Nidia, Graciela y Angelina Jara son tres hermanas que poseen una propiedad de poco más de 12 hectáreas ubicada en una compañía de la ciudad de Itá, en el departamento Central. Las mismas habían heredado este inmueble de su padre, quien a su vez lo había adquirido de terceras personas en el año 1940.

El abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de las mujeres, indicó a HOY que todo inició a finales del 2011 cuando trabajadores de la empresa de seguridad Tapití S.R.L. ingresaron de manera irregular a una fracción del terreno.

Según mencionó, el espacio ocupado (con una dimensión de 1 hectárea) estaba siendo administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que hace unos años atrás había llegado a un acuerdo con las propietarias para utilizar dicho predio para un proyecto comunitario.

Luego de ocupar el sitio, los guardias de seguridad empezaron a avanzar cada vez más hacia el sector que corresponde a las afectadas (en este caso, las restantes 11 hectáreas). Con armas de fuego en mano, los mismos amenazaban a cualquier persona que intentaba ingresar a dicho predio y les decían que si se acercaban “les iban a meter balas”, según la denuncia.

Tras esta situación, las hermanas Jara formularon una serie de denuncias en la comisaría local y en la unidad fiscal de la zona por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Pese a ello, las autoridades no hicieron nada para frenar el ilícito, refirió el abogado.

Luego de darse este conflicto, decidieron presentar un interdicto para retener la posesión del terreno, dado que ellas ejercen hasta hoy la posesión real del mismo. Puntualmente, el litigio giró en torno a una hectárea que había sido ocupada irregularmente por la empresa Tapití, explicó Elizeche Baudo.

Luego de presentar este amparo judicial, las denunciantes lograron conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar contra los invasores, lo cual les impedía realizar cualquier tipo de modificación en cualquier parte del predio ocupado.

Los representantes de la firma Tapití, manejada por el excomisiario Vidal Machado, desacataron la orden judicial y, a fin de seguir peleando por la ocupación del terreno, decidieron impulsar un juicio sucesorio plagado de irregularidades. En tal sentido, el abogado explicó que en el año 1940, los herederos originales del señor Adolfo Gerding habían decidido vender la propiedad al padre de las hermanas Jara y, por ende, él había pasado a ser el nuevo propietario de esas 12 hectáreas.

Representantes de la empresa de seguridad lograron contactar con parientes del difunto Adolfo Gerding para que los mismos acompañen el nuevo juicio de sucesión y se hagan pasar por herederos, pese a que la cuestión ya se había dirimido hace varias décadas atrás. En el marco de este proceso, lograron obtener padrones falsos y, a través de un topógrafo, hicieron una supuesta mensura privada para superponer una propiedad inexistente sobre el predio de las afectadas.

Las hermanas Jara ganaron el juicio de interdicto en primera instancia. Posteriormente, la decisión fue apelada por la contraparte y la causa fue enviada a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Central en San Lorenzo donde, con un voto en disidencia, se revocó la resolución inicial, dándole finalmente la razón a la empresa Tapití. Según Elizeche Baudo, los integrantes del tribunal se valieron de un argumento “traído de los pelos” diciendo que lo que se probó en el expediente es que las personas que habían ingresado (en este caso, de la empresa Tapití) eran lo que efectivamente estaban ocupando el inmueble y no las hermanas Jara.

Ante este revés judicial, se volvió a presentar una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Apelaciones que favorecía a la empresa de Vidal Machado.

El abogado comentó que las personas que actualmente ocupan de manera irregular el predio siguen en su afán de seguir avanzando, a tal punto de que ya están talando varios árboles de la propiedad sin el consentimiento de las denunciantes. “Con un título falso está queriendo usurpar 11 hectáreas que son propiedad de mis clientes”, añadió.

Acusó al excomisario de utilizar la posición privilegiada que tiene para ocupar el terreno y de utilizar a los funcionarios de su empresa de seguridad para intimidar tanto a sus defendidas como a los demás vecinos del barrio, utilizando inclusive armas de fuego para dicho cometido.

Elizeche Baudo pide a la justicia que tome cartas en el asunto y que se pueda demostrar de manera fehaciente que las hermanas Jara son las propietarias reales del terreno, dejando al descubierto las varias irregularidades cometidas por el excomisario Vidal Machado y la empresa Tapití S.R.L.

A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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Este nuevo episodio fue perpetrado por un hombre delgado, con la cabeza tapada y a cara descubierta. El hecho se registró en el barrio San Luis de la capital caaguaceña, en un inquilinato.

Eran las 00:30 de la madrugada de este martes, cuando la víctima fue sorprendida durmiendo en su cama, en donde el atacante, con machetillo en mano, la amenazó con matarla si no se sometía a su intención de ‘poseerla’.

La mujer relató a la Policía que, en un momento, cuando el criminal estaba por ponerse el preservativo, ella tomó un cuchillo de mesa que lo tenía cerca de la cama, y se adelantó al sujeto aplicándole heridas en el abdomen. Impactado por la acción de la audaz dama, emprendió la huida, dejando en el lugar de los hechos el machetillo y el preservativo.

Los intervinientes levantaron las evidencias del lugar, y revisaron cámara de circuitos de la zona, al efecto de intentar identificar al agresor sexual.

El nuevo caso se suma a la serie de violaciones atribuidas a José Gavilán, al que se menciona como el autor de once ataques, tres de los cuales fueron en el último mes.

El comisario Javier Flores señaló que los agentes destinados para detener a los sujetos implicados en los ataques criminales atraparán a los autores.

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