El contralor Camilo Benítez sostuvo que una de las organizaciones no gubernamentales que recibió más recursos del Estado es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), pero que no presentó documento que avale el uso de esos fondos, de acuerdo a lo informado por la periodista Francisca Pereira, de Nación Media.

Vale recordar que, con el escándalo de la repartija de honorarios entre el clan del presidente de la ONG con transferencias millonarias que recibe del Estado, el contralor general de la República ordenó revisión inmediata de las rendiciones de cuentas del uso de las millonarias transferencias recibidas a través del Sistema Nacional de Formación y Capacita­ción Laboral (Sinafocal) en el marco del proyecto de “Reactivación económica posco­vid”.

Nota relacionada: Tras destape, Contraloría revisa rendiciones de cuenta de ONG

El análisis del ente de control se inicia a raíz de las publicaciones de La Nación Investiga en las que se reve­laron festín en consultorías, honorarios, jornales entre el clan del titular de la organiza­ción, Agustín Carrizosa.

El proyecto poscovid que costó al Estado G. 6.093 millones sirvió como bolsa de empleo para el clan Carrizosa y para el financiamiento de varios operadores políticos de la cam­paña del equipo del expresi­dente Mario Abdo Benítez que mientras hacían proselitismo recibían plata dulce del Estado, a través del CIRD.

HECHOS PUNIBLES REMITIDOS A LA FISCALÍA

Por otro lado, el contralor Benítez refirió que hay presunción razonable para hacer los reportes ante la Fiscalía por indicios de hechos punibles, que son sospechas del equipo auditor que encontró las irregularidades en las instituciones del Estado, tales como MOPC e IPS. En septiembre pasado, la Contraloría remitió 54 reportes al Ministerio Público, según los datos manejados por la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Esta declaración la realizó durante la reunión extraordinaria de la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde se presentó el dictamen de la comisión y se emitieron recomendaciones a las instituciones pertinentes para un mejor trabajo coordinado referente a los hechos punibles denunciados.

Por su parte, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, quien también participó del encuentro con los legisladores, refirió: “como verán hay causas que están abiertas, y otros que están en estudio de correspondencia. Hay que entender que el informe que emite la Contraloría como institución tiene que ser examinado en correspondencia. No son evidencias en la plenitud que merece el término, sino simplemente informaciones que sirven para encabezar actos procesales, entre ellos, la conformación de equipos de trabajos, la investigación preliminar, algunos que ya están en movimiento.

Continuó, “Dentro de ese régimen procesal nosotros estamos comprometidos en nuestra labor desde el 10 de marzo de este año

y estamos trabajando en la plenitud en donde se puede. Estas informaciones son complejas no refieren simplemente a un acto material como ocurre siempre en el orden penal. Tenemos una dimensión importante que tenemos que ir verificando y en la medida que tengamos la información comienza el proceso. Comprometemos nuestra tarea, nuestra gestión

para lo mismo. Las

carpetas deben ser examinadas de forma exhaustiva, nuestra promesa, nuestro proyecto es que ninguno de esos queden simplemente en arcas del olvido”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.