• Por Santiago Rodríguez
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Luego de la suspensión del llamado a licita­ción para la “Adqui­sición de bienes y servicios para la aplicación de tecno­logías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de trasporte público de Asunción y del Área Metropolitana” por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Viceministerio de Trasporte presiona para darle continuidad al proceso, acudiendo a la mediatización de un estudio de prefactibi­lidad que data de hace cinco años atrás.

El “Estudio de prefactibili­dad para el Centro de Con­trol de Tráfico Integral del Paraguay” forma parte de un plan maestro para el mejo­ramiento integral del sis­tema de trasporte público, que abarca desde la correcta señalización de las calles hasta un uso coordinado de los semáforos para el descon­gestionamiento del tránsito en Asunción y todo el depar­tamento Central, mientras que en el actual llamado se reduce a la construcción de 130 paradas de buses para ser minadas de tecnología en su mayoría ya compradas, lo que implica un despilfarro.

El llamado de las “paradas de oro” es por US$ 12 millo­nes y es muy cuestionado por coincidir con la cam­paña electoral.

A través de su portal, el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) promociona un supuesto “ahorro” al que incurren con la megalicita­ción de las “paradas de oro”; sin embargo, contemplan elementos como cámaras, equipos de GPS, un centro de control y monitoreo, una aplicación de geoposiciona­miento de las distintas uni­dades de trasporte público, mismos que eran necesa­rios hace cinco años atrás por su ausencia en el sis­tema de trasporte, pero que hoy día sí ya están presentes; sin embargo, son incluidos nuevamente en el llamado a licitación en cuestión.

Por otra parte, el Vicemi­nisterio de Transporte hace presión para la aprobación ciudadana de dicho llamado mediante el uso de sus redes sociales. “La seguridad en el trasporte público es una de nuestras prioridades. Es por eso que, además de reforzar la seguridad en las paradas en conjunto con la Policía Nacional, estamos trabajando en la implemen­tación de tecnología en los refugios y buses”, menciona una publicación realizada en la cuenta de Facebook de la institución.

Hay que recordar que justa­mente esta inclusión de ele­mentos reiterados es uno de los puntos cuestionados den­tro de las numerosas denun­cias presentadas en contra de este llamado a licitación tanto en la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP), en la Contraloría General de la República (CGR) como en la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción (Senac), donde está siendo investigado por un supuesto direccionamiento hacia la empresa TSV del Paraguay. El llamado tam­bién es objetado por los esca­sos 30 días de tiempo que se prevén para el desarrollo del software de posicionamiento de buses, dejando ver la forma apresurada con la que se pre­tende asegurar el desembolso del 20% del anticipo antes de las elecciones previstas para diciembre.

Debido a estas acusaciones, la CGR resolvió exigir a la convocante los documen­tos de justificación donde se explique la necesidad de gas­tar esta fortuna en la construcción de 130 paradas de buses; la disponibilidad pre­supuestaria, siendo que hasta la fecha no se conoce de dónde saldrán los fondos para esta licitación; los métodos para la estimación de costos por los cuales presupuestaron, por ejemplo, un escritorio de madera con dos cajones en G. 17 millones, entre otros.

Cabe mencionar que, jus­tamente este escritorio fue el detonante que sirvió para que la DNCP resuelva suspender mediante reso­lución este llamado a lici­tación, al menos mientras duren las investigaciones, debido al hallazgo de “indi­cios de irregularidades” en el mismo.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció que los costos de peaje aumentarán entre G. 2.000 y G. 8.000, aproximadamente, para automóviles.

En medio de una fuerte cri­sis económica en la que todo sube y la pesada herencia de la pandemia, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció el aumento gradual en la tarifa de entre G. 2.000 y G. 8.000 para los peajes en sus 14 puestos de cobranza.

Al respecto, no se hicieron esperar las protestas, por ejemplo en Minga Guazú donde el puesto de peaje divide la ciudad en dos, por lo que los lugareños deben abonar la tarifa cada vez que tengan que movilizarse al otro lado de su ciudad, motivo que los llevó a realizar una serie de mani­festaciones, buscando la exo­neración de este pago.

Este aumento se da con la excusa de ayudar a saldar la deuda de US$ 400 millones con las constructoras; sin embargo, esta misma cartera de Estado, mientras habla de escasez a la hora de saldar sus compromisos, también se encuentra buscando des­embolsar fortunas en otras licitaciones como son los US$ 12 millones que se pre­vén para la construcción de 130 paradas de buses y los G. 7.350 millones que se prevén para un nuevo software de interconexión entre casetas de peajes.

Ante productores y dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el mandatario sostuvo que el campo ha sido clave en el desarrollo del país. “El alma del Paraguay nació en el campo, se sostuvo en los años más difíciles de su historia en el campo y hoy vive su mejor momento en el campo”, expresó.

Peña destacó que la economía creció 6,6% en 2025, que el desempleo se redujo al 3,61% y que cerca de 500.000 paraguayos salieron de la pobreza entre 2022 y 2025. Además, señaló que el sector primario registró un crecimiento promedio del 10% en los últimos tres años.

El jefe de Estado también resaltó la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, defendió el programa Hambre Cero como una oportunidad para los productores nacionales y pidió construir mediante el diálogo la decisión sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa.

No obstante, reconoció que aún quedan desafíos pendientes para el sector, entre ellos mejorar los caminos rurales, ampliar la electrificación, facilitar el acceso al crédito y reforzar la seguridad en el campo. “No estoy satisfecho, ni por asomo. Tengo todavía mucho por hacer”, enfatizó.

El jefe policial explicó, durante una entrevista en Universo 970/Nación Media, que la investigación se originó debido a una publicación digital que comparaba la fotografía de Loan, desaparecido desde 2024, con el niño que se encontraba en el campo ferial.

Ante esta situación, el personal interviniente se trasladó hasta el lugar para realizar las verificaciones, lo que motivó que la madre del menor se presentara disgustada ante las autoridades para exhibir el certificado de nacimiento y los papeles legales que descartan de forma definitiva que se trate del menor buscado.

Respecto a los peritajes técnicos, Vera detalló que habían solicitado apoyo al Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado para un análisis de correspondencia facial mediante herramientas de evaluación morfológica. Aunque este estudio arrojó un 88% de coincidencia física, el uniformado aclaró que el resultado nunca tuvo un carácter positivo concluyente.

La autoridad de la Policía Nacional remarcó que la alerta amarilla de Interpol seguirá activa hasta lograr la localización del niño argentino, por lo que los procedimientos y la búsqueda internacional continuarán desarrollándose.

Carlos Pereira, asesor de la Presidencia del IPS, explicó detalladamente la crisis por la que atraviesa la previsional. Actualmente, la mitad de los fondos disponibles para la compra de insumos se destina exclusivamente al pago de deudas heredadas, lo que deja a la Gerencia de Abastecimiento y Logística con apenas un 50% de capacidad operativa para adquirir nuevos insumos.

La reestructuración financiera busca precisamente diluir el peso de esas cuotas mediante una extensión de los plazos de pago, según informó en comunicación con la radio 1080 AM.

Además del auxilio financiero, la estrategia incluye un componente de control interno para frenar las compras descontroladas que se realizaban en administraciones anteriores. Bajo una nueva exigencia de prudencia, el IPS implementará de manera obligatoria el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, un mecanismo que busca blindar y fiscalizar las contrataciones plurianuales que antes se emitían casi sin supervisión.

Pereira enfatizó que el ordenamiento financiero carece de sentido si no se frena el gasto desmedido. Por este motivo, la previsional solicitó proyecciones de gasto detalladas para lo que resta del año 2026 y previsiones hacia el 2027, las cuales deberán basarse en criterios de criticidad médica.

De acuerdo a sus declaraciones, como cambio estructural clave, la toma de decisiones dejará de estar centralizada en oficinas administrativas. A partir de ahora, se involucrará directamente a los directores de los diferentes hospitales del IPS, quienes poseen las estadísticas reales de la demanda diaria y el conocimiento preciso de las necesidades de los asegurados.

El plan apunta a determinar primero con qué recursos reales cuenta la institución para luego dosificar las compras en periodos de 6 a 12 meses, garantizando la sostenibilidad del sistema y la atención a los pacientes.