Detuvieron a un condenado por estafa a colonos que estaba prófugo

Una comitiva del Ministerio Público y de la Policía Nacional, encabezada por el fiscal José Silguero, capturó al ciudadano Vanilson Griebeler Marschall, quien estaba prófugo de la Justicia.

Su detención se produjo a las 15:50 horas del martes durante el allanamiento de una vivienda ubicada en la colonia Kresburgo del distrito de Carlos Antonio López (Itapúa), en cumplimiento del A.I. Nº 100 dictado por los jueces del Tribunal de Sentencia Permanente N° 2 de Ciudad del Este, Fabio Aguilar, Serafín González y Vitalia Duarte.

Griebeler había sido condenado a 3 años de pena carcelaria y en otra causa a 9 años de pena privativa de libertad. Tras su captura, el hombre deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, según la orden dispuesta por el órgano juzgador. Los jueces aplicaron la prisión preventiva del mismo en el marco de una causa pendiente de resolución de recursos, tras la condena dictada en juicio oral y público, al considerar el peligro de fuga y obstrucción, teniendo en cuenta además las constantes dilaciones y falta de sometimiento al proceso por parte del acusado.

Según antecedentes, los hechos se remontan al 2015, tiempo en que Griebeler Marschall se desempeñaba como gerente de un agrosilo, que financiaba su producción a colonos de la zona y luego las cuentas eran pagadas con la entrega de la cosecha.

En esa época, el sindicado falsificó las firmas de numerosos colonos y retiró a nombres de ellos millonarios créditos, que después efectivizaba en diversas entidades bancarias del Alto Paraná.

La millonaria estafa salió a luz cuando los responsables del agrosilo comenzaron a reclamar el pago de las supuestas deudas a los colonos, que ellos desconocían, ya que fueron gestionadas por el entonces gerente Griebeler Marshall. Muchos de los afectados tuvieron que ceder sus bienes o terrenos para saldar las cuentas, que se originaron mediante la falsificación de documentos.

Tras la denuncia de los afectados, Vanilson fue procesado y llevado a sendos juicios orales, instancias en que se demostraron que las firmas de las víctimas fueron falsificadas por él, en cheques, actas notariales y pagarés.

 

Iniciativa parlamentaria busca acelerar extradición del Clan Villalba desde Argentina

El senador colorado Basilio Núñez anunció la presentación del proyecto de solicitud al gobierno argentino de sus buenos oficios para la inmediata extradición de los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Se trata del proyecto de Declaración “Que felicita al Gobierno argentino por la detención de miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el marco del operativo conjunto de la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional del Paraguay, los ministros del Interior y los cancilleres de ambos países”.

El mencionado documento lleva la firma de los senadores Lilian Samaniego, Dionisio Amarilla y Arnaldo Samaniego y formará parte del orden del día de la sesión del próximo miércoles.

“Se valora que hayan informado y que hayan revocado el estatus otorgado. Vemos qué está haciendo la ministra del Interior (Patricia Bullrich)”, refirió el legislador, quien considera que ello fortalece un trabajo conjunto.

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Cabe recordar que el último fin de semana, desde el Ministerio del Interior de Argentina, la ministra Patricia Bullrich confirmó la detención de tres miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El anuncio que hacían desde la cartera del ejecutivo argentino señalaba que ellos mismos se ocuparían de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos.

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“Retuvimos al líder y a tres miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización guerrillera vinculada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico”, publicaba la ministra argentina a través de su cuenta oficial en X.

Al respecto, el senador Núñez, añadió que “Estos son criminales, cuasi terroristas y deben pagar en el Paraguay por los secuestros que han hecho”.

Fiscal busca a familiares de un hombre fallecido en un accidente en Minga Guazú

El fallecido es oriundo del distrito de General Elizardo Aquino, departamento de San Pedro.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Diana Gómez, busca a los familiares de Pedro Marmolejo Díaz, de 54 años, quien falleció en la madrugada de este lunes 15 de abril, en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta PY02, a la altura del km 25.

La víctima, oriunda del distrito de General Elizardo Aquino (departamento de San Pedro), se presume que falleció tras ser atropellada por un vehículo que no detuvo la marcha. Su cuerpo fue encontrado en el paseo central de la ruta.

La agente fiscal Diana Raquel Gómez se hizo presente en el lugar y dispuso la intervención del médico forense Dr. Carlos Alfaro y de personal de Criminalística de la Policía Nacional.

Ante cualquier información sobre sus familiares favor comunicarse a la comisaría más cercana.

Juzgado admite acusación contra procesados en caso Metrobús

El juez Humberto Otazú hizo lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los procesados en el marco del caso Metrobús, que dejó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado paraguayo.

La fiscala María Estefanía González acusó al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto Metrobús, Guillermo Alcides Alcaráz por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

La acusación fiscal remarca que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”.

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El Ministerio Público sostiene que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699, por el pago de certificaciones de obras a la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A..

La acusación agrega que pese al pago, se recibió una obra inconclusa e inviable como consecuencia de las conductas desplegadas por los acusados.