En entrevista con la 970 AM, Costa manifestó que no se puede ejercer una ciudadanía activa sin acceso a la información pública porque esa es justamente la base para lograrlo, además de permitir controlar la gestión de las autoridades y conocer lo que se está haciendo con la cosa pública.

De igual manera, sostuvo que algunos políticos “se llenan la boca” con términos como transparencia, información pública y participación ciudadana pero a la hora de la verdad se dan cuenta “que les duele y les pisa” la ciudadanía cuando se les pide información y no la quieren dar porque se van a estar descubriéndose sus “fatos y negociados”.

“Estamos en un Estado de derecho cuyo principio fundamental es la transparencia”, afirmó, al tiempo de señalar que las autoridades deberían asumir que ser transparentes no va solo de boca para afuera sino “de gestión para adentro”.

Costa asegura que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez “sigue llenándose la boca de transparencia” pero, en contrapartida, se han ido viendo pequeños, medianos y grandes hechos que muestran que la transparencia “está muy lejos del ADN y la actitud de este gobierno”.

Como ejemplo de la falta de transparencia en la gestión actual mencionó el caso de Senabico, cuya extitular Karina Gómez se negó a brindar información relacionada al alquiler de los bienes de Reinaldo “Cucho” Cabaña, además del más reciente caso de la Cancillería Nacional y las designaciones en puestos diplomáticos de las hijas de Juan Afara y Freddy D`ecclesiis. Así también, hizo mención a la posición asumida por Paraguay respecto al Pacto Mundial Migratorio y el nombramiento de la hermana de Marly Figueredo en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

En relación a la falta de concursos para las contrataciones en el sector público, recordó que el propio ministro de Hacienda, Benigno López, había asegurado en su momento que ya no se ingresaría a la función pública si no es a través de concursos, pero al final terminaron echando por tierra esas afirmaciones.

“El Estado sigue siendo un gran coto cerrado para los amigos, para los que tienen poder o influencia, los que pueden extorsionar al poder desde otros ámbitos, entonces la ciudadanía queda como mera espectadora”, refirió Costa en relación a este tema.

A su criterio, queda seguir insistiendo y sobre todo utilizando la principal herramienta que hoy día está disponible que es la Ley de Acceso a la Información Pública. “Hay que usar esta ley porque es una herramienta que ha supuesto un avance significativo en materia institucional para que el ciudadano pueda reclamar, pedir, solicitar, exigir información pública a las autoridades”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.