Eduardo de Gásperi, asesor jurídico de Copesa y Shell, informó sobre la crítica situación que atraviesan las empresas paraguayas compradoras de gas, ante la nueva traba injustificada impuesta por Argentina.

“Todas las empresas, incluida Petropar, han enviado camiones para el retiro de GLP a las plantas argentinas y recibimos la documentación, no formal, sino informal de las plantas, en donde nos dicen que no pueden proceder a la carga porque tienen una orden de Aduana de no cargar”, comentó De Gásperi, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

La negativa injustificada y unilateral se da, pese a que los productos ya están abonados y cuentan con los permisos de exportación de las autoridades argentinas del rubro.

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“El GLP todas las plantas hoy tenemos stock hasta la segunda quincena de octubre, pero necesitamos traer estos productos para garantizar lo posterior. Si esto se soluciona esta semana esto no afectaría”, indicó De Gásperi.

Sin embargo, si la situación de prolonga, advirtió, se pone en riesgo el abastecimiento local y la gran posibilidad de que el gas falte en el mercado. El mercado nacional depende en un 90 % de las empresas privadas y en un 10 % de Petropar.

#ArribaHoy ☀

Trabas del gobierno argentino: "Tenemos combustible para cubrir todo octubre".

📞Eduardo de Gasperi, empresario.

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— GEN (@SomosGEN) October 2, 2023

Se le solicitó una intermediación al Equipo Económico, a fin de conversar con los proveedores bolivianos y disponer el aumento de la actual provisión.

“Hoy las soluciones son parciales, pero estamos muy optimistas de que pueda solucionarse definitivamente una vez que terminen las elecciones. No podemos estar en esta situación durante mucho tiempo, estamos en jaque”, afirmó.

En cuanto al combustible, todos los emblemas disponen stock para la cobertura hasta fin de mes. La compra de este producto se divide en dos: los directamente adquiridos de Argentina y los traídos de extrazona, pero, en ambos casos deben pasar por el país vecino.

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En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.