La Cámara Baja trató este miércoles el Proyecto de Ley “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio del Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del COVID-19 y se establece las medidas administrativas, fiscales y financieras”.

El documento, que había sido aprobado con modificaciones ayer en el Senado, contempla una serie de propuestas en materia económica planteadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de hacer frente al impacto generado por el coronavirus.

Tras un largo debate por parte de los diputados, finalmente se decidió aprobar la versión de la Cámara de Senadores, la cual contempla -entre otras cuestiones- la exoneración en el pago del servicio de la ANDE durante los meses de marzo, abril y mayo para aquellos clientes cuyo consumo sea menor a G. 250.000.

Así también, la propuesta contempla que las facturas tanto de la Essap como de las aguateras privadas y juntas de saneamiento puedan ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y sectores vulnerables durante los meses de marzo, abril y mayo.

Para el caso del servicio proveído por COPACO, las facturas podrán ser diferidas temporalmente durante los mismos meses citados en los casos anteriores.

En otro orden de casos, plantea otorgar un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente a los trabajadores informales, beneficio que podrá ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto (más detalles de los requisitos en el siguiente link).

Como una manera de optimizar los recursos económicos del Estado, el proyecto prohíbe nuevos llamados e incluso adjudicaciones de provisión de servicios de catering, la adquisición de equipos de transporte, con excepción de ambulancias y otros vehículos utilizados para la seguridad nacional y para las fuerzas públicas.

Por otro lado, también se deja de lado -en forma temporal- el aumento salarial para el sector público, cuya implementación estaba prevista a partir de la segunda quincena del presente año. Esta medida afectará principalmente al sector de los docentes.

Otro de los puntos resaltantes del proyecto aprobado en el Congreso tiene que ver con las gratificaciones a ser asignadas para el personal de salud durante la pandemia de COVID-19. Para los mismos se ha fijado un monto que no podrá ser superior a tres salarios mínimos. De acuerdo a las condiciones financieras del Estado, podrá otorgarse una segunda gratificación de hasta dos salarios mínimos.

De igual manera, el proyecto de ley también contempla que el incumplimiento en el pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el mes de junio del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto menos el 40% del valor del alquiler mensual.

El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a contratar un préstamo de hasta US$ 1.600 millones, a ser utilizados exclusivamente para financiar las medidas de emergencia y los efectos económicos de la crisis sanitaria del COVID 19.

El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación o veto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.