El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a Débora Graciela Dávalos Santacruz (32), estudiante de Derecho, por el supuesto hecho punible de estafa. Esta presumiblemente se hizo pasar por una asistente fiscal para sacar una importante suma de dinero a un imputado por violencia familiar.

Según los datos de la investigación, Dávalos Santacruz, en complicidad con otras personas, contactó a Pedro Germán Ocampo, quien había sido denunciado por su expareja por un caso de violencia intrafamiliar. La mujer presuntamente le ofreció ayuda para solucionar su caso a cambio de G. 20 millones.

El hombre, creyendo que la mujer era una funcionaria fiscal, accedió a pagar el monto solicitado. Al principio entregó dos pagos de diez millones cada uno. Sin embargo, la situación procesal no se resolvió.

Dávalos Santacruz y sus cómplices siguieron pidiendo dinero a Ocampo, esta vez siete millones de guaraníes para levantar la orden de detención que pesaba en su contra. Dicho monto supuestamente era para pagar en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El hombre, en total pagó 27 millones de guaraníes, pero no encontró solución a su problema, ya que le pidieron otros 18 millones para darle supuestamente salida al pleito judicial. Ya sin recursos, Pedro Ocampo denunció el caso a la Fiscalía.

El fiscal Villasanti realizó la investigación y logró identificar a los responsables de la supuesta estafa. Inicialmente ordenó la detención preventiva de Débora Dávalos Santacruz, quien fue privada de libertad este 28 de noviembre.

El fiscal solicitó la prisión preventiva de la sindicada, a fin de garantizar la continuidad del proceso penal y evitar que siga cometiendo hechos similares.

Al mismo tiempo, la Fiscalía está recopilando pruebas contra las demás personas que estarían involucradas en el ilícito, con el objetivo de someterlas a procesos penales. Entre los sospechosos, aparece un agente de la Policía Nacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.