El considerado articulador del crimen de Marcelo Pecci, en declaraciones contradictorias a las del año pasado, esta vez involucró a Miguel Insfrán y a Horacio Cartes como mandantes del hecho.

“Yo no descarto, (que Estados Unidos haya influido en las declaraciones de Correa Galeano) existe esa posibilidad. Ellos cuando tienen su itinerario, tienen marcados a sus oponentes”, expresó Silvio Ovelar, titular del Congreso.

Consideró que, hace tiempo hay una campaña direccionada a golpear a Horacio Cartes y que, este es uno más de esos golpes.

Por su parte, la encargada de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, Leanne Cannon, en una entrevista con el portal Latitud 25, rechazó las expresiones del presidente del Senado. “La sugerencia del senador es completamente falsa”, afirmó.

En momentos claves de la política paraguaya, el Gobierno de Estados Unidos tuvo acciones que, bien podrían haber tenido incidencia en los resultados electorales, pero finalmente no bastaron para llegar a ello.

La designación de HC como significativamente corrupto en la antesala a las internas coloradas, donde Cartes ya estaba como candidato a presidente de la ANR y se enfrentaba al mandatario Mario Abdo Benítez. Aquí, la acción pareciera haber sido contraria a la esperada, pues, Cartes terminó electo por una aplastante mayoría.

A esto se suma que, el entonces candidato abdista a la Presidencia de la República, Arnoldo Wiens, también fue derrotado por Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.

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Posteriormente, de nuevo en la previa a los comicios generales en Paraguay, Estados Unidos dispuso sanciones económicas para Cartes, quien apoyaba la candidatura de Peña, por lo que, una decisión de esa naturaleza, claramente podía incidir en los resultados.

Sin embargo, Peña fue electo presidente con una diferencia mucho más amplia a la esperada en relación a su principal contrincante, Efraín Alegre, quien alcanzó a su tercera derrota consecutiva en unas presidenciales.

A esto se suma el uso de la Seprelad durante el Gobierno de Abdo, como una herramienta para proveer en bandeja a EEUU datos inconsistentes sobre las empresas de Cartes.

Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EEUU tres meses antes de las “designaciones” hechas por el país norteamericano.

Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Recortes de prensa con información imprecisa y datos erróneos se presentaron como “investigación” de Seprelad. La institución, a cargo de Carlos Arregui, aprovechó el acceso a datos confidenciales para “dibujar” un supuesto esquema ilícito.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.