El documento fue presentado por el diputado Jorge Barressi (ANR), quien alegó que la iniciativa responde a la necesidad de que la educación ambiental sea parte activa de los educandos, de manera a desarrollar una conciencia efectiva y activa sobre un tema de gran importancia como el cambio climático.

El proyecto busca promover respuestas adecuadas, por parte del MEC, a través de las instituciones educativas, para comprender las acciones de mitigación y adaptación, a una realidad que afecta a todo el mundo, con fenómenos climáticos que cada año van empeorando y que influye en la calidad de vida de los seres humanos.

“Los niños y jóvenes constituyen una población muy vulnerable por lo que es indispensable contribuir a lograr su educación para el cambio climático, de manera a que sufran menos las consecuencias de este al lograr adaptarse a los efectos”, señala el legislador en su exposición de motivos.

El documento presentado menciona que en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo N° 4 propone “Garantizar una educación inclusiva y de calidad y proponer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Cabe mencionar que los principales efectos del cambio climático son las olas de calor, inundaciones, sequías prolongadas, afectación en las especies de plantas y animales, pérdidas económicas en distintos sectores, calidad y disponibilidad de recursos hídricos, emigración y otros.

Si bien nuestro país no incide mucho en el cambio climático, por su baja emisión de CO2; componente principal de los gases de efecto invernadero, su condición lo hace uno de los países más vulnerables al mismo, por lo que es más que importante que la discusión sobre adaptación baje a las escuelas y colegios, de manera a tener nuevas generaciones con conciencia ambiental.

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.