El inicio de la nueva administración del Ministerio de Justicia trajo consigo algunos anuncios de cambio y ciertas acciones concretas, en estos casi dos meses de gestión.

El pasado 28 de septiembre, Barchini resolvió cambiar al director de Tacumbú. Nombró a Luis Esquivel en reemplazo de Manuel Garay. Se dio luego de la confirmación de que Gregorio Papo Morales consumía cocaína dentro del penal.

Días después, el martes 2 de octubre, Barchini reveló en una reunión del Consejo de ministros, un plan que podría implicar pérdidas de vidas humanas, y que pretende emprender para recuperar el control de Tacumbú, actualmente en manos del clan Rotela.

Sobre el punto, indicó que, dentro de su propio entorno existen funcionarios que filtran las informaciones a favor del clan Rotela, cuyos integrantes se enteran de todas las conversaciones confidenciales que mantiene con las autoridades.

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Uno de los pedidos para solucionar el gravísimo problema es el uso del polígrafo para detectar quiénes mienten.

Esta serie de medidas y anuncios, que, podrían describirse como el inicio de una pulseada para que el Gobierno retome el control de la situación penitenciaria, que generó reacciones del clan Rotela.

Ayer se pegaron el “lujo” de convocar a la prensa para mostrar un video y demostrar que Oliver Lezcano está vivo y que no fue secuestrado ni asesinado por el clan, como lo llegó a insinuar Barchini. Aquí recibieron el primer “no” a sus caprichos, pues las autoridades penitenciarias no permitieron el acceso a los medios, por tratarse de un simple capricho de los reclusos, que no tienen derecho alguno a disponer lo que se debe hacer en el penal.

Posteriormente, el Ministerio comunicó que Lezcano efectivamente se fugó del penal, hipótesis que, de hecho, ya fue mencionada por el Gobierno como la más potable, semanas atrás.

Inicialmente la exigencia era que el ministro Barchini se presente. Sin embargo, ahora le agregaron otros “pedidos innegociables”, es decir, cuyos incumplimientos implican que continuarán reteniendo a 22 guardiacárceles y al director del penal.

Las exigencias son: la reapertura de Tacumbú a nuevos ingresos, el traslado a Tacumbú de los ‘soldados’ del clan Rotela recluidos en cárceles del interior y la suspensión definitiva de la intervención que se pretende hacer en Tacumbú.

En síntesis, todas las “exigencias” de los Rotela son en contra de todas las medidas contempladas por el Ministerio para que el Estado retome el control penitenciario, como corresponde.

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El licenciado Édgar Fernández, presidente del sindicato de trabajadores y funcionarios del SNPP, indicó que si bien no están ajenos a la crisis financiera que atraviesa el IPS y la necesidad de que esta institución se recupere, no acompañan el cambio que se pretende introducir a su carta orgánica.

“Entendemos la situación del IPS, pero uno de los principales coadyuvantes para formalizar el empleo es el SNPP con los egresados formados”, expuso en entrevista con Hoy Digital / Nación Media.

Los funcionarios temen que, al dejar el IPS de aportar el flujo de 2,5% de los aportes patronales que se destinan a Sinafocal, Senepa y SNPP, estos servicios queden desfinanciados y ya no puedan seguir operando. “Será casi imposible sostener las unidades operativas, porque no escuchamos que se haya propuesto aún una salida a cómo se sostenerá el SNPP”, dijo. Si bien se llegó a plantear la posibilidad de recurrir a la fuente 10 (Recursos del Tesoro), los funcionarios sindicalizados no confían en esta forma de financiamiento.

Por último, Fernández trajo a colación que la ley de creación del SNPP estableció que los empleadores aporten el 1% para ese servicio, y que se dispuso que el IPS recepcione ese aporte. “No es que el SNPP se apoderó el 1% que se aportaba al IPS, eso es totalmente falso. Sino que se agregó el 1% al IPS para que se destine al SNPP”, aclaró.

El Instituto de Previsión Social (IPS) plantea un proyecto de ley que busca modificar artículos de las normativas de los años 1957, 1967 y 2000. Estas leyes establecen que el 2,5% de los aportes patronales se transfieran al (1%) Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), (0.5%) al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y (1%) al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa).

De aprobarse el proyecto, el SNPP dejaría de recibir 200 mil millones de guaraníes (alrededor de 30 millones de dólares), lo que provocaría el corte del financiamiento de los cursos de capacitación gratuitos que ofrece, en el caso de no establecerse otra fuente de financiamiento. Esto afectaría a unas 150 mil personas, solo este año.

El IPS propone un cambio de financiamiento para estas instituciones, lo cual podría estar sujeto a créditos presupuestarios provenientes de recaudaciones y con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un impacto negativo que podría acarrear esta medida, es el cierre de varias unidades operativas (sedes del SNPP), lo que implicará que la institución deje de estar en todo el territorio del país. Los funcionarios temen que se produzca también una reducción de personal.

¿Qué es el aporte obrero patronal?

El Aporte Obrero Patronal consiste en 25% del Salario percibido por el Trabajador y declarado por el Empleador. El pago del Aporte Obrero Patronal se paga en conjunto por el Trabajador y el Empleador conforme a la siguiente división: Trabajador: 9% Empleador: 16% (13.5% al IPS más 2.5% asignado al SNPP, SINAFOCAL y SENEPA).

La entidad Itaipú, al ser de carácter binacional, distribuye su energía en un 50 % para cada socio propietario. Sin embargo, al ser Paraguay un país que no tiene la necesidad ni la capacidad de retirar el 100 % que le pertenece, Brasil está obligado a absorber el porcentaje restante, pagando un precio en concepto de compensación de energía, no de compra.

Dentro del acuerdo de entendimiento firmado ayer entre Brasil y Paraguay, no solamente se estableció la nueva tarifa de USD 19,28 que regirá por tres años, también otros aspectos de interés para ambos, entre ellos, la habilitación a nuestro país para vender su excedente.

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“A partir de ahora ya podemos, en breve vamos a comenzar a ofertar la energía de Acaray, se puede ofertar al mercado eléctrico brasileño”, explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, durante su visita al canal Gen-Nación Media.

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

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La denuncia que dio pie a la intervención fiscal la hizo el titular de la administración estatal, Félix Sosa. Menciona que son más de 3.300 metros de cables especiales, cuyo costo en el mercado es de 7.300 mil millones de guaraníes (1 millón de dólares).

La manera en que se apropiaban de los cables, era a través de pedidos formales para realizar tendidos y reparaciones en la ciudad de Limpio, y otras localidades. Una auditoría interna de la Ande, sin embargo, detectó que los trabajos en cuestión no se realizaban, y “desaparecían”.

“Estos funcionarios confeccionaban formularios para justificar la utilización, luego se apropiaban y la sospecha es que esos cables tenían un destino diferente”, dijo el fiscal Silvio Corbeta, quien abrió expediente al respecto.

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El mismo sostuvo que hasta ahora no se tiene daros acerca de los que compraban los materiales robados.

“Estas ventas son realizadas en negro y es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros. No me aventuraría a decir con seguridad si es que logramos llegar, salvo que algunos de los funcionarios nos digan y deseen colaborar con el Ministerio Público”, expresó el fiscal Corbeta.

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