A las 9:00 de la mañana está marcada la audiencia de declaración indagatoria del coronel Luis Belotto, ante el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Además, la esposa Lidia de Belotto fue convocada para las 10:00 de la mañana, en el marco de la misma causa.

Ambos están imputados por soborno agravado, porque supuestamente intentaron “comprar” a uno de los custodios de la cárcel de Viñas Cue, para ingresar clandestinamente un celular a la celda de Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

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Al respecto, el juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de Lidia de Belotto, en la cárcel del Buen Pastor.

Los elementos que se manejan son: llamadas telefónicas, mensajes y encuentros entre el coronel, su esposa y el subalterno, quien cumplió con su deber de denunciar y no cedió a la oferta inicial de 10 millones de guaraníes.

El coronel prestaba servicios en el Estado Mayor y ahora se encuentra  recluido en el Comando General de Ejército.

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Esta competencia es considerada la más prestigiosa del mundo en el ámbito de las matemáticas para jóvenes, reuniendo a delegaciones de más de 100 países.

Fernando, alumno de segundo año de la media, y Alejandro, de primero, forman parte de un grupo de cuatro estudiantes que fueron elegidos por su destacado desempeño en el programa Jóvenes Talentos, impulsado por la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMAPA).

Para ingresar a este selecto grupo, es requisito haber figurado entre los finalistas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que convoca anualmente a estudiantes de instituciones educativas tanto públicas como privadas.

El equipo nacional partió rumbo a Australia el jueves 10 de julio, y tiene previsto su regreso el 21 del mismo mes. Este logro representa un motivo de orgullo no solo para el Colegio Torrefuerte — institución que este año celebra su décimo aniversario—, sino también para toda la comunidad educativa del país

En redes sociales y medios de comunicación, saltaron publicaciones sobre el supuesto despido ilegal de una mujer embarazada, identificada como Nancy Marlene Ferreira.

Al respecto, la Municipalidad capitalina emitió un comunicado, aclarando lo siguiente: “El Interventor, ni la gestión a su cargo, ha firmado ni dispuesto sumario ni desvinculación alguna de la persona mencionada. Por tanto, la información publicada al respecto es completamente falsa y pasible de acciones judiciales”.

No obstante, el comunicado aclara que la verificación documental del caso evidencia que existe un Sumario Administrativo abierto a la citada funcionaria en el año 2024, ante la Unidad Sumarial a cargo del Departamento de Relaciones Laborales.

Mediante Resolución N.o 1333/25, de fecha 20 de junio de 2025, anterior al inicio de la Intervención, y con las firmas del Intendente Municipal y la Secretaria General, se dispuso la destitución e inhabilitación de la mencionada funcionaria por el término de dos años.

“Dicha Resolución se encuentra a disposición de la afectada y/o de las autoridades judiciales competentes. Esta aclaración se realiza en virtud del compromiso de la Intervención con la transparencia y la legalidad, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder para garantizar el normal cumplimiento de sus objetivos institucionales”, refiere el comunicado.

La agente fiscal Sandra Ledesma, de la Unidad N.º 1 de San Antonio, representó al Ministerio Público en juicio oral y público y obtuvo 12 años de prisión contra un hombre hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. El mismo estaba sindicado de haber manoseado en varias oportunidades a una niña de 9 años de edad.

La agente fiscal logró demostrar la existencia del hecho punible y la autoría del acusado con las declaraciones de las psicólogas forenses del Ministerio Público y las testimoniales ofrecidas, que fueron producidas en juicio, además de la Cámara Gesell.

El Tribunal de Sentencia llegó a la conclusión de condenar al hombre a la pena privativa de libertad de 12 años, quedando así demostrada su conducta en el hecho punible por el que fue imputado y acusado.

El Tribunal de Sentencia de Luque, Área Central, fue presidido por el juez Rodrigo Duré, y como miembros actuaron los magistrados Lilian Flores y Jorge Romero.