La agente mencionó que le niegan también la verificación de imágenes del circuito cerrado de la sede central de la telefónica. Indicó además que no considera que la empresa haya sido embaucada en torno a los registros de llamadas. “Yo creo que también hay que investigar con profundidad a las personas de la telefonía porque me hacen muchos inconvenientes para entregarme datos a mí, que soy la afectada”, manifestó.

“Me dicen que yo no soy parte denunciada ni denunciante, pero yo soy la más perjudicada en este momento. Yo fui la primera en denunciar esta situación, pero esa es la explicación que me dan. No puedo hablar a ciencia cierta porque no tengo acceso a la carpeta fiscal”, expresó en contacto con La Unión R800 AM.

El 12 de diciembre de 2017, Tigo respondió a una nota enviada supuestamente desde la Unidad Penal Nº 1 de J. Augusto Saldívar en la que se hacía un nuevo pedido de extractos de llamadas también de políticos y abogados, solicitud que fue rechazada por la firma telefónica porque pedía mayores elementos y presentaba demasiados errores de forma en el oficio.

Sobre el punto, Aguilar negó que el documento haya sido elaborado y reclamado por ella, manifestando que ella prestó servicios en la mencionada sede fiscal solo hasta el 30 de octubre del citado año.

“A cargo de esa Unidad Penal en ese momento ya se encontraba la agente fiscal Otilia Aguilera, yo ya fui trasladada a la fiscalía de Luque cuando eso. Yo tengo entendido que todo esto estaba en conocimiento de la adjunta y la fiscal que estaba a cargo de esa unidad, yo presumo eso, ellos son los que tienen que dar explicaciones sobre esta situación”, expuso.

Con relación a la primera nota que fue remitida a Tigo y en la que también supuestamente había pedido extractos de llamadas de políticos, empresarios y abogados, manifestó su sorpresa por la celeridad con la que actuó la empresa, ya que solo dos días después de haberse presentado la solicitud ya entregó los registros de llamados (se solicitó el 23 de octubre y fue entregado el 25 de octubre del año pasado).

Aguilar manifestó desconocer cuál es la razón por la cual utilizaron su nombre, asegurando que el problema en el que ella se halla en medio “es netamente político”. “Desde que salí de esa unidad no estuve en contacto con el funcionario (Correa), ni por mensajes ni por llamadas. Él es quien tendría que dar explicaciones porque supongo que al recibir un oficio o una contestación, lo primero que se hace es agregarlo a (la carpeta de) la causa que pertenece o, en todo caso, poner a conocimiento de su superior; no sé si efectivamente puso a conocimiento de la fiscal Otilia Aguilera, que era la que ya estaba al frente en ese momento, y ella tenía que verificar”, señaló.

La agente fiscal Rocío Celeste González formuló imputación contra dos hombres, uno paraguayo de 29 años y otro brasileño de 37 años, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96.

La investigación se inició el 8 de octubre de 2025, cuando el Ministerio Público tomó conocimiento sobre los presuntos delitos ambientales. La fiscala requirió al Juzgado la autorización de allanamiento para verificar la veracidad de la información, identificar el inmueble y determinar a los responsables.

Durante la inspección, se constató la utilización de maquinarias pesadas para la limpieza de la formación vegetal, el destronque de especies nativas y cortes realizados con motosierras.

Técnicos de la DEDA realizaron relevamientos fotográficos, georreferenciación y análisis con imágenes satelitales multitemporales, estimando una afectación de aproximadamente 35 hectáreas.

A raíz de las irregularidades detectadas, el Ministerio Público dispuso la suspensión de las actividades y la prohibición de ingreso al inmueble, a fin de evitar la continuidad del desmonte y la extracción de las especies.

Sin embargo, días después, a raíz de nuevas informaciones sobre la continuidad del desmonte y la quema de restos vegetales, la agente fiscal solicitó un segundo mandamiento de allanamiento, y allí se corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de un nuevo sector desmontado de unas 5 hectáreas.

El operativo Caacupé 2025 ya está en marcha y desde el Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el plan de trabajo de los inspectores de la caminera durante el desarrollo del novenario que arranca el 28 de noviembre.

Desde el día 1, los agentes acompañarán a los peregrinantes a lo largo del tramo, hasta el último día, el 8 de diciembre.

El plan previsto para este año contempla la participación de 318 inspectores nacionales y 18 funcionarios administrativos, además del despliegue de camionetas, automóviles, motocicletas patrulla, un camión grúa y un ómnibus.

La peregrinación pedestre se organizará de la siguiente manera: en el sentido Asunción–Caacué, los caminantes utilizarán el margen derecho de la calzada, desde el peaje de Ypacaraí hasta Caacupé.

En el sentido Caacupé-Asunción la circulación se realizará por el margen izquierdo. En este tramo, a partir de la entrada de Ypacaraí, no se habilitará el tránsito vehicular para reforzar la seguridad de los peregrinos.

Los automovilistas que viajen a Caacupé deberán ingresar por el km 52,2, en la rotonda de la circunvalación. Quienes lleguen desde Asunción deberán girar a la derecha en la rotonda Santa Ana, donde encontrarán diversas opciones de estacionamiento

Dorado, manguruyú, armado, sábalo y boga fueron algunas de las especies donadas por disposición del ministro del Ambiente, Rolando Barros.

Son productos que el Mades incautó en un local comercial donde se ofertaban los pescados frescos, pese a la veda.

Al ser productos aptos para el consumo, se dispuso que sean entregados a a instituciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La donación fue para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), la Escuela Subvencionada N.º 7 “Antonio Próvolo”, Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y Kuñataî Roga – Congregación Religiosas de María Inmaculada.

Según informaron desde el Mades, la entrega se realizó siguiendo todos los protocolos institucionales, asegurando la aptitud de los productos para el consumo humano y preservando la cadena de frío.