Combatir la informalidad y el contrabando, espera Capasu con el próximo Gobierno

La Cámara Paraguaya de Supermercados tiene grandes expectativas en el Gobierno electo, en relación a la informalidad y al contrabando. Además, se pone a disposición para campañas de abaratamientos de precios, siempre que se den las condiciones.

El titular de la Capasu, Alberto Sborovsky, calificó de excelentes las últimas elecciones generales y habló del escenario que encontrará la nueva administración en los diferentes ámbitos.

“Tenemos muchísimos desafíos por abordar, el combate a la informalidad y al contrabando deben ser encarados de manera absolutamente diferente”, expresó Sborovsky, en una entrevista con el canal Gen- Nación Media.

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Respecto a la relación de Capasu con el Gobierno, explicó que, no pretenden pagar menos impuestos, sino que esperan que la cancha esté ordenada para poder crecer en un ambiente de formalidad, donde se perciba que los controles realmente se realizan.

“Estamos a la orden para cualquier campaña de abaratamiento y para bajar los precios de la canasta básica a partir del consenso y de acciones con los proveedores”, afirmó el supermercadista.

Sobre el punto, indicó que, si bien, mientras el costo de la materia prima se mantenga por las nubes, será difícil disminuir los precios, existe la posibilidad de conversar con los proveedores. “Al ordenarse muchas cosas en la economía, ahí se pueden dar ese tipo de acciones”, concluyó.

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Peña anuncia suba de más de G. 140.000 en el salario mínimo

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció este martes un incremento del 5% en el salario mínimo. Se trata de un reajuste de G. 144.952.

Durante su intervención en la presentación de su informe ante la ANR, el mandatario señaló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el período fue del 2,4%, lo que representaba un aumento cercano a G. 69.000 para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Un número que claramente es muy bajo para la clase trabajadora”, expresó Peña al justificar la decisión de elevar el porcentaje de ajuste.

En ese sentido, informó que resolvió duplicar el incremento inicialmente calculado. “He tomado la decisión de duplicar ese monto y que el incremento sea del 5%. Es un número equilibrado y no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido equilibrar”, afirmó.

El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera una serie de reuniones sin alcanzar consenso entre empleadores y representantes de los trabajadores. Mientras los gremios empresariales proponían limitar el ajuste al 2,4% determinado por el Banco Central del Paraguay, las centrales obreras reclamaban un incremento de entre el 20% y el 22%, argumentando una pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos años.

Las organizaciones sindicales sostenían que el salario mínimo requería un aumento de entre G. 579.000 y G. 637.790 para compensar el encarecimiento del costo de vida acumulado, mientras que los empleadores insistían en ceñirse al mecanismo tradicional basado exclusivamente en la inflación.

Ante la falta de acuerdo, el Conasam decidió recomendar un reajuste que contemplara no solo la inflación, sino también otros factores económicos y sociales, aunque sin revelar el porcentaje sugerido.

Con el incremento del 5% anunciado por el Ejecutivo, el salario mínimo pasaría de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales, lo que representa una suba de G. 144.952 para los trabajadores que perciben el sueldo básico.

Habilitan transbordo gratuito entre los nuevos buses eléctricos y 39 líneas tradicionales

Los usuarios de unas 39 líneas del sistema de transporte público ya pueden conectarse con los buses eléctricos mediante el sistema de transbordo. Además, las líneas E1, E2 y E3 permiten combinaciones entre sí, ampliando las opciones de viaje.

El nuevo esquema de integración abarca a un total de 26 empresas permisionarias que ya están habilitadas para interactuar con la flota eléctrica.

Entre las compañías incorporadas a este beneficio se encuentran firmas tradicionales como Automotores Guaraní (líneas 15 y 47), Capiatá S.R.L (líneas 53, 58 y 128), La Sanlorenzana (líneas 45, 50 y 56), Grupo Bene (líneas 11 y 203), La Limpeña (líneas 20, 49 y 220) y TTL S.A (líneas 23, 24 y 33).

Además, se suman al sistema los itinerarios de empresas como Aldana S.A, De la Conquista, Ñandutí, Vanguardia, Ciudad de Limpio, Ciudad de Luque, Cerro Koi, General Aquino, Mariscal López, Puerto Falcón, San José Obrero, GMT y T, 1° de Diciembre, 16 de Noviembre, 3 de Febrero, Asociación de Usuarios, Ciudad de Villeta, El Bus, La Chaqueña y La Lomita.

Para acceder al beneficio, los pasajeros que utilicen cualquiera de las líneas mencionadas podrán abordar posteriormente los buses eléctricos en los trayectos E1, E2 o E3 de forma completamente gratuita.

El sistema establece una ventana de tiempo de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje para realizar hasta dos transbordos sin costo adicional. Las combinaciones se pueden realizar de forma interna entre las tres líneas de electromovilidad para ampliar las opciones de cobertura.

El proceso opera mediante validaciones automáticas que reconocen el historial de viaje del usuario y aplican el beneficio tarifario de manera inmediata.

Constructoras esperan luz verde para cobrar intereses por pagos atrasados

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) celebró la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que busca habilitar el pago de intereses generados por certificados de obras públicas pendientes. Según el gremio, se trata de una medida que podría aportar mayor previsibilidad financiera a las empresas constructoras.

La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, autoriza al Estado a emitir bonos o títulos de deuda pública para obtener recursos destinados a cancelar compromisos atrasados con contratistas de obras públicas.

Desde Cavialpa señalaron que la propuesta representa un paso importante para reconocer el impacto económico que sufren las empresas cuando los pagos se retrasan durante largos períodos. El proyecto establece una tasa máxima de interés del 9,9% anual y fija un plazo de 90 días para calcular los montos adeudados una vez promulgada la ley.

De acuerdo con el sector, las deudas acumuladas por certificados de obras rondan actualmente los USD 300 millones, de los cuales cerca de USD 100 millones corresponden a intereses generados por las demoras en los desembolsos.

Los representantes de la construcción sostienen que la regularización de estos pagos contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica de los contratos, recuperar la confianza entre el Estado y las empresas privadas y garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país.