La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio a conocer su informe final de verificación del contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar), de la administración de Denis Lichi, y la empresa Estructura Ingeniería SA- EISA (Alberto Palumbo), además de la firma subcontratada OCHO A SA (que estaría ligada a Luis Pettengill), para las obras de la planta alcoholera en la ciudad de Mauricio José Troche. La verificación finalizó con una multa de G. 18.602.883.928 (US$ 2.520.296).

Entre las conclusiones se menciona que hubo falta de publicación de indicadores de cumplimiento de contrato, que la contratista EISA estaba inhabilitada cuando suscribió una adenda, un retraso de 55 días en la cobertura de la garantía de fiel cumplimiento, incumplimiento en el plazo para el pago del anticipo, y no se observaba la ubicación del lugar donde se ejecutaba la obra en el georeferenciamiento publicado en el sistema de información de contrataciones públicas.

En cuanto a la ejecución del contrato, hubo diferencias en el plazo de entrega establecido y el ejecutado para la adecuación de caminos internos, diferencias en las órdenes de suministro, retraso en la entrega de varios ítems del contrato, no se cuenta con resolución del MADES sobre la evaluación del impacto ambiental, sin evidencia de la aprobación del plan de seguridad y salud ocupacional por la fiscalización de obras, retraso en la presentación de los seguros requeridos, sin evidencia de la solicitud de corrección de las pólizas de seguro, falta de presentación de la póliza de accidentes de trabajo por la cantidad de personas trabajando en la obra, emisión de actas de recepción provisoria con fechas distintas, incongruencias en las emisiones de actas de recepción definitiva de trabajos, y sin evidencias de listas de defectos de ejecución remitidas por la fiscalización a la contratista y de las reparaciones realizadas en efecto.

Con relación a la fiscalización, el equipo auditor concluyó que se no se cumplió con la condición de aprobación de los planos ejecutivos, por parte de la Fiscalización, de manera previa al inicio de los trabajos, que faltó designación de profesionales para fiscalizar las diversas áreas y especialidades involucradas en el control y recepción de los trabajos, no se cuenta con registros del Libro de Obras con relación a los meses de agosto de 2022 y septiembre 2023 (desde el 08/09/2023 al 30/09/2023), falta de registro en el Libro de Obras de detalles importantes que por la naturaleza de los trabajos, permanecen ocultos posteriormente, falta de registros en el Libro de Obras, que evidencie el acompañamiento y control del profesional electricista durante la ejecución de los trabajos de aspecto eléctrico, y sin evidencia de la totalidad de los ensayos que debieron realizarse durante los trabajos de los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

En la verificación in situ, los auditores pudieron corroborar la falta de indicación en el cartel de obras de toda la información requerida en el PBC, algunos operarios no contaban con gafas de protección durante la ejecución de los trabajos, falta de inclusión en el PBC y en la planilla del Contrato de los criterios para el cumplimiento de las Normas de Accesibilidad al Medio Físico, la falta de evidencia de registros de correcciones realizadas en la Caseta de Laboratorio, sobre la aplicación de enduido, las falencias en la colocación de revestimientos y el nivel indicado en los planos para los mismos, tampoco había evidencia de las correcciones realizadas por la empresa a las propuestas de Petropar.

Monto total de la multa estimada.

Con relación a los pagos, la fiscalización determinó que no se efectuaron algunos pagos, no había evidencia del Certificado de Cumplimiento Tributario y el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, vigentes, que debió presentar la Contratista para el pago, inconsistencia en el PBC al establecer para el cómputo del plazo del pago, la aprobación del certificado de obra, ya que no fueron requeridos certificados considerando la modalidad de pago establecida, y falta de respuesta de la Contratante a la observación referente a la autorización del Ministerio de Hacienda para la operatividad de pago planteada en el marco de la ejecución del contrato.

En el documento se insta a la UOC de Petropar que en futuros procesos de contratación pública desarrolle e implemente los controles necesarios a fin evitar irregularidades o falencias iguales o similares a las detectadas en la verificación, especialmente respecto a la falta de registro y archivo digital de la documentación relacionada a la ejecución del contrato y su remisión en tiempo y forma, que permita la revisión de los documentos establecidos para el control, verificación y fiscalización de la correcta ejecución de los trabajos, y sobre el control y seguimiento de los contratos públicos.

Se dispone además la remisión del Informe Final a Petropar, a la Auditoría Interna Institucional (u órgano similar) de la contratante y a la Contratista EISA S.A.; comunicándoles el cierre de los trabajos de verificación y adjuntando una copia de los antecedentes del mismo.Asimismo, se remiten el Informe Final y sus antecedentes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la DNCP, así como al MADES.

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ANTECEDENTES

Esta obra fue adjudicada en diciembre del 2021, durante la administración de Denis Lichi, a la empresa Estructura Ingeniería EISA, del empresario Alberto Palumbo, por valor de G. 195.299 millones, unos US$ 28,7 millones. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo fue 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño, donde se conseguía a solo USD 10 millones.

De acuerdo con la Contraloría, que también indagó sobre esta cuestionada obra, durante el 2022, la firma adjudicada recibió dos pagos, que totalizaron G 41.875 millones. El primer desembolso se registró en febrero y fue de 39 mil millones, y el segundo se concretó en junio y fue de 2.755 millones.

Un equipo auditor fue a verificar in situ la situación de la planta industrial en el departamento de Guairá, y allí constató que no se cumplieron con varios de los ítems previstos en el contrato pese a los millones que fueron pagados.

A lo anterior se suma que Petropar realizó pagos de anticipos por G. 39.059 millones, y estos “fondos fueron redirigidos en algunos puntos por la firma Estructura Ingeniería S.A, para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Según la Contraloría, el anticipo pagado debía destinarse a “costos de inversión, calculado con base a la programación y el plazo de ejecución de la obra; sin embargo el monto señalado fue redirigido en algunos puntos, por la firma para cubrir gastos de provisión de equipos”.

Esta medida violó el pliego de la licitación, ya que el anticipo recibido solo debía destinarse a fines relacionados con el objeto del contrato.

La firma EISA no pudo cumplir con los compromisos pese al anticipo de USD 6 millones, y según resalta la Contraloría, en enero del 2023 subcontrató a la empresa Ocho A SA, del empresario Luis Alberto Pettengill, para que esta se encargue de ejecutar la construcción del nuevo tren de molienda de Petropar. 

Fue así que se dispuso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una especie de cesión de derechos para sacar a EISA del camino y dejar en manos de la empresa del amigo del expresidente Mario Abdo Benítez.

Ante el lapidario informe del órgano contralor, el nuevo titular de Petropar, Eddie Jara, dispuso la realización de un profundo análisis del contrato firmado entre su antecesor y la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), para dimensionar las resoluciones adoptadas en la administración anterior, sus fundamentos administrativos y el grado de sujeción al contrato de las determinaciones adoptadas en ese contexto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.