A través de su abogada, María Silvia Acha, Tape Ruvicha exigió que la empresa no sea involucrada “injustificadamente” en cuestiones jurídicas que, según expresa, se realizan de mala fe y en contra de los intereses del grupo empresarial.

La empresa contestó luego de que Robin Miranda, representante legal de la señora Ramona Caballero de Neufeld, haya promovido un juicio de incidente de dominio. En cambio, de acuerdo al abogado, el allanamiento carece de efectos jurídicos porque no se le otorgó el poder especial a los representantes, por lo que deben correr con las costas.

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Tape Ruvicha remató 500 hectáreas de un inmueble por 250 millones de guaraníes, buscando saldar la deuda de Peter Neufeld Peters, ciudadano mexicano que firmó 8 pagarés como codeudor de un vehículo que luego ya no se pudo pagar más.

El problema es que el inmueble rematado en realidad no es del mexicano, sino de otro con el mismo nombre, pero canadiense:  Peter Neufeld.

Según Tape Ruvicha, el remate se realizó luego de que Registros Públicos identificara que la propiedad estaba a nombre del mexicano Peter Neufeld Peters, sobre quien pesaba el proceso por deuda. Sin embargo, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que este hombre no registraba absolutamente nada.

De acuerdo a la denuncia publicada en “La Caja Negra”, la abogada María Silvia Acha fue quien, insistentemente, solicitó datos sobre el inmueble a nombre de Peter Neufeld, omitiendo la existencia de una homonimia y en complicidad de funcionarios judiciales, introdujo al sistema el número de las fincas para proceder al remate.

“Es Acha quien introduce los inmuebles del canadiense e insiste hasta lograr que el Juzgado traiga la condición de dominio, solo indicando Peter Neufeld a secas, sin señalar más datos” expresó el abogado Robin Miranda.

Para el abogado, la “mala fe” en realidad vino de la abogada de Tape Ruvicha y anunció que van a iniciar un juicio por daños y perjuicios. Indicó, además, que solo suspendieron el embargo de 2.000 hectáreas, pero quedan recuperar las 500 hectáreas que habrían sido compradas en remate por María Marta Brun de Zuccolillo.

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La Junta Municipal de Asunción aprobó ayer el balance financiero correspondiente al ejercicio 2025. La votación sumó trece voluntades a favor frente a diez votos que mantuvieron la postura del rechazo. El documento contempló los primeros cuatro meses de Óscar Rodríguez, el periodo de intervención de Carlos Pereira y el cierre de año bajo la administración de Luis Bello.

Este dictamen favorable surgió tras el rechazo técnico ocurrido el pasado 10 de mayo. Durante el debate, los ediles opositores señalaron inconsistencias sobre el destino de Gs. 512.000 millones en bonos para infraestructura y el uso de la Cuenta Única Municipal, calificado anteriormente como irregular.

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Por su parte, la Intendencia justificó la escasa ejecución de mejoras viales y pluviales por las limitaciones de tiempo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el proceso de intervención estatal que alteró los procesos de gestión.

Representantes sindicales acompañaron la sesión bajo la premisa de que la falta de aprobación ponía en riesgo el pago de salarios y la operatividad de los servicios básicos.

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Con esta aprobación, la Municipalidad recupera su principal credencial ante el sistema financiero. La Intendencia ahora posee vía libre para solicitar préstamos destinados a cubrir el déficit temporal de caja y asegurar los compromisos operativos.

Los 16 concejales a favor fueron: Arturo Almirón, Carlos Ozorio, César Escobar, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Daniel Ortiz, Juan José Arnold, Miguel Sosa, Gabriel Calonga, Karina Acuña, Carlos González, Jesus Lara y Mariano Cáceres.

La decisión destraba la entrega de nuevos camiones recolectores de basura, pues los bancos exigían el balance aprobado como requisito contractual para finalizar la compra de los activos

De acuerdo al Cronograma Electoral establecido para los comicios municipales, a partir de este jueves 16 de julio queda habilitada la propaganda electoral en todos los distritos del país.

La misma se podrá efectuar hasta las 23:59 hs del jueves 1 de octubre, conforme al Artículo 290 de la Ley Nº 7135/23 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.*

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Siguiendo con el cronograma elaborado por la Justicia Electoral, se fijó este viernes 17 de julio como fecha límite para que los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas remitan por nota el Informe Final generado por el SINAFIP.

Se trata puntualmente del informe de cumplimiento de la presentación de Rendición de Cuentas de candidatos y movimientos internos, derivados de las internas partidarias de julio pasado.

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En las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre, un total de 263 distritos elegirán a sus próximas autoridades municipales, entre ellas intendentes y miembros de las Juntas Municipales.

Los candidatos electos ejercerán sus funciones durante el período 2026-2031.

El gerente de la empresa Ombú SA, Gilberto Enciso, declaró ante el Tribunal de Sentencia y aportó datos sumamente comprometedores sobre la estrecha relación entre el entonces secretario de Estado del Gobierno abdista y el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

El testigo confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior mantuvieron conversaciones en reiteradas oportunidades sobre licitaciones públicas del Estado.

Según detalló el directivo, la firma buscaba convertirse en proveedora de chalecos antibalas y adjudicarse contratos para la reparación de vehículos blindados de las fuerzas de seguridad, siendo Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos, los enlaces directos de Marcus Vinicius dentro de la institución pública.

El gerente de la firma admitió que la estructura empresarial se encontraba en pleno proceso de preparación para participar activamente de las licitaciones estatales. Estas gestiones y el intercambio de información estratégica entre el empresario y el exministro cesaron de manera abrupta únicamente cuando Marcus Vinicius fue detenido por la justicia debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Durante su comparecencia, el testigo también reveló que la empresa realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado y elaborar presupuestos de servicios. Sobre estos trabajos, el gerente manifestó desconocer si la institución pública llegó a realizar algún tipo de pago por los arreglos efectuados.

Sobre el polémico viaje familiar que realizó el exministro al Brasil, el gerente de la firma ratificó que Giuzzio utilizó una camioneta de la empresa Ombú SA para sus vacaciones familiares, vehículo que le fue facilitado de forma directa por el propio dueño de la firma.

Para formalizar la entrega de la camioneta, el exministro firmó un pagaré meramente simbólico por el valor de 700 dólares, el cual jamás fue cobrado por la empresa proveedora.

Al ser abordado por los medios de comunicación tras culminar la audiencia judicial, Arnaldo Giuzzio evitó responder con claridad si llegó a pagar por el uso del rodado, y solo argumentó que el documento firmado constituía un compromiso de pago.

El exministro también intentó restar importancia a los intercambios de mensajes telefónicos que lo vinculan con el esquema del presunto narcotraficante.

Las audiencias de este juicio oral proseguirán durante la siguiente semana con la continuidad de la declaración de Gilberto Enciso ante el tribunal juzgador integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.