El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, destacó la “posición neutral” que “siempre” ocupa el organismo cuando aseguró que en este caso “no cabe duda” de que los afectados fueron víctimas de un uso “totalmente inaceptable y desmedido” de la fuerza.

Fue durante una audiencia pública, con motivo del 162º periodo de sesiones que la CIDH celebra en Buenos Aires.

Lanza insistió en la necesidad de que se lleven a término las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que dejaron varios periodistas heridos, según el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep).

En otro momento, el Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de nuestro país, Ariel Martínez Fernández, se refirió a las afirmaciones de la periodista Marta Escurra, que participó en la citada reunión en nombre del Foro de Periodistas Paraguayos y de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, afirmando que la Policía Nacional paraguaya agredió de manera intencionada a 23 trabajadores de la prensa por “orden superior”.

Martínez Fernández “rechazó la acusación de una supuesta intencionalidad de la Policía Nacional, para agredir de manera específica a los trabajadores de los medios de comunicación y evitar que ejerzan su trabajo profesional”, según divulgó la Secretaría de Estado del Interior.

“El Gobierno tiene un gran compromiso (para), garantizar que el trabajo de los miembros de la prensa se desarrolle dentro de los límites constitucionales y legales”, afirmó el alto funcionario.

INVESTIGACIÓN

Añadió que todos los hechos suscitados en la noche del 31 de marzo y en la madrugada del 1 de abril en Paraguay, “están en pleno proceso de investigación (…), y se han tomado medidas contra los policías identificados en las acciones señaladas. Existen tres sumarios abiertos y en pleno desarrollo dentro de la Policía Nacional, también varias causas en el Ministerio Público, dentro del sistema jurídico paraguayo, que es un Poder independiente”.

Enfatizó, además, que “si se concluyera que efectivamente se accionó para impedir la labor de la prensa, el primer interesado en que se sancione de manera ejemplar a los responsables será el Gobierno Nacional de la República del Paraguay.”

Martínez Fernández manifestó, asimismo, que a fin de realizar una evaluación objetiva de lo acontecido en los citados días se entregarán las más de siete mil horas de videos que posee el Gobierno paraguayo, grabados y aportados por la ciudadanía y la propia prensa, durante la jornada de los hechos en cuestión.

“Quisiéramos acercar a la Comisión las miles de horas de videos que se tienen para que se pueda hacer una evaluación real. Quisiera la Comisión tenga en su poder los videos de horas y horas de los hechos que ocurrieron. Es determinante este elemento para saber si esos hechos inaceptables fueron realmente dirigidos hacia los periodistas por ser periodistas y con el fin de impedir su trabajo (…) Hemos visto (durante la sesión) aproximadamente 30 segundos de las manifestaciones cuando estas se dieron por más de 12 horas”, preciso Martínez Fernández.

URUGUAY

Ya por parte del Estado uruguayo, Marcelo Scappini, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que las investigaciones se pusieron en marcha desde que se denunciaron los hechos y recordó que el Gobierno decidió destituir al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional de nuestro país, tras analizar los hechos.

En Asunción, la comuna baraja la idea de una sociedad con empresas privadas, que apunten a una explotación y gerenciamiento comunal a partir de la fusión de firmas.

Una de estas consigna una primera fase para la extensión de circuitos de coberturas de las líneas 37, 16 y 13, que luego podría concretar una fusión.

En Central, la Gobernación motoriza a través del parlamento, un proyecto de reforma del sistema de transporte del área metropolitana. El núcleo de cambios que propone es la constitución en consorcios de todas las líneas de transporte que explotan colectivos de Central y Asunción.

La crisis en estos dos distritos que aglutina una población de alrededor de tres millones de personas, ya determinó una reducción del parque automotor de buses. De un total de 2.500 micros hasta hace un año, ahora se redujo a 1.700 unidades.

El problema del transporte público paso a convertirse en un asunto de alta prioridad. Las quejas ciudadanas sobre el servicio que prestan las líneas de colectivos, son continuas y cada vez más vociferantes.

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Si bien hasta ahora hay más de 80 muertos por la tragedia climática en Río Grande do Sul, Brasil, de momento no aparece ningún paraguayo entre las víctimas fatales, de acuerdo a los reportes oficiales.

Sin embargo, sí existen unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, según el cónsul, que terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

“Han perdido sus bienes, pero la Prefectura ha organizado una muy eficiente asistencia, no están pasando necesidades básicas”, explicó el cónsul paraguayo, José Martínez, en un contacto con la 730 AM.

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En su mayoría, son residencias proveídas por los patrones de los empleados, en las cercanías de las plantas donde trabajan.

El número de víctimas es todavía preliminar, pues, existen una cantidad desconocida de desaparecidos.

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El Consulado de Río Grande do Sul es uno de los que figura en la lista de sedes diplomáticas próximas a cerrarse. La inoperatividad de esta y otras representaciones implicará una disminución presupuestaria de ocho millones de dólares.

Además, HOY: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”

Al mediodía del sábado se registró un asalto a mano armada en el local de la empresa Inverfin ubicado sobre la Av. Mcal. López e/ Juana María de Lara, en la zona céntrica de la ciudad de San Alberto.

Dos delincuentes que portaban cascos protectores irrumpieron en el establecimiento y, a punta de arma de fuego, redujeron a los empleados que se encontraban de turno en dicho horario.

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Resultaron víctimas el gerente Miguel Ángel Zelada Aquino y los funcionarios Óscar Dario Vázquez Ayala, Elsa Beatriz González López y Juan Antonio Pereira González, menciona el diario La Jornada.

Luego de dar la voz de asalto y obligarlos a hacer cuerpo a tierra, uno de los malvivientes se dirigió a la caja registradora para apoderarse de la suma de G. 2.452.810, producto de la recaudación hasta ese horario del día.

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Mientras tanto, su cómplice se apropió de dos parlantes portátiles y 57 teléfonos celulares de las marcas Samsung, Xiaomi y Tecno que estaban en exhibición, refiere el parte policial.

Tras lograr su cometido, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta de color negro tipo deportiva, según la descripción brindada por una de las víctimas a la Policía.