“Vi el video y es muy difícil dar una opinión sobre una filmación que es solamente una porción de los hechos. No sé cómo se inicia el evento, cuál es la razón, motivo o fundamento para detener al ciudadano al momento en que se encuentra en tránsito, pero me llama la atención el modo de proceder la policía en la porción de los hechos filmados”, comenzó diciendo Jorge Vasconcellos en entrevista con la radio 730 AM.

Esto lo dijo sobre el caso de un abogado que reside en Argentina que habría sido maltratado por parte de personal de la Comisaría 9ª de Limpio, tras negarse a entregar sus documentos y no querer descender de su vehículo luego de realizar bocinazos cerca de un cementerio. El comisario Lidio Castineira, subjefe de la Comisaría interviniente, justificó la intervención, alegando que tenían sospechas de que el conductor estaba alcoholizado y debían realizarle la prueba de alcotest.

Asi el comisario Lidio Castineira, de la comisaría 9na de limpio maltrato a mi tío por no dejar que se retengan SUS DOCUMENTOS y por no bajarse de su vehículo cosa que ellos no pueden obligarte a hacer…! @TelefuturoInfo @sntcanal9 @canal13 @Telefuturo pic.twitter.com/Ym5uUcsPXc

— Mila (@milaolmedo_) January 3, 2022

El abogado Vasconcellos detalló que cuando a una persona, sea dentro de su vehículo o en la vía pública, se le privará la libertad, tal como ocurrió en este caso, la Policía debe cumplir con sus obligaciones conforme a la Constitución Nacional. En ese sentido, el interviniente debe informar la causa al detenido e indicar que tiene derecho a guardar silencio y derecho a ser asistido por un abogado de su confianza. Al parecer del letrado, no se nota que se haya procedido de esa manera en el caso en cuestión.

“Se trataría de una privación ilegal de libertad por la forma en que se materializa el hecho”, dijo sobre el video viralizado.

Se preguntó por qué la Policía Nacional debe estar organizando el tránsito cerca de un cementerio, por lo que ya desde el comienzo está mal el procedimiento hecho. “Ellos por su propia consideración alteran el orden constitucional atribuyéndose funciones que no les compete, siendo que es responsabilidad de la Policía Municipal de Tránsito. No conozco ninguna ley que establezca eso, por Dios, no sé de dónde sacan eso”, lanzó.

“El problema es que la Policía usa ese tipo de excusas para legitimar y legalizar un procedimiento con absoluta carencia de sustentos”, dijo sobre la sospecha que tenían los policías de que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol por su actitud prepotente. Sin embargo, tras practicarle la prueba, confirmaron que el hombre en realidad no estaba alcoholizado.

En otro momento, Vasconsellos cuestionó que la Policía Nacional “nos toman de estúpidos” al realizar este tipo de procedimientos policiales fuera de los marcos jurídicos. “Es un procedimiento a todas luces irregulares, y para justificar mencionan tipos penales solamente por su denominación”, arremetió.

Por último se preguntó si el fiscal que tomará el caso se animará o no a imputar al hombre, ya que este ni siquiera contaba con orden de captura en su contra.

El comisario Jorge Palacios fue removido del cargo y suplantado por el comisario Oscar Cuevas. El trasfondo del caso apuntaría a un episodio de presunta “mejicaneada” atribuida a personal de la comisaría Central sanlorenzana.

La versión que surge en torno al asunto menciona que ya el día domingo pasado, policías de esa repartición intervinieron la carga de cocaína y pidieron una coima para dejar libre la mercancía. Se habla de que la “propina” solicitada sería de US$ 200.000.

Aparentemente en el lapso de negociación, ayer, se filtró el dato a otras reparticiones antidrogas, lo que desató finalmente en el decomiso y detención de los transportadores de la coca de alta pureza.

Desde la comandancia Policial y del Ministerio del Interior confirmaron de las próximas lo ocurrido y la razón de los cambios en la comisaría de San Lorenzo.

Este repartición de la Policía Nacional cuenta un largo historial de episodios de irregularidades que se verificaron con participación de personal uniformado.

“Hay unas cuestiones precedentes (al decomiso) hubo procedimientos que son cuestiones irregulares que estarían afectando a personal (cinco efectivos) de la comisaría primerea de San Lorenzo). Presuntamente la camioneta en la que se decomisó la droga, ya estaba un día antes en la comisaría”, dijo a la 1020 AM el comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez.

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EL CASO

Según el reporte de la Policía Nacional, la incautación se logró tras un procedimiento de inteligencia realizado por agentes del Departamento de Investigaciones, que rea­lizaron el procedimiento de control del vehículo en San Lorenzo. La inspección fue a una camioneta de la marca Toyota Noah en el que encon­traron la supuesta cocaína.

En el lugar fueron aprehendi­das dos personas identificadas como Óscar Dahian Rodrí­guez Figueredo, de 31 años, y de Édgar Daniel Lesme Mar­tínez, de 32 años. “Se logró la incautación de varios panes de supuesta cocaína, también fue­ron incautados aparatos celu­lares y documentos varios”, expresaron los intervinientes.

Hasta el lugar se convocó al personal del Departamento Antinarcóticos y a la fiscal de la unidad especializada Fany Aguilera, quien ordenó el tra­bajo de pesaje para que luego sea trasladado hasta un depó­sito. Las dos personas involu­cradas permanecen en carác­ter de detenidos.

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El médico Adán Godoy señaló a la Radio Chaco Boreal que no se contó toda la verdad en el caso del Hospital de Barrio Obrero, respecto a la negativa de los trabajadores de blanco en recibir a dos personas que llegaron en la madrugada del sábado a bordo de una patrullera de la Comisaría 24 Metropolitana, una de ellas (identificada como Elena Fretes) afectada por una fractura en el fémur y un hombre (Héctor López Aponte) herido de bala.

La autoridad de dicho centro asistencial reconoció que hubo errores en la forma en que fueron admitidos los pacientes y que por ende consideraba correcto que se abra sumario administrativo contra los responsables, pero aseguró que, tras una investigación interna, se concluyó que los profesionales no se resistieron a la atención de los dos ciudadanos.

En ese sentido cuestionó que se haya expuesto un video policial editado, omitiendo que finalmente los dos heridos sí recibieron la atención correspondiente.  “¿Por qué el policía no contó la historia completa? ¿Por qué editó y cuál fue su intención? ¿Por qué solo mostró la resistencia de los funcionarios? Se debe decir la verdad: sí fueron admitidos, atendidos, y no pasó mucho tiempo como se mostró en el video. Se hizo todo el acto médico”, resaltó.

“El video parece sugerir en la recta final que los pacientes nunca fueron atendidos y que se fueron del hospital sin ser atendidos, pero sí fueron atendidos, eso consta no solo por el relato de los jefes, sino que por la admisión al sistema hospitalario, de los resultados del laboratorio y la medicación correspondiente”, ahondó.

De acuerdo con el director, ambos llegaron a las 4:45 de la madrugada del sábado a bordo de la patrullera, y fueron admitidos a las 5:08 (en el caso de la mujer) y 5:16 (el hombre). “Fueron 20 a 25 minutos entre que llegan y son atendidos”, justificó.

Siguió explicando que, tras evaluar a los pacientes, los médicos de guardia pidieron a ambos esperar a un traumatólogo, quien comenzaba su turno a las 07:00 de la mañana, pero que los ciudadanos no quisieron aguardar y se retiraron del sitio por sus propios medios: la mujer firmó su retiro voluntario y el hombre se fugó sin rubricar el documento.

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El 9 de mayo pasado, Paraguay comunicaba que la nueva tarifa de Itaipú para los años 2024, 2025 y 2026 fue fijada en USD 19,28 KW/h, lo que equivale a 1.250 millones de dólares anuales para el Paraguay.

Durante la reunión en la que se alcanzó el acuerdo, el martes 7 de mayo en nuestro país, no había participado el canciller brasileño Mauro Vieira, cuya firma había quedado pendiente en el documento. Este asterisco quedó allí y nunca se informó sobre la continuidad de la historia, sin embargo, hoy se le consultó al respecto al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, durante su ida al Palacio de López.

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“Lo del entendimiento está firmado, ya tengo la nota firmada por él, de manera que, no hay secretos en esto, se demoró hasta que el canciller de Brasil retornó a su país y suscribió el documento”, confirmó Ramírez.

Los USD 1.250 millones se distribuyen en: 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros.

La sumatoria de los tres años da un total de 3.750 millones que se distribuirán de la siguiente manera:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.

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