• Por Santiago Rodríguez
• santiago.rodriguez@nacionmedia.com

Luego de la suspensión del llamado a licita­ción para la “Adqui­sición de bienes y servicios para la aplicación de tecno­logías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de trasporte público de Asunción y del Área Metropolitana” por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Viceministerio de Trasporte presiona para darle continuidad al proceso, acudiendo a la mediatización de un estudio de prefactibi­lidad que data de hace cinco años atrás.

El “Estudio de prefactibili­dad para el Centro de Con­trol de Tráfico Integral del Paraguay” forma parte de un plan maestro para el mejo­ramiento integral del sis­tema de trasporte público, que abarca desde la correcta señalización de las calles hasta un uso coordinado de los semáforos para el descon­gestionamiento del tránsito en Asunción y todo el depar­tamento Central, mientras que en el actual llamado se reduce a la construcción de 130 paradas de buses para ser minadas de tecnología en su mayoría ya compradas, lo que implica un despilfarro.

El llamado de las “paradas de oro” es por US$ 12 millo­nes y es muy cuestionado por coincidir con la cam­paña electoral.

A través de su portal, el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) promociona un supuesto “ahorro” al que incurren con la megalicita­ción de las “paradas de oro”; sin embargo, contemplan elementos como cámaras, equipos de GPS, un centro de control y monitoreo, una aplicación de geoposiciona­miento de las distintas uni­dades de trasporte público, mismos que eran necesa­rios hace cinco años atrás por su ausencia en el sis­tema de trasporte, pero que hoy día sí ya están presentes; sin embargo, son incluidos nuevamente en el llamado a licitación en cuestión.

Por otra parte, el Vicemi­nisterio de Transporte hace presión para la aprobación ciudadana de dicho llamado mediante el uso de sus redes sociales. “La seguridad en el trasporte público es una de nuestras prioridades. Es por eso que, además de reforzar la seguridad en las paradas en conjunto con la Policía Nacional, estamos trabajando en la implemen­tación de tecnología en los refugios y buses”, menciona una publicación realizada en la cuenta de Facebook de la institución.

Hay que recordar que justa­mente esta inclusión de ele­mentos reiterados es uno de los puntos cuestionados den­tro de las numerosas denun­cias presentadas en contra de este llamado a licitación tanto en la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públi­cas (DNCP), en la Contraloría General de la República (CGR) como en la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción (Senac), donde está siendo investigado por un supuesto direccionamiento hacia la empresa TSV del Paraguay. El llamado tam­bién es objetado por los esca­sos 30 días de tiempo que se prevén para el desarrollo del software de posicionamiento de buses, dejando ver la forma apresurada con la que se pre­tende asegurar el desembolso del 20% del anticipo antes de las elecciones previstas para diciembre.

Debido a estas acusaciones, la CGR resolvió exigir a la convocante los documen­tos de justificación donde se explique la necesidad de gas­tar esta fortuna en la construcción de 130 paradas de buses; la disponibilidad pre­supuestaria, siendo que hasta la fecha no se conoce de dónde saldrán los fondos para esta licitación; los métodos para la estimación de costos por los cuales presupuestaron, por ejemplo, un escritorio de madera con dos cajones en G. 17 millones, entre otros.

Cabe mencionar que, jus­tamente este escritorio fue el detonante que sirvió para que la DNCP resuelva suspender mediante reso­lución este llamado a lici­tación, al menos mientras duren las investigaciones, debido al hallazgo de “indi­cios de irregularidades” en el mismo.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció que los costos de peaje aumentarán entre G. 2.000 y G. 8.000, aproximadamente, para automóviles.

En medio de una fuerte cri­sis económica en la que todo sube y la pesada herencia de la pandemia, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, anunció el aumento gradual en la tarifa de entre G. 2.000 y G. 8.000 para los peajes en sus 14 puestos de cobranza.

Al respecto, no se hicieron esperar las protestas, por ejemplo en Minga Guazú donde el puesto de peaje divide la ciudad en dos, por lo que los lugareños deben abonar la tarifa cada vez que tengan que movilizarse al otro lado de su ciudad, motivo que los llevó a realizar una serie de mani­festaciones, buscando la exo­neración de este pago.

Este aumento se da con la excusa de ayudar a saldar la deuda de US$ 400 millones con las constructoras; sin embargo, esta misma cartera de Estado, mientras habla de escasez a la hora de saldar sus compromisos, también se encuentra buscando des­embolsar fortunas en otras licitaciones como son los US$ 12 millones que se pre­vén para la construcción de 130 paradas de buses y los G. 7.350 millones que se prevén para un nuevo software de interconexión entre casetas de peajes.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

Te puede interesar: Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.