera resultarles llamativo.

Fue así como se apropiaron de un libro litúrgico, una biblia, el custodio y hasta las hostias consagradas que se encontraban resguardadas en el sagrario de la capilla.

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Este acto, además de ser considerado como un acto de sacrilegio para los católicos, genera mucha preocupación en la comunidad local, pues demuestra cómo la inseguridad sigue permeando cada vez más y cómo los malvivientes no tienen respeto siquiera por las iglesias.

Cabe recordar que en la semana también se había reportado un hecho similar en la capilla Santa Catalina de Siena de San Lorenzo. Allí los ladrones se llevaron varios objetos de valor, incluyendo una cruz de 100 años de antigüedad y un cáliz traído de Italia.

La Cámara de Senadores había sancionado un proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, el cual tenía como objetivo elevar las penas carcelarias en los casos “especialmente graves” referentes a corrupción pública.

Los senadores se ratificaron en dejar a 8 a 10 años la sanción para los casos especialmente graves de estafa y lesión de confianza, reduciendo la propuesta planteada en Diputados que había elevado a 15 años la pena privativa de libertad por corrupción pública.

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Desde la Coalición por la Legalidad -que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil- creen que, con esta medida, se beneficiaría a los corruptos condenados y a los difíciles procesos en curso, además de beneficiar a todos lo que serán procesados en el futuro.

El pedido puntual es que el presidente de la República pueda vetar la “Ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08”, sancionada por el Senado, puesto que sería una ley “más favorable a los corruptos”.

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Los Asesores Jurídicos de la Presidencia, Renato Angulo y José Figueredo, días atrás recibieron la solicitud de la Coalición por la Legalidad, representados por Francisco Alcaraz y Lissy Sánchez.