Alfredo Delgado, presidente de la Fundación San Joaquín y Santa Ana, que se encarga de los tres hogares que albergan a adultos mayores, comentó a Hoy Digital que ayer falleció el abuelito que fue internado el jueves pasado en el Hospital de Barrio Obrero y anteayer murió el que fue enviado el viernes pasado al de Itauguá.

De esta manera, en tan solo una semana, suman ya cuatro abuelitos del Hogar San Joaquín que no resistieron al virus. “No se hizo todo lo que se pudo, recién cuando zapateamos y expusimos el caso luego de que intentaran callarnos, se pudo conseguir las dos camas para los abuelitos, no sabemos si hubieran resistido si es que se los internaba con más tiempo”, indicó.

En ese hogar están actualmente 10 ancianos que siguen con Covid pero que no están graves, como al igual que las cuatro enfermeras que los atienden. “A todos los abuelitos les dio diarrea, esperamos completar esta semana y superar esto”, acotó.

Por otra parte, otro adulto mayor del hogar Luigi Giussani, también administrado por dicha fundación, murió ayer por neumonía y estaba con el oxígeno en ese sitio. A esta persona no le quisieron dar un lugar en los hospitales para la internación, según comentó Delgado.

“Los abuelitos murieron sin recibir una atención adecuada, es muy básico lo que nosotros podemos hacer, porque podemos darles oxígeno y alimentos, pero no tenemos equipos de reanimación y tampoco de intubación. Es muy indignante esto, no se hizo todo lo que se debió a tiempo”, insistió.

También cuestionó que a estas alturas de la pandemia los adultos mayores ni siquiera estén inmunizados contra el coronavirus, siendo que el Gobierno tuvo muchísimo tiempo para gestionar la adquisición de las dosis. “Tuvimos un año para prepararnos, pero se pasaron mintiendo y sobrefacturando. Los abuelos debieron ser prioridad para la vacunación, pero hasta ahora ni un solo abuelito fue vacunado. Hasta ahora no nos llamaron a hacer un censo siquiera”, lamentó.

Por último el presidente de la fundación San Joaquín y Santa Ana pidió nuevamente ayuda a la ciudadanía para solventar los gastos del cuidado de los abuelitos y también los costos que conllevó el sepelio de los fallecidos. “Debemos seguir pidiendo el apoyo, dependemos de la colaboración ciudadana porque con el Estado no contamos, literalmente se mandaron borrar del mapa”, dijo.

Agradeció además toda la colaboración ya recibida de la gente solidaria. “Mucha gente vino llorando para donar, eran personas que perdieron a sus familiares por Covid y entendían que era una forma de honrar la memoria de sus seres queridos. Tenían medicamentos que compraron y no pudieron usar, entonces nos donaron. Esta es una experiencia muy fuerte en el hogar, no estamos acostumbrados a que se nos mueran porque no somos una clínica. Las enfermeras incluso entraron en una especie de pánico. Y por eso en el directorio vimos la necesidad de contar con un apoyo psicológico para las colaboradoras”, puntualizó.

Para recibir las donaciones habilitaron una caja de ahorro en Visión Banco, el número de cuenta es 15929383, con RUC 80057581-4. También se aceptan Giros Tigo en el siguiente número: (0981) 292-867.

El las últimas diez semanas no se registraron casos nuevos de sarampión, pero el riesgo de brotes y dispersión de la enfermedad sigue latente debido a que muchas personas siguen sin vacunarse.

Se encuentran actualmente en investigación cuatro personas con sospecha de sarampión, procedentes de San Pedro y de Asunción.

Desde Salud insisten en acceder a la vacunación y completar el esquema para protegerse de esta enfermedad altamente contagiosa.

La mayoría de los casos detectados de sarampión en territorio nacional se ubica en el rango etario de niños y adultos de entre 3 meses a 54 años. Cabe resaltar que ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos, tampoco se reportaron fallecidos.

En San Pedro, Asunción y Central continúan las actividades de intensificación, a fin de monitorear las coberturas de vacunación y realizar la búsqueda activa de sospechosos de sarampión y rubéola.

Los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz, presentaron el requerimiento conclusivo con acusación contra Armando Javier Rotela Ayala por homicidio, toma de rehenes y motín de internos y asociación criminal.

Además del líder del Clan Rotela, también están acusadas otras ocho personas por la supuesta participación en los graves hechos registrados los días 16 y 17 de febrero de 2021 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En la ocasión, ocho internos fueron asesinados y más de veinte agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la acusación y de todas las pruebas. También pidieron elevar el caso a juicio oral y público.

Entre los elementos de prueba figuran: actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligencia y análisis de videos, autopsias, pericias forenses y estudios dactiloscópicos. Además, declaraciones testimoniales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.

Los incidentes habían comenzado cuando se decidió trasladar a otro penal al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, momento en que se amotinaron los miembros del clan Rotela, tomaron de rehenes a los guardias y mataron a 8 reclusos.

También quemaron colchones, causaron destrozos e impidieron que los funcionarios reorganicen el penal y retomen el control.

En cuanto a los homicidios, la Fiscalía sostiene que Rotela impartió órdenes directas de las ejecuciones. Muchos fueron apuñalados y otros decapitados.

Por disposición de la jueza Lici Teresita Sánchez los detenidos en Saltos del Guairá fueron trasladados este sábado a la sede de Judiciales de la Policía.

Andrés Medina Britez, Héctor Valentín Martínez Marín , Arnaldo Giménez , Idalia Samaniego Bernal y Mauro Zarza Suárez están imputados por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, frustración de la persecución penal en grado de tentativa y detentación ilegal de armas.

La megaoperación realizada en Canindeyú sin la Policía Nacionaly con la Senad, la Fiscalía y los militares,asestó un golpe millonario a la “cooperativa de narcos” durante la madrugada del miércoles.

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El pesaje concluyó el jueves por la tarde y los datos indican que el total llega a 88.991 kilogramos de marihuana prensada.Según la Senad, este número es inédito en cuanto a incautaciones en tránsito, esto es, en circulación, no así en allanamientos a propiedades.