En entrevista con Radio Monumental, la Dra. Gilda Benítez, directora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, indicó que en nuestro país existe un elevado porcentaje de la población que sufre de obesidad y sobrepeso.

En tal sentido, señaló que existe una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso que abarca a casi el 58% de la población.

La obesidad es un factor de riesgo pero se considera una enfermedad en sí misma, recalcó, además que una persona con esta condición tiene riesgo de complicarse también con otras enfermedades.

Un estudio realizado en Reino Unido en base a casi 7 millones de personas que tuvieron COVID-19 confirmó que las personas jóvenes han sufrido más complicaciones a consecuencia de la enfermedad, en una población de 18 a 74 años, comentó Benítez a la 1080 AM.

“No teníamos una cifra muy alta de personas jóvenes con obesidad, pero ese fenómeno fue cambiando en los últimos años por varios factores como la mala alimentación, el acceso a comidas chatarras, la disminución de la actividad física, eso hizo que la población joven empiece a aumentar sus rangos de obesidad”, refirió.

La profesional mencionó que en otro estudio realizado en niños y jóvenes de entre 8 y 18 años de edad en la zona de Asunción y el Área Metropolitana se pudo confirmar un 14% de sobrepeso y 19% de obesidad.

El primer paso en los casos de personas que sufren obesidad o sobrepeso es hacer un buen diagnóstico de la situación con un endocrinólogo o un clínico y luego hacer una evaluación laboratorial para ver qué otros factores acompañan a alguna de estas condiciones, como trastornos de glucemia, algún problema hormonal, niveles de presión arterial elevada, etc.

Una vez que se tenga bien ese parámetro, lo ideal es trabajar con un equipo multidisciplinario, refirió, siendo fundamental acudir a un nutricionista para que pueda elaborar un plan de alimentación adecuado de acuerdo a las características y necesidades del paciente.

Enfatizó que el tratamiento de la obesidad es un tratamiento crónico y necesita un acompañamiento, para que la persona se empodere y empiece a cambiar su estilo de vida de manera definitiva.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.