Condenan a dirigentes camioneros que habían pedido coima para no cerrar rutas
La Justicia condenó a dos años de prisión, con suspensión de la condena, a los cinco dirigentes camioneros acusados de un pedido de coima al exministro del Interior, Federico González, para evitar el cierre de rutas.
El juez penal de garantías José Agustín Delmás confirmó la condena contra cinco dirigentes camioneros que afrontaban un proceso penal por extorsión.
Se trata de Ángel Zaracho y Juan Friedenlieb (de la Federación de Camioneros del Paraguay), Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Vicente Medina (Asociación de Camioneros Caaguaceños) y Julio César Solaeche (Asociación de Camioneros Ovetenses).
Antecedentes: Camioneros exigieron USD 1 millón para no cerrar rutas hasta el final del gobierno
La pena que recibieron los transportistas es de dos años de prisión con suspensión de la condena, ya que el juicio se realizó con la aplicación del procedimiento abreviado.
El pedido fue allanado por los fiscales Luz Guerrero y Francisco Cabrera, siendo ratificado a su vez por la fiscal adjunta Soledad Machuca, quienes aceptaron esta salida procesal.
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Los procesados deberán someterse a ciertas reglas de conducta, como comparecer frecuentemente ante el Juzgado o realizar donaciones a instituciones o entidades benéficas, como parte de la medida impuesta.
Cabe recordar que estos cinco dirigentes camioneros fueron detenidos en abril del año pasado tras solicitar una coima de USD 1.000.000 al entonces ministro del Interior, Federico González, a modo de no realizar cierres de rutas hasta la finalización del anterior gobierno.
Presentan el Plan Anticontrabando 2025 para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito
El director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, encabezó este jueves una reunión interinstitucional en la que fue presentado el Plan Anticontrabando 2025, una estrategia coordinada que busca reforzar la lucha contra el comercio ilícito en el país.
El encuentro contó con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y del viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de representantes de otras instituciones estatales y del sector privado, como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE).
Durante la apertura, el titular de la DNIT, destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la directriz clara del presidente de la república Santiago Peña al respecto. “Vamos a continuar la lucha contra el contrabando, que es muy compleja y no lo podremos hacer sin apoyo de todas las instituciones”, precisó Orué.
Por su parte, el titular del MIC, reiteró el respaldo de su cartera a las acciones contra el comercio ilegal. “Desde el MIC nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos en esta causa”, subrayó.
El combate al contrabando ha logrado resultados significativos en el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante el 2024. Con la implementación del Plan Anticontrabando 2025, el Gobierno busca fortalecer estos esfuerzos, optimizar la coordinación interinstitucional y garantizar un mayor resguardo del comercio formal y la seguridad de la ciudadanía.
Fiscalía reporta más de 22.500 casos de hechos punibles contra niños en el 2024
De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a diciembre del año 2024 fueron atendidas 22.540 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes.
El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.
Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.
De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.
Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.
Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).
Pornografía relativa a Niños y Adolescentes
Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.
Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.
JEM solicitará informe a Fiscalía para avanzar en proceso contra jueza y fiscales
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitará un informe a la Fiscalía sobre el estado procesal de la jueza Sadi López y las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura.
Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó el caso vinculado al diputado Orlando Arévalo.
En tal sentido, resolvieron solicitar a la Cámara de Diputados la designación de un nuevo representante en su reemplazo, a raíz de la solicitud de permiso que había presentado días atrás.
Por otra parte, fueron analizados los casos relacionados a la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes también fueron relacionadas con el legislador colorado.
Finalmente el pleno del JEM decidió solicitar un informe al Ministerio Público para conocer el estado procesal de las magistradas denunciadas, de modo a determinar si las mismas ya fueron imputadas y conocer su situación procesal.
Esto permitirá avanzar en el enjuiciamiento de las acusadas por hechos punibles, conforme al artículo 13 de la ley que rige el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.