Un grupo de funcionarios presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra José Enrique García por una serie de presuntas irregularidades. En primer lugar, sostienen que se autorizó la contratación de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para la elaboración del manual de funciones del ente.

Ambos cobraron G. 108 millones cuando finalizó el contrato, en noviembre del 2017. Sin embargo, en la Contraloría no existe un documento que avale la realización del trabajo. Pese a este antecedente, Martínez Irigoitia fue nombrada en el mismo mes de noviembre como directora general de Gabinete del contralor.

En paralelo, la Dirección General de Planificación de Informes es la responsable de elaborar la estructura orgánica y funcional del manual de funciones de la Contraloría. Esta dependencia, que está a cargo de Zulma Coronel de Hellman, está realizando el trabajo que tuvo que haber sido llevado a cabo por la consultora por lo que el pago de G. 108 millones no se justifica.

Por otro lado, los funcionarios en la nota criticaron la autoasignación de viáticos pagados de más para el viaje a Madrid, España, en noviembre del 2017. El evento duró cuatro días pero se le asignó gastos por 10 días y, según cálculos, el contralor tuvo que haber llevado solo G. 12 millones y no G. 21 millones como lo hizo.

También mencionan que en diciembre del 2016 se promulgó la ley que amplió el presupuesto para la Contraloría que en teoría iba a servir para funcionarios pero que el contralor, en un “evidente uso de sus facultades discrecionales” priorizó el nombramiento en estos rubros a sus allegados, modificando incluso la estructura de la organización.

Finalmente, los funcionarios piden que se libre oficio a la Contraloría solicitando informes de los trabajos realizados por la consultora para elaborar el manual de organización y funciones. También solicitan fijar audiencia testifical para Zulma Coronel de Hellman, directora de Planificación de Informes.

También piden audiencia y se impute al contralor José Enrique García y finalmente se traiga a la vista el contrato entre la Contraloría y la Consultoría CAE.

RENUNCIA

A través de una carta cuya copia fue remitida a la redacción de HOY Digital, Quiñónez Astigarraga, director general de Control de Organismos Municipales y hermano de la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, enumeró tres motivos por los cuales presenta su renuncia a la Contraloría.

En primer lugar dijo que la dirección a su cargo sufrió un sinnúmero de situaciones “poco profesionales” y un “desgaste institucional”, empezando por la eliminación de la facultad de controlar las rendiciones de cuentas de las instituciones.

“En los últimos tiempos he recibido denuncias verbales de varios intendentes que alegan que funcionarios recientemente nombrados y que responden a la jefa de Gabinete, Martínez Irigoitia, han solicitado audiencias privadas para discutir la suerte de las auditorías”, expresó.

Indicó que luego de haberse solicitado el juicio político a García, fueron enviadas notas a casi el 90% de las municipalidades de todo el país buscando someterlas a sus intereses políticos y personales. “Con esto se estaría gestando la entrega de favores políticos a cambio de impunidad y sacando a funcionarios de carrera para ubicar a operadores políticos sin idoneidad, denigrando la institucionalidad y obstruyendo claramente el sentido de transparencia de la institución”, agregó.

Por otro lado, siempre según la carta, la Opaci y sus integrantes firmaron una nota manifestando que no permitirán el ingreso de auditores hasta tanto García no se aparte del cargo en razón de la imputación fiscal que pesa en su contra.

“A este extremo debemos adicionar que los propios auditores me han señalado que no tienen la intención de salir al interior a realizar los trabajos de auditorías porque se sienten avergonzados por la discriminación que reciben”, sostuvo.

Indicó que a los funcionarios les dicen que la institución no tiene altura moral para realizar trabajos de control cuando su propia cabeza tiene asuntos pendientes con la justicia, además de distintos cuestionamientos éticos en su función.

“Los funcionarios de la Contraloría solicitaron al señor contralor que se aparte del cargo mientras dure la investigación penal. El señor contralor y todos los directores generales hemos apoyado la remoción de los cargos y hemos apartado de los trabajos de auditorías a todos los funcionarios que han sido imputados por el Ministerio Público en los últimos meses (cualquiera sea el motivo de la imputación)”, añadió.

Finalmente, Quiñónez Astigarraga sostiene que le parece una “falta de coherencia” del contralor que no se aparte del cargo y que no adopte el mismo criterio que hasta hoy se ha tenido para los funcionarios.

“Yo renuncio y espero que usted también lo haga, por el bien de la institucionalidad y la transparencia”, culmina.

José Enrique García se encuentra imputado por la Fiscalía y a las puertas de un juicio político en el Congreso. Ya habrían los votos para iniciar el proceso y podrían sacarlo del cargo de contralor.

Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú tomaron intervención en un caso de violencia familiar registrado el día lunes en una vivienda situada en la fracción Los Laureles del Km 24 Monday.

La persona que formalizó la denuncia ante las autoridades fue María Dominga Ruiz, de 40 años, quien afirmó haber sido agredida físicamente por su pareja, de nombre Edgar Rolón, de 40 años.

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Según menciona el diario La Clave, la mujer aquel día llegó a su domicilio cerca de las 18:30 hs, encontrando a su concubino en total estado de ebriedad.

El hombre alcoholizado le reclamó que supuestamente había llegado tarde de su trabajo, tras lo cual empezó a maltratarla verbalmente. La discusión fue subiendo de tono, al punto en que decidió propinarle un golpe de puño a su pareja.

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A raíz de la agresión y presa del miedo, Ruiz decidió escapar de la casa junto con su hijo de 9 años, refugiándose en la vivienda de una vecina, desde donde se comunicó con la Policía.

Tras recepcionar la denuncia, los uniformados de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron rápidamente al lugar y procedieron a detener al violento sujeto, quien permanece recluido en el calabozo.

Un hombre fue detenido en la madrugada de ayer sobre la avenida República Argentina, a la altura del barrio Terminal de Asunción, tras ser encontrado en su poder un vehículo que fue denunciado como robado. Se trata de Jonhatan Marcos Aravena Cataldo, de 29 años, quien reside en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré.

De acuerdo al informe policial, Liz Caterine Toledo, propietaria del automóvil Toyota Vitz, con chapa AABP374, denunció el robo de su automóvil en la comisaría 6°. Sin embargo, un hecho muy llamativo ocurrió después y, es que camino a su domicilio, vio su vehículo en una estación de servicio, por lo que llamó al sistema 911.

La rápida acción policial permitió la recuperación del móvil en cuestión, además de la aprehensión del sospechoso. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Daniela Benítez, quien dispuso que el rodado sea entregado a su dueña bajo acta policial.

Días atrás se registró un grave accidente hogareño en una vivienda del barrio San Roque de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima del hecho Elvio Lugo Vera, de 58 años de edad, quien acabó con serias lesiones en el cuerpo tras ser afectado por la explosión de un pozo ciego.

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Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que el hombre se acerca a revisar la fosa séptica ubicada en la vereda de su domicilio y, repentinamente, se produce una explosión que lo lanza por el aire.

Aparentemente, la explosión se produjo a consecuencia de una chispa generada por la raqueta matamoscas que Lugo utilizó al momento de revisar el pozo ciego.

Cabe recordar que los residuos acumulados en este tipo de espacios se fermentan y con el paso del tiempo generan gases como sulfuro de hidrógeno o metano, que son altamente inflamables.

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La víctima acabó con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, además de fracturas en ambas muñecas, la tibia y el peroné de la pierna derecha y una fisura del tobillo izquierdo. Así también, quedó con los ojos dañados (principalmente el izquierdo, donde perdió la vista) y sin su dentadura.

A raíz de los múltiples gastos que conllevará la recuperación de Lugo, su familia prevé organizar una serie de actividades benéficas, con el fin de recaudar fondos que permitan solventar su tratamiento.