En el documento presentado por el diputado Yamil Esgaib se explica que “la concesión a la empresa Azar Internacional S.A., desde el año 2005, se hizo sin respetar las formas legales y con un evidente daño patrimonial al Instituto de Previsión Social”.

La iniciativa añade que la mencionada firma arrienda el predio denominado “Acaray” propiedad del IPS, desde el año 2005, según contrato suscripto entre las partes, la que sufrió ciertas modificaciones durante el transcurso del tiempo.

Nota relacionada: Conajzar indaga irregular prórroga del Gobierno de Marito al Casino Acaray

Asimismo, el legislador colorado denunció que por Resolución R.C.A N° 035-029/13, de fecha del 07 de mayo de 2013, llamativamente, se autorizó la rescisión de común acuerdo del contrato previamente suscrito entre el IPS y Azar Internacional S.A., pero que en el mismo acto se autorizó la suscripción de un nuevo contrato entre las partes, esta vez, por un plazo de arrendamiento de 20 años.

El documento exhorta además a la Contraloría General de la República a iniciar la investigación por hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo”.

Lea también: Tren de molienda en Petropar: Contrataciones anuncia verificaciones in situ

El proyecto contó con aprobación unánime, con base en varios dictámenes; entre ellos, el de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social.

El juez Rolando Duarte Otazú resolvió otorgarles la prisión domiciliaria como medida cautelar, evitándoles la prisión preventiva. Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, el abogado Ricardo Preda actuó como fiador personal. Sin embargo, aclaró que no ejerce formalmente como abogado defensor, dado que la legislación vigente impide que quien asuma la fianza participe directamente en la defensa técnica.

“El primer objetivo era evitar la prisión preventiva, y eso se logró”, afirmó el abogado. Ambos imputados permanecen en un departamento en Asunción, cuya renta fue gestionada por el equipo jurídico de Preda.

Detalles del caso

La imputación se basa en un operativo realizado por la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Nacional en la zona primaria de control aduanero, donde se encontró a los acusados con una suma de dinero que no había sido declarada. Según la versión preliminar de la defensa, tanto Kueider como su secretaria alegan que el dinero era de uso personal y que había sido trasladado desde Argentina para evitar dejarlo en un hotel en Paraguay.

El abogado explicó que el tipo penal aplicado es “tentativa de contrabando”, dado que el acto fue interrumpido antes de que los acusados salieran de la zona de control aduanero. Tanto Kueider como su secretaría enfrentan la misma acusación.

Impacto de los fueros parlamentarios

Al ser consultado sobre el estatus de Kueider como senador, Preda señaló que los fueros parlamentarios no tienen validez fuera del territorio argentino. En Paraguay, el legislador es tratado como cualquier ciudadano extranjero bajo las leyes locales. “Él puede ser sometido a un proceso penal en nuestro país con todas las garantías que esto amerita”, aseguró.

Próximos pasos

El equipo de defensa aún debe reunirse con los imputados para obtener más detalles sobre los hechos que originaron la imputación. “Nuestra prioridad inicial fue asegurar las medidas cautelares. A partir de ahora, trabajaremos en el fondo del caso”, concluyó Preda.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, Raúl Ramírez destacó que este esfuerzo busca erradicar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. “No van a poder estafarle más a los abuelitos”, afirmó.

La implementación de la nueva política exige cruces rigurosos de información entre diversas instituciones, como el Registro Civil, el Ministerio de Salud, IPS y otras entidades, para asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos. Entre las verificaciones, se incluyen la edad, la ausencia de ingresos públicos o privados y la no percepción de jubilaciones.

El listado actual, que incluye 15.140 beneficiarios, ya comenzó a ser procesado. La autoridad explicó que los pagos se realizan exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), donde los adultos mayores deben presentarse personalmente con su cédula de identidad. Esto asegura que no haya cobros indebidos por terceros. En caso de fallecimiento, los fondos son automáticamente revertidos al Ministerio de Economía para reasignarlos a otros beneficiarios elegibles.

Para fortalecer la confianza, el viceministro destacó que el listado de beneficiarios es público y accesible en la página web del ministerio y en las gobernaciones y municipios del país. Además, las denuncias ciudadanas se consideran un recurso clave para ajustar y depurar el listado.

“Estamos tocando intereses de quienes se beneficiaban con prácticas irregulares”, subrayó Ramírez, al referirse a los gestores que anteriormente cobraban por incluir adultos mayores en la planilla. Con el nuevo sistema, aseguró que muchos adultos mayores están cobrando por primera vez sin intermediarios. Ejemplos destacados incluyen beneficiarios de más de 90 años que ahora acceden al subsidio de manera justa.

Ramírez enfatizó que el gobierno será implacable contra cualquier acto indebido. “Hemos despedido a funcionarios y enviado casos a la fiscalía”, mencionó, refiriéndose a situaciones donde familiares o trabajadores del ministerio intentaron cobrar beneficios de manera fraudulenta. El compromiso del gobierno, según el viceministro, es avanzar hacia una gestión cada vez más transparente, respondiendo tanto a las exigencias legales como a las expectativas de la ciudadanía.

El proceso, aunque no exento de desafíos, representa un paso hacia la universalización de un derecho fundamental para los adultos mayores. “Transformaremos las debilidades en fortalezas, trabajando para que este programa sea un modelo de transparencia y justicia social”, concluyó.

En un operativo conjunto entre autoridades de Paraguay y Brasil, un automóvil robado en Foz de Iguazú fue localizado en la vivienda de un agente policial en el barrio Ka’aguy Rory, lado Acaray, en Ciudad del Este. El suboficial inspector Ansi Ávalos, quien quedó detenido tras el hallazgo.

El procedimiento, ejecutado por agentes de la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Delegación Paraguaya del Comando Tripartito, se realizó a las 14:00 horas como parte del Acuerdo de Cooperación Policial entre ambos países, según informó un medio local.

El vehículo recuperado es un Fiat Toro, color plata, con matrícula N° BCS6I88, que fue reportado como robado en territorio brasileño. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.