La única persona que declaró hoy durante la audiencia por el juicio a Margareth Chacón (acusada en el caso Pecci de participar de las reuniones de coordinación del crimen), fue el marcador Cristian Camilo Monsalve, quien, junto a su madre Marisol Londoño, se encargó de seguirle los pasos a Marcelo Pecci.

Camilo relató que, el único que lo contactó fue Francisco Correa Galeano, un hombre con el que, anteriormente trabajaba en la venta de ropas y calzados deportivos, en donde Correa lideraba el negocio, mientras que, él entregaba los productos.

“Antes de que ocurriera este fatídico hecho, él me manifestó que venía una persona extranjera que le debía dinero, que él había comprado una mercancía, y me dijo si yo podía marcar a la persona, como se dice, campanear, hacer marcación”, comentó Camilo.

Para el efecto, detalló, le pidió viajar a Cartagena y le planteó que, por ser mayo el mes de las madres, que también lleve a su mamá y aproveche para regalarle unas vacaciones en la playa.

“Entonces con la confianza que le tenía y él no me había sido claro de lo que iba a pasar, acepté llevar a mi mamá porque, si me hubiera dicho lo que iba a suceder, yo jamás me hubiera prestado para esto y menos hubiera llevado a mi mamá”, subrayó.

Una vez en Cartagena, con el paso de los días, Francisco Correa ubicó a Pecci y le pidió a Camilo que se hospede en el mismo hotel que el fiscal para seguirle los pasos y “cobrarle el dinero”, siempre según el relato.

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“Yo inconscientemente, no sabiendo lo que tenía en los planes, yo hice la marcación, le di la ubicación exacta del señor Pecci. Hice el trabajo de marcación y me dijo que me quedara pendiente (…) contados minutos de darle la ubicación, llegaron los muchachos en un jetsky y le quitaron la vida a la persona. Yo me encontraba en la playa, a unos 8 o 9 metros”, admitió.

La Fiscalía lo interrumpió y le preguntó si, Francisco Correa Galeano -que le conste a él- se había reunido con otras personas en Cartagena.

“No, no me consta que se haya reunido con otras personas en Cartagena, él siempre me tenía muy aparte de las cosas, era muy esquivo conmigo”, respondió.

Ante la pregunta del porqué de la actitud de Correa Galeano, afirmó: “No sé, porque él es una persona que no es normal, él fue una persona que mientras que conviví con él fue un drogadicto y, además, atentó contra su propia vida, él mismo se disparó en la cabeza”.

La audiencia de hoy se suspendió sin que llegaran a hablar los hermanos Pérez Hoyos, debido a una “omisión involuntaria” que impidió la comunicación con la cárcel en la que están recluidos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.