Tania Barboza, estudiante del cuarto semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), radicó una denuncia formal ante las autoridades universitarias por un supuesto caso de acoso sexual.

La acusación involucra a Diego Paredes, quien se desempeña como docente de la cátedra de Derecho Romano II del Plan Transicional, así como a dos compañeros de la denunciante, de nombre Carlos Cristaldo y Liz Barrientos, quienes habrían actuado como intermediarios entre ambos.

De acuerdo a la denuncia, Cristaldo se había acercado a Barboza con el fin de hacerle una propuesta que involucraba una salida con el docente en cuestión, a fin de que ella pueda aprobar el examen y “pasar la materia”. Según puede escucharse en un audio compartido vía WhatsApp, el mismo le habría manifestado que “si pasaba algo más ya dependía de ella”, dando a entender que el encuentro podría terminar con un acto sexual.

Llegado el día del examen, la estudiante se presenta para rendir cuando en un momento dado el docente le consulta “si había hablado con Cristaldo”, hecho que confirmó sus sospechas sobre la propuesta indecente. Al momento de entregar la hoja, la joven quedó en estado de shock ante lo que había sucedido y llegó al punto de no poder contener las lágrimas.

Al día siguiente, Barrientos se habría comunicado vía telefónica con Barboza para hablarle sobre el mismo tema. En su conversación, esta compañera le habría dicho que “son mujeres, ya todas grandes” y le sugirió que acceda a una merienda con el profesor dado que él tenía intenciones de “conocerla mejor”. Igualmente, le manifestó que “no le comente a otras personas sobre eso porque a él no se lo debía ensuciar”.

El caso fue comunicado por la alumna al Centro de Estudiantes de Derecho UNA que, tras tomar conocimiento del hecho, elaboró una nota que fue posteriormente remitida al decano de la facultad, José Raúl Torres Kirmser, comentándole todos los detalles.

Aparentemente, Cristaldo previamente habría mostrado a Diego Paredes un “catálogo de mujeres” en la que aparecían nombres y fotografías de varias estudiantes de la facultad, esto siempre según la denuncia presentada por el Centro de Estudiantes.

REPUDIO Y SOLIDARIDAD POR PARTE DE ESTUDIANTES

Estudiantes del 4to semestre 2da Cátedra Turno Noche emitieron un comunicado solidarizándose con la denunciante y repudiando enérgicamente el comportamiento de los dos compañeros involucrados. Asimismo, pidieron que se tomen todos los recaudos legales para que se aplique una sanción justa a los responsables.

“Advertimos que haremos un seguimiento especial a este caso, así como a cualquier otro de naturaleza similar, y no permitiremos que la víctima sea acosada impunemente por otros compañeros y/o amenazada por absolutamente ninguna otra persona”, refiere el texto.

Nicolás Prono, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA, indicó al canal C9N que desde dicha agrupación están en contra de cualquier tipo de acoso, ya sea por parte de docentes, funcionarios o los mismos alumnos.

En la oportunidad, pidió que se instruya un sumario administrativo para investigar la denuncia y sostuvo que, de confirmarse la culpabilidad de los implicados, se proceda a la expulsión de los mismos de la universidad.

Un estudio realizado años atrás por egresados de la Facultad de Derecho y Notariado UNA -y publicado por el periódico universitario El Independiente– reveló que el 95% de los casos de acoso no llegan a ser reportados y que el 35% son producidos por docentes de la misma institución.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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