Los obispos elaboraron un manifiesto, tras los acontecimientos políticos sucedidos ayer en la Cámara de Senadores. En primer término, la CEP expresa su preocupación por la “premura y los procedimientos poco transparentes, y de objetables conceptos de normas jurídicas vigentes, utilizados para modificar el Reglamento Interno de la cámara de Senadores”.

En segundo lugar refiere que es imperioso que los legisladores, representantes del pueblo, “sean custodios celosos del orden legal establecido y ajusten estrictamente sus acciones a las normas vigentes”. Para la CEP, las decisiones adoptadas “son una muestra de la absoluta falta de consideración y respeto a la institucionalidad democrática que con tanto esfuerzo y esmero hemos conquistado luego de décadas de dictadura”.

Los obispos urgen a los políticos recapacitar sobre lo actuado y consideran prudente “no insistir en la introducción de la figura de la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional”. “Está visto que produce una innecesaria tensión, crispación y polarización social y que, si no se maneja adecuadamente, podría traducirse en violencia con impredecibles consecuencias”, advierte.

Finalmente exhorta a los parlamentarios y líderes que adopten todas las medidas necesarias para pacificar los ánimos, empezando por el respeto irrestricto al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. Además los insta a establecer “un diálogo respetuoso entre todos los sectores para lograr acuerdos, con la misma celeridad que han demostrado al cambiar el reglamento interno”.

Tras una tensa y cambiante jornada, los senadores que respaldan la propuesta de enmienda para impulsar la reelección presidencial, lograron ayer modificar varios puntos del reglamento interno de la Cámara Alta. Con ello, se allana el camino para la admisión del segundo mandato en la Constitución Nacional, según destaca La Nación.

La decisión fue tomada por la mayoría constituida por 25 senadores reunidos en las oficinas del Frente Guasu (FG), con el vicepresidente segundo de la Cámara a la cabeza, el colorado Julio César Velázquez. Este mecanismo fue adoptado ante la negativa tanto del presidente del Senado, Roberto Acevedo, como el vicepresidente primero, Eduardo Petta. De hecho, el liberal rechazó el primer pedido presentado para convocar a sesión extraordinaria. Argumentó que la solicitud no contenía las formas exigidas. Tras un segundo pedido, convocó recién para mañana a las 8:45, antes de la ordinaria, lo cual el oficialismo y sus aliados (llanistas y luguistas) consideraron una maniobra dilatoria ante la cual están facultados a recurrir al vicepresidente segundo.

Velázquez, desde su asiento, dio por entrada el proyecto de modificación y lo remitió a la comisión de Poderes y Reglamentos, el cual dictaminó minutos después con firma 5 de sus 7 miembros, a favor del documento. A continuación, ya en la sesión realizada en la bancada del FG, los parlamentarios aprobaron por unanimidad los artículos 11, 41 (inciso 2) y el 117 del reglamento.

VOTACIÓN A FAVOR DE LA MODIFICACIÓN

Unace: Jorge Oviedo Matto y José Manuel Bóveda

ANR (oficialistas): Oscar González Daher, Lilian Samaniego, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Julio Quiñónez, Julio Quiñónez, Gustavo Alfonso, Nelson Aguinagalde, Mirta Gusinky, Carlos Núñez, Víctor Bogado y Julio César Velázquez.

Frente Guasu: Carlos Filizzola, Hugo Richer, Sixto Pereira y Esperanza Martínez.

PLRA: Ramón Gómez Verlangieri, Blanca Lila Mignarro, Blas Llano, Enzo Cardozo, Julio César Franco, Fernando Silva Facetti, Blanca Fonseca y Zulma Gómez.

Según el anuncio hecho ayer por la cartera financiera, mañana viernes 22 de mayo pagarán a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

El calendario continúa el lunes 25 con los jubilados de la Caja Fiscal.

En cuanto a los salarios, los desembolsos empiezan el martes 26 con los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El miércoles 27 será el turno de las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

Por último, el jueves 28 pagarán a los funcionarios del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales.

El viernes 29 de mayo se deja para los Servicios Personales pendientes.

El fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Deny Pak, presentó la acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del presunto capo narco uruguayo Sebastián Marset, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación la sindica como una pieza activa y fundamental dentro del esquema de blanqueo de capitales de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Según la tesis fiscal, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas del tráfico internacional de cocaína y participó en su inserción en el sistema financiero nacional.

El requerimiento conclusivo fue entregado a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien ahora deberá analizar el documento y fijar la fecha para la correspondiente audiencia preliminar.

Los elementos recabados por la Fiscalía describen detalladamente cómo la mujer utilizó el dinero de origen ilícito para costear un ostentoso nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, montar empresas y adquirir bienes de alto valor.

El eje central de la estructura de lavado atribuida a García Troche fue la constitución de la sociedad “Grupo San Jorge SA”, que operaba bajo el nombre de fantasía “Total Cars”. La acusada poseía el 75% de la participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta empresa fue diseñada con el único objetivo de introducir al circuito financiero legal el dinero proveniente de las actividades del narcotráfico, funcionando como una pantalla para aparentar operaciones comerciales lícitas y justificar los millonarios movimientos económicos del entorno de Marset.

El fiscal Deny Pak sostiene que García Troche, en su condición de pareja del líder de la red, actuó con el propósito de asegurar el disfrute de los beneficios económicos obtenidos mediante el envío de grandes cargamentos de estupefacientes a nivel internacional.

En la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta incluyó en el orden del día el proyecto de ley que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay.

Los tributos exonerados son: el IVA, el Impuesto Aduanero a la Importación, la tasa de despacho aduanero y cualquier otro gravamen aplicable al ingreso de estos bienes.

Se incluyen en la exoneración a camiones hidrantes, vehículos de rescate, unidades de intervención rápida, ambulancias destinadas a la atención de emergencias y cualquier otro vehículo de uso exclusivo de bomberos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar, solicitó la postergación por ocho días, bajo el argumento de que el titular de la DNIT, Óscar Orué, no se presentó a la reunión en la que debía dar su parecer como institución afectada.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de diciembre pasado y tendrá sanción automática el próximo 31 de mayo, razón por la cual no queda mucho tiempo para expedirse al respecto.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen por el rechazo de la propuesta.