El doctor Carlos Morínigo, ministro de Salud recibió esta mañana a los representantes de la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional de Itauguá que a tempranas horas realizaron una manifestación frente a la sede ministerial con la intención de que sus reclamos sean atendidos. Sobre el punto, los renales solicitaron con suma urgencia la contratación de especialistas, la provisión garantizada de medicamentos y que se retomen las intervenciones quirúrgicas para los trasplantes de niños y adultos. También solicitaron la mediación del titular de Salud para que los dializados a nivel país reciban un subsidio del Estado porque no tienen la posibilidad de trabajar por el deterioro en su estado de salud durante el largo tratamiento que deben recibir.

“Me comprometo a tener una lista de ellos para que tengamos una ley para ellos porque no pueden trabajar y a la par de eso necesitan alimentarse saludablemente y comer saludable es más caro que comer chatarra y muchos de ellos me dicen ‘ni para comer empanada tengo’ y es terrible escuchar eso porque un dializado no puede comer empanada. Estamos buscando la vuelta para ver qué hacer”, afirmó Morínigo.El ministro recordó que los enfermos renales deben dializarse de 3 a 4 veces por semana y que luego de las sesiones muchos presentan descompensaciones en su estado lo que les impide llevar una vida laboral estable además de las condiciones vulnerables de salud que atraviesa la mayoría en cuanto a la alimentación adecuada para mantenerse bien.

Morínigo se refirió punto por punto a los pedidos, a fin de aclarar dudas, informar sobre trámites e iniciar acciones pertinentes para la solución inmediata de algunos puntos. También se abordó sobre proyectos y el trabajo conjunto y sostenido con los pacientes. Con relación al pedido de un especialista para cirugía de las tiroides, se comprometió a la contratación en el caso de conseguirse un profesional en esta rama que acepte prestar servicios en el Hospital Nacional, teniendo en cuenta que, por la distancia, muchos optan por trasladarse nuevamente o renuncian.

Sobre la provisión de medicamentos, el reclamo apunta a que solo están recibiendo lotes por 20 días. El titular sanitario informó que se están efectuando compras fraccionadas, teniendo en cuenta la deuda con las farmacéuticas, que se van pagando también de manera fraccionada, según el compromiso asumido con las firmas. Por lo tanto, aseguró que, si bien no hay stock para 3 meses, los pacientes no dejarán de recibir los medicamentos para que su tratamiento no se vea interrumpido.

En cuanto a los trasplantes, se acordó solicitar información al INAT sobre la lista de espera de los pacientes dializados, de tal manera a que los mismos estén informados sobre la situación. Así también, se reunirán con el especialista en trasplante para adultos contratado para el Hospital Nacional, con el objetivo de trazar los próximos pasos para que los procedimientos sean retomados en este servicio especializado del Ministerio de Salud; en cuanto a los trasplantes pediátricos, el área será reestructurada para que las intervenciones se reinicien. Morínigo destacó que para que los trasplantes puedan agilizarse se debe contar primeramente con los donantes.

Se acordó además elaborar en conjunto un proyecto para la construcción de un pabellón exclusivo para diálisis, de tal manera a que la cartera de Salud y la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional de Itauguá presenten una propuesta de apoyo a la Entidad Itaipú Binacional. El ala de diálisis del Nacional debe ser totalmente refaccionada.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.

El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Este principio consagra que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que le cause el Estado, garantizando la tutela judicial efectiva y la reparación integral del daño.

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En su exposición, el proponente sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno al sufrimiento de los ciudadanos perjudicados por actuaciones judiciales indebidas y que corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad pública y moral.

El objetivo es restituir la dignidad de las víctimas y ofrecer una reparación que reconozca los daños patrimoniales y emocionales sufridos.

La propuesta detalla mecanismos de aplicación, estableciendo que la Defensoría del Pueblo será la autoridad encargada de recibir y tramitar las solicitudes, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas será la instancia responsable de efectivizar los pagos, con fondos provenientes del programa de obligaciones diversas que se halla contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En la madrugada de este viernes se reportó un caso de feminicidio en una vivienda de la Comunidad Indígena Yvyra Jha, situada en la Colonia Capitán Herminio Mendoza de Yby Yau, departamento de Concepción.

Resultó víctima de este hecho María Gómez Romero, de 46 años, quien fue asesinada de varias puñaladas por su pareja sentimental, de nombre Cornelio Soria Duarte, de 42 años.

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Este fatídico ataque con arma blanca se habría producido a raíz de una fuerte discusión entre el presunto autor y la hermana de la mujer fallecida, según el reporte de medios locales.

Gómez sufrió múltiples heridas en el pecho y la zona cervical, las cuales le provocaron la muerte. De igual manera, su hija, Anselma Soria Gómez, de 26 años, resultó son severas lesiones tras ser atacada por su propio padre.

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Agentes de la Subcomisaría 24ª de Yby Yau acudieron al lugar tras recepcionar una llamada de vecinos. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, una de ellas ya sin signos de vida.

Luego de cometer el crimen, Soria decidió darse a la fuga y actualmente permanece con paradero desconocido, siendo buscado por la Policía Nacional.