Guillermo Sosa, en conversación con HOY Digital, dijo que tomaron conocimiento de la denuncia cuando se realizó ante el Ministerio. Sostuvo que actuaron dentro del protocolo, cumpliendo rigurosamente el primer paso que es la audiencia de medicación.

“Intentamos mediar en el conflicto. Lamentablemente la patronal no compareció a la audiencia de mediación. Nosotros trasladamos el caso y ya está en manos de la justicia, específicamente de los tribunales laborales”, expresó Sosa, quien sostuvo que la prioridad es llegar a un acuerdo precautelando fundamentalmente al trabajador.

Sostuvo que, como ministerio, harán todo lo que corresponde teniendo en cuenta la protección que tiene por parte del Código Laboral y también sobre la supuesta injusticia de la que fue víctima. Sosa indicó que aún deben escuchar a la patronal para determinar hasta qué punto se afectaron los derechos laborales.

“Nosotros estamos en conocimiento de eso e incluso estamos en un proceso de investigación y, si es necesario, de intervención dentro del marco de la ley para conocer las condiciones de los demás trabajadores. Vamos a actuar. Hemos actuado y vamos a seguir actuando como corresponde, con la debida firmeza y con la debida legalidad que hace a la intervención de los trabajadores para que a todos se les garantice sus derechos”, dijo.

Sobre los casos de maltrato verbal, horas extra impagas, días libres trabajados y no reconocimiento de los días libres, la autoridad explicó que serán verificados por el ministerio y que si hubiere necedad de aplicar multas, lo hará.

Agregó que verificarán salarios, horas extra, condiciones de higiene, de seguridad y también si las mujeres están debidamente atendidas. Fundamentalmente, sostuvo, controlarán si se está pagando el seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS) y el aguinaldo.

Ayer, el diario HOY publicó una denuncia del ciudadano Francisco Reyes Duarte quien reportó un caso de supuesto abuso laboral en el local gastronómico Paulista Grill, perteneciente al Grupo Sergio SA. La nota fue dada a conocer vía redes sociales y en ella explica que fue testigo de maltrato y discriminación por parte del gerente y de uno de los jefes: Angelo De Paula y Mario Rey, ambos de nacionalidad brasileña, respectivamente.

Este miércoles, el concejal José Alvarenga (ANR) anunció que pedirá informes y explicaciones a los propietarios de la churrasquería por las supuestas expresiones xenófobas y malos tratos hacia sus empleados. Adelantó que ser comprobadas las denuncias, pedirá que más instituciones del Estado intervengan.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.