Llega noviembre y con él, el cierre del año lectivo con las pruebas finales en todas las instituciones educativas del país.

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Según Rafael Resquín, secretario general de la Unión de Educadores del Paraguay (UNE), esta temporada es la más complicada para el docente que debe cargar planillas con las notas y promedios de los alumnos.

Ante esto, solicitaron al MEC que los estudiantes solo asistan hasta los exámenes finales sin necesidad de completar con las clases ordinarias.

“Estos quedan sin hacer nada, los profesores hacen la carga de planillas y se interpone con las clases normales. Esto le tiene muy estresados a los docentes”, expresó Resquín en conversación con la radio 780 AM.

De acuerdo al representante de la UNE, los alumnos luego de las evacuaciones ya pierden el interés en las clases, y considera una pérdida de tiempo completar hasta el 30 de noviembre como está fijado en el calendario escolar.

“La idea es que una vez que se terminó el proceso, las actividades terminaron para ese grupo”, sostuvo.

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Ante el pedido del gremio de postergar la reunión tripartita prevista para esta mañana, el viceministro Fernández se presentó de todas formas en el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) a fin de interiorizarse respecto a los elementos legales que amparan dicha reprogramación.

“Sin dudas era importante constituirnos en el Viceministerio de Trabajo para conocer los elementos legales que están en la Constitución Nacional y en el código laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, nos explicó que esto forma parte de un proceso legal, y que en ese aspecto es que se atendió el pedido del gremio”, expresó a los medios de prensa.

Enfatizó que sus esfuerzos están enfocados en desactivar el paro de buses previsto a partir del lunes 20 de mayo en la reunión tripartita de este viernes y apela, una vez más, al diálogo como el camino para encontrar soluciones.

“Queremos avanzar en todas las mesas institucionalizadas que tenemos, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Nuestro objetivo es levantar el paro a través del diálogo”, agregó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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