El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de USD 6 millones, pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la Justicia norteamericana.

El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado sin que hasta ahora se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quienes tropezaron con dificultades de toda índole debido a las fuertes presiones que ejerce el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color, para evitar que la causa avance.

La Fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del banco negaron esta información al Ministerio Público.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país, no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el banco Atlas. Los directivos del banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

El Banco Central hasta el momento no remite las conclusiones tras esas diligencias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a “La caja negra” que las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, durante la administración de Carlos Arregui, no proporcionaron a la Fiscalía toda la información solicitada al respecto. Se limitaron a asistir a una reunión, a instancia de los fiscales del caso, pero luego ya no hubo buena comunicación ni aportes entre ambas instituciones. Con la ida de Alcaraz a la Seprelad, temen que se destrabe el caso pendiente.

En febrero pasado, un Tribunal Federal de Nueva York (EE. UU.) inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, por su implicación en el escándalo de corrupción “FIFAGate”.

En el nuevo juicio se discutieron hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acreditados e incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos que se le imputaron a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el banco Atlas que lograron blindar parte de su dinero sucio.

DIRECTIVOS DE ATLAS ADMITIERON OPERACIONES CON PLATA SUCIA Y DEVOLVIERON PARTE DEL DINERO LAVADO

El banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del distrito este de Nueva York, en el caso conocido públicamente como “FIFAGate”.

Específicamente, banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto de 2016 por el estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre exempleados y fondos de la Confederación.

El requerimiento de la Justicia norteamericana fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la Fiscalía de EE. UU., para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso “FIFAGate”. El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Saldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.

El banco del grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la Justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron a responder, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria, el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11 de noviembre del año 2020 que había logrado recuperar unos USD 55 millones de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaraciones públicas de sus directivos, USD 16 millones provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos USD 128 millones.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA presentaron el informe realizado en las 138 comisarías de Central y, según revelan, existen graves déficit de habitabilidad.

El relevamiento se realizó entre julio y noviembre, y combinó evaluación arquitectónica, mediciones técnicas y un enfoque de derechos humanos. Las conclusiones del informe indican un riesgo estructural generalizado en la mayoría de las comisarías.

De las 138 comisarías, 70 no cuenta con una sola celda, solo 68 tiene una o más, pero que ni siquiera están adaptadas para albergar a una persona.

El 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m².

La falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos también es un problema y constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

El 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas.

El informe formula recomendaciones a instituciones clave del sistema de seguridad y justicia como, clausura inmediata de celdas menores a 6 m², atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas. Además. control estricto del límite de 72 horas de detención.

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, respondió a las incógnitas en torno a la nueva ley de reforma del transporte público.

Respecto a la reabsorción que inicialmente estaba establecida solamente para los conductores, se corrigió el texto en la Cámara de Diputados y se amplió el universo a los trabajadores, lo que permite incluir a mecánicos, administrativos y otros empleados que forman parte de una empresa de transporte.

La legislación establece que los trabajadores con dos años de antiguedad deberán mantener sus contratos, es decir, ser reabsorbidos por la empresa.

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“En el caso de los conductores, sus patrones van a ser los operadores, pero estos operadores que son los que otorgan el itinerario ya no precisamente son los dueños de la flota ni los dueños de la tierras donde se dan las guardas de los buses”, explicó la ministra de Obras, Claudia Centurión, en una visita al estudio de la 970 AM.

En cuanto a la preocupación de quién les responde ante una eventual demanda, Centurión señaló que las licitaciones no serán adjudicadas a una empresa de maletín, sino a una con suficiente patrimonio y volumen de facturación

Respecto a la estabilidad laboral, el Código Laboral con los derechos y obligaciones de cualquier trabajador están garantizados, pues no se introduce ninguna modificación al respecto.

“Ellos tienen que ser reabsorbidos por las empresas y tienen que pasar por pruebas de rigor en el caso de los conductores para garantizar la idoneidad que es lo mínimo que se le exige a cualquier conductor”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados y que lleva a los choferes a realizar una huelga el 16 y 17 de noviembre es el artículo que declara al transporte como un servicio imprescindible y que obliga a garantizar el funcionamiento mínimo del 60 % de la flota, lo que, a criterio de ellos, afecta el derecho a la huelga, al obligar a que una alta cantidad de trabajadores no pueda recurrir a esta medida.

Con esta ley, al servicio de transporte se lo iguala al concepto de salud pública, pues debe estar activo incluso ante situaciones externas o de emergencia.

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Personal del Departamento contra el Crimen Organizado este jueves llevó adelante allanamientos simultáneos en cuatro viviendas situadas en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Dicho procedimiento se dio en el marco de la investigación abierta tras el asalto a la sucursal de la Cooperativa Reducto, ocurrido la semana pasada.

Antecedentes: Violento asalto a una cooperativa en Ciudad del Este

En el operativo, fueron aprehendidas un total de diez personas, entre adultos y menores de edad. Asimismo, se lograron incautar varias evidencias, incluyendo armas de fuego, uniformes camuflados, chalecos antibalas con insignias policiales, entre otras.

El objetivo principal de esta intervención era dar con el paradero de Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias “Chopalé”, un peligroso delincuente sindicado como autor de varios asaltos en la zona de Alto Paraná, incluyendo el de la cooperativa.

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Los detenidos formarían parte de la banda liderada por este criminal, quien desde hace meses permanece prófugo de la justicia luego de fugarse de la cárcel de Minga Guazú, y no se descarta que hayan estado planificando otro atraco.

Videos de circuito cerrado revelan que tanto “Chopalé” como otros dos cómplices, identificados como Willian Rotela y Rodrigo Fabián Argüello, alias “Pica”, lograron escapar antes de la llegada de la comitiva policial.