Arregui enmarcó esa valoración en el compromiso de Paraguay para el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), a cuya evaluación está sometida nuestro país.

En concreto, Arregui se refirió a un paquete normativo aprobado en diciembre pasado en sintonía con las recomendaciones de Gafilat, y que contempla incorporación de nuevos tipos penales, cambios en las leyes de terrorismo, inmovilización de activos financieros o nueva redistribución de los productos provenientes de subastas por decomiso.

“Hubo un impulso fundamental que dio el Ejecutivo con el apoyo del Congreso”, enfatizó el ministro a los periodistas a su salida de una reunión de evaluación de un informe recogido de 29 órganos estatales que será remitido este lunes a Gafilat.

Comentó que la serie de leyes “es muy bien considerado” por el tiempo “récord” de su aprobación total, poco más de un año, lo que, según dijo, refleja “la voluntad país para estar acorde con los nuevos estándares internacionales en materia de estos flagelos”.

Arregui señaló que el siguiente paso que le resta es superar la prueba de efectividad, es decir resultados de aplicación real de esas leyes dentro de un proceso iniciado en 2013 a partir de un plan estratégico presentado por el país al organismo internacional.

Añadió que tres años después, en 2016, Paraguay realiza una evaluación nacional de riesgo, en la que “se detectan las amenazas que tiene, por ejemplo, el contrabando, la corrupción pública y el narcotráfico”.

Y resaltó que se “tiene en cuenta las condenas que se hicieron a partir de esos riegos detectados por el propio país, por ejemplo, condenas por narcotráfico, contrabando, trafico de personas, tráfico de armas”.

“Las recomendaciones (del Gafilat) tienen que ver con una serie de aspectos que abarcan esas amenazas, que de alguna manera representan una realidad en nuestros países hoy en el contexto internacional”, indicó.

Arregui explicó que una vez elevado el informe a ese organismo intergubernamental, que agrupa a 17 países latinoamericanos, se aguardará una nueva visita de evaluación de dos semanas prevista para mayo próximo.

Gafilat emitirá en septiembre un dictamen preliminar que será debatido en diciembre de este año y, en función a los resultados se decidirá qué tipo de seguimiento continuará en el país.

En el caso de que se detecten anomalías o falta de acciones para prevenir los delitos, Paraguay tendrá todavía un año hasta diciembre de 2021 para acometer mejoras y evitar volver a la Lista Gris, en la que ya estuvo entre 2008 y 2012.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.