En entrevista con Radio Uno, Benigno López dijo haberse retirado “bastante optimista” luego de la presentación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Según indicó, los legisladores “entendieron que tenemos un año difícil y que el año que viene puede continuar siendo difícil si no se dan las condiciones que esperamos que se den”. En igual sentido, habló de “ajustarse los cinturones lo más que se pueda” al tener que aceptar los recortes presupuestarios que fueron contemplados.

López cuestionó que, pese a recibir indicaciones de cómo elaborar sus respectivos presupuestos, las instituciones del Estado de igual manera envían sus pedidos con montos muy elevados. “Hay una creencia popular de que Hacienda tiene dinero y no quiere dar, entonces la gente especula con eso y llegamos a este punto de que nunca están satisfechas las necesidades”.

PEDIDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA UNA

Respecto al pedido de reprogramación presupuestaria exigido por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para lograr la nivelación salarial, el ministro sostuvo que “se ha hecho un esfuerzo muy importante” para otorgar G. 28.000 millones este año y G. 56.000 millones el próximo año, sin contar con los G. 30.000 millones a ser destinados a los funcionarios administrativos de la institución.

“No tenemos más recursos, hay otras entidades que reclaman y les estamos diciendo que no, pero no por una cuestión de análisis de dónde conviene enviar los recursos. Los recursos no alcanzan para los reclamos salariales que tiene el Estado”, afirmó.

Sobre este mismo punto, recalcó que nos encontramos en un año muy complicado a nivel económico por la caída en los ingresos y el bajo nivel de recaudación tributaria. “Todo el sector público está en la misma situación, cuál sería el argumento para decirles sí a unos y a otros no”, acotó.

A su criterio, la UNA tiene margen como para hacer una reingeniería interna de su presupuesto a fin de lograr la nivelación salarial exigida por docentes y funcionarios. Para ello, sugirió tratar de repartir los recursos tributarios del Estado y las fuentes de ingreso que allí se generan.

López cuestionó si es que, atendiendo a la coyuntura actual, debería seguir financiándose a la facultad de Derecho UNA con casi 8.000 alumnos “que después no tienen trabajo” o si es que la casa de estudios debería redistribuir su presupuesto en el lugar en donde está la fuerza laboral. Igualmente, habló sobre cobrar un “arancel diferenciado” para aquellas personas que tengan recursos suficientes como para pagar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.