Durante la pandemia del Covid-19, Paraguay pagó como anticipo cerca de siete millones de dólares al mecanismo Covax, a cambio de la entrega oportuna de vacunas para inmunizar a la población y evitar los fallecimientos masivos, como se temía.

Sin embargo, el tiempo pasó y la población comenzó a morir de covid sin que haya señales de esas vacunas. Posteriormente, la ciudadanía fue inmunizada con donaciones de Estados Unidos y de otros países.

Cuando la situación ya estaba más calmada, Covax empezó a enviar vacunas. Llegó a 300.000 dosis. Con esta cantidad, quedó un saldo de cinco millones de dólares a favor de Paraguay, dinero que Covax se niega a devolver y, antes bien, propone salidas que implican que nuestro país siga tirando dinero.

“Tenemos los argumentos jurídicos que demuestran que las alternativas que muestra Covax para salirnos no son justas, equitativas ni se corresponderían con diferentes normativas nacionales e internacionales”, explicó el procurador Marco Aurelio González, en una entrevista con Gen-Nación Media.

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Detalló que las propuestas de Covax son dos:

En el caso de que Paraguay pretenda salir del mecanismo, deberá no solamente renunciar a esos 5 millones de dólares, sino también depositar 186.000 dólares adicionales, que completarían el costo de la salida.

La segunda, que Paraguay reciba las vacunas restantes acordadas, es decir, 3 millones de dosis. Esto implicaría otro depósito adicional de 33 millones de dólares, lo que representaría pérdidas por donde se mire, pues nuestro país ya no necesita de esas vacunas.

“Creemos que Covax debería comprender la situación y hacerse responsable, porque según datos del Ministerio, Paraguay (en ese tiempo) tenía el mayor índice de personas fallecidas, el menor índice de personas vacunadas y en ese momento había países que sí estaban recibiendo vacunas y Paraguay no, pese al pago en tiempo y en forma”, indicó el procurador.

Si no se llega a un acuerdo amistoso, la Procuraduría General de la República recurrirá a un arbitraje internacional.

LOS CULPABLES DE LA FIRMA

En un estadio posterior a la resolución de este conflicto, también se investigará a las personas que firmaron por Paraguay el contrato, cuyo incumplimiento derivó en miles de muertes.

Julio Mazzoleni como ministro de Salud y Mario Abdo Benítez como presidente de la República son los rostros de la firma del nefasto documento.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.