El miembro fundador y audi­tor de la Asociación Civil de Auditoría de Mariano Roque Alonso, Ricardo Torres, lamentó que se hayan quedado con deu­das después de haber ela­borado un pro­yecto de control ciudadano que le adjudicó el CIRD en el marco de “Más ciudadanía, menos corrupción”, pero que luego se canceló.

“No tenemos ningún documento que justifique la cancelación del contrato. Nosotros incurrimos en gastos, casi 18 millones, de cuatro miembros de la asociación. CIRD nos dejó colgados, lamentamos que una fundación como el CIRD a la cual apostamos en su concepto de lucha contra la corrupción e impunidad tenga este tipo de actuación”, arguyó en entrevista con el canal GEN.

El entrevistado apeló a los directivos de la ONG para llegar a buen puerto, pero que estos están cerrados a dialogar y aseguró que incluso “les bloqueó en todas partes”.

Te puede interesar: Coordinador anticorrupción del CIRD funge de humilde asalariado en IPS

Según publica La Nación, el acuerdo de subvención fue por G. 100 millones en julio de este año, por un proyecto que sorprende­mente fue modificándose por exigencias del CIRD. “Nosotros íbamos a hacer capacitaciones a los ciu­dadanos de forma gratuita sobre el control y el manejo de los recursos municipa­les. Cuando ellos seleccio­nan nuestra iniciativa, nos piden modificar nuestro proyecto y no darle tanta cabida a las jornadas de capacitación, sino investi­gaciones de posibles hechos de corrupción”.

Con este primer ajuste se ini­ciaron los varios retoques que fueron impuestos en el proyecto que no solo tie­nen que ver con la cues­tión didáctica, sino tam­bién presupuestarios. En medio de las modificacio­nes la organización con­sultó un gasto “en secreta­ría de proyecto” por G. 6,6 millones que fue introdu­cido por el CIRD, que nunca fue aclarado, según men­cionó Torres.

Tras este episodio, sema­nas después correspon­día el primer desembolso por el plan y la ejecución del proyecto, pero nunca se dio, pese a la serie de disposiciones a las que se ajustaron.

En medio de la vía crucis surgió un problema interno en la organización que vino como anillo al dedo como argumento para cancelar el acuerdo con la organización que ya incluso venía reali­zando pequeñas inversio­nes debido a que confiaban en el convenio firmado. Lo más grave es que, según los miembros de esta asocia­ción, esta situación quiso plantearse como una can­celación de común acuerdo por parte del coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Alcaraz.

El inminente escándalo que se iba generando como consecuencia del incumpli­miento hasta se presentó un amparo para que los cuestionadores miembros de esta asociación pierdan el dominio del sitio web y así dejen de publicar el des­contento y el desplante que les hizo el CIRD de manera arbitraria.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.