Nuestro país registra un movimiento de 90.000 contenedores año (entre importación y exportación), pero la capacidad de la Dirección Nacional de Aduanas de escanear estas cargas solo llega al 5%, es decir, unos 4.500 contenedores.

La institución aduanera requiere como mínimo 10 equipos nuevos para cubrir siete puertos privados por donde pasan el 94% de los contenedores y tres en las zonas fronterizas. Sin embargo, los equipos tecnológicos actuales de la institución tienen más de 13 años de uso y están prácticamente obsoletos.

Son tres los equipos viejos que cuenta la institución. Estos, por la suma total de G. 46.700 millones, fueron “repotenciados” (nombre pomposo para designar la reparación de tres chatarras obsoletas). Con el importe de esta dudosa “inversión” (sacada por la vía de la excepción) podían haber comprado escáneres nuevos.

Según el director aduanero, Julio Fernández, con los recursos propios de la institución se llegó a adquirir un aparato de control. En tanto que una licitación para la compra de otros dos escáneres sigue sin definirse, pese a que la subasta se realizó a mediados de agosto pasado.

Mientras que Aduana recibió como donación un equipo de parte del Centro de Despachantes Aduaneros. A lo anterior se suman las cuatro camionetas con rayos X que fueron donadas por Taiwán pero que aún no llegaron al país.

Es decir: la institución cuenta con tres aparatos viejos repotenciados; otro donado por el Centro de Despachantes, otro comprado con recursos propios; recibirá como donación cuatro de parte de Taiwán, y está licitando dos más.

En el cambalache total hay 11, pero de momento solamente dos escáneres están funcionando, lo cual permite que los narcos sigan contaminando las cargas con cocaína para enviar al extranjero.

El último caso detectado fue un contenedor de carne con 648 kilos de cocaína proveniente de Asunción, cuya incautación se registró el 16 de noviembre en el puerto de Amberes, Bélgica. El modus operandi es el mismo que el detectado en Montevideo cinco días después.

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Otro detalle que se repite es que las bolsas estaban señalizadas con una pintata en forma de cruz, como en el operativo en Montevideo, que se llevó a cabo el 21 de noviembre, es decir, cinco días después, donde el destino final era Rusia con escala en Amberes, Bélgica.

Respecto a la carga incautada en Uruguay, el abdista Víctor Ramón Sanabria Oporto, Adelio Fretes García y Cándido Fretes son investigados y se encuentran prófugos.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.