A propuesta del concejal Héctor Alfonso, la Junta Municipal de Villa Hayes aprobó por unanimidad la redacción de una solicitud para que la Contraloría General de la República (CGR) audite las obras de mejora del polideportivo del barrio Remansito. Las sospechas apuntan a supuestas irregularidades cometidas por el intendente Esteban Ríos en la adjudicación de los trabajos.

Según los antecedentes, para la remodelación del Polideportivo Remansito se desembolsaron más de 830 millones de guaraníes. A mediados del año pasado, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un informe negativo al respecto e hizo una serie de recomendaciones a la Municipalidad para evitar irregularidades o falencias iguales a las detectadas en la verificación hecha en esta obra, respecto a la elaboración de las especificaciones técnicas y al control y seguimiento de los contratos.

En la noche del martes 15 de junio se realizó el acto inaugural del polideportivo municipal, que cuenta con vestuarios, baños, reacondicionamiento de graderías y pista deportiva, y un techado con estructura metálica en una superficie de 1.536 metros cuadrados de construcción.

La concejala de Villa Hayes, Diana Rojas (ANR), indicó a La Nación que el pedido obedece a que desde la Junta jamás aproba­ron la obra en cuestión y des­conocen los detalles técnicos de su ejecución. Asimismo, indicó que la semana pasada fue inaugurada la obra, por lo que temen por la seguridad de los ciudadanos que quieran usufructuar el predio.

Señaló que los ediles aprobaron por unanimidad que la asesoría jurídica ela­bore la nota que será apro­bada el próximo martes en la sesión del pleno de la Junta Municipal. “Tenemos prác­ticamente nula informa­ción, hicimos un pedido a la intendencia, al Ejecutivo, un pedido de informe sobre toda la ejecución y no tuvimos res­puesta”, expresó.

Por su parte, el concejal Héc­tor Alfonso (Partido de la Par­ticipación Ciudadana) recordó que la obra se financió mediante un bono municipal, pero desconoce el costo final de la obra porque estos datos no fueron compar­tidos con el Legislativo.

“Habíamos aprobado un bono para que se realicen cuatro obras de gran envergadura en el distrito de Villa Hayes y una de estas obras era el polideportivo que estaba presupuestado inicialmente en G. 833 millones y se eje­cutó, pero no pasó por la Junta Municipal el llamado, ni siquiera el pliego de bases y condiciones”, dijo.

Recordó que luego de los derrumbes de la obra solici­taron un sumario a la muni­cipalidad, pero el intendente hizo caso omiso a los recla­mos. Precisamente por esta falta de respuestas por parte de la cabeza de la comuna villahayense es que los edi­les están solicitando la inter­vención de la Contraloría en el proceso.

“Nosotros los chaqueños, los villahayenses, somos aman­tes del fútbol de salón, estas actividades siempre aglome­ran a muchísimas personas de distintos puntos del país”, comentó el concejal quien agregó que ni siquiera saben si es que la obra cuenta con una póliza de seguros ante un posible siniestro.

CONTRALORÍA HALLÓ IRREGULARIDADES EN EL PASADO

Por otro lado, cabe recordar que la Contraloría General de la República (CGR) detectó el año pasado una serie de irregularidades en la administración de Esteban Ríos Ayala luego de llevar a cabo una auditoría en la municipalidad.

Una de las observaciones de la CGR tiene que ver con nombramientos y contratos de familiares y parientes del intendente, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5.295 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.

El diario La Nación había publicado en julio del 2019 la nómina de parientes de Ríos Ayala en el municipio y eran entonces cerca de una decena. El sueldo del intendente y sus familiares cuestan al municipio cerca de G. 60 millones al mes y al año más de G. 760 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.