El Estado gastó US$ 1,1 millón por chapas y kits de alimentos para damnificados en capital

El Gobierno gastó 7.000 millones de guaraníes (unos 1,15 millones de dólares) en la evacuación y mantenimiento de 8.260 familias damnificadas en Asunción por la crecida del río Paraguay el pasado octubre, de las cuales 1.784 han vuelto a sus hogares, informó este lunes la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)


Fuente: EFE

Un total de 6.149 familias permanecen todavía fuera de sus casas tras esa crecida, la mayoría instaladas en parques públicos y predios del centro de la capital. El responsable de la SEN, Joaquín Roa, indicó en la fecha a Radio Nacional que el gasto incluye los costos de esa instalación y el de reparto de kits de alimentos en ese periodo.

En ese sentido, Roa subrayó que ese costo puede ir en aumento ya que el sábado comenzó el operativo retorno de los damnificados a sus hogares, ubicados en las zonas lindantes con el río.

Añadió que las plazas donde están los damnificados, quienes viven en precarias casetas de madera y de chapa, reciben el apoyo de técnicos del Ministerio de Salud para trabajar en la eliminación de criaderos del mosquito portador del dengue, que aparecen con las temperaturas altas y húmedas como las que se dan en el verano paraguayo.

El presidente Mario Abdo Benítez, dio la semana pasada el visto bueno a la “Operación Retorno” tras verificarse que el cauce del río Paraguay, que superó los seis metros, ha vuelto a su nivel habitual a su paso por Asunción.

A mediados de octubre pasado, las fuertes lluvias primaverales dejaron los primeros afectados, unas 600 familias, que un año más tuvieron que salir de sus casas en los bañados, como se conocen a los barrios ribereños, para ubicarse en refugios o en plazas del centro de la capital.

Con el paso de los meses y la crecida del río, hasta los 6 metros de altura, el número de damnificados también fue en aumento, con esa cifra final de 8.260 familias.

Las estimaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología no descartan un repunte del nivel del río Paraguay en los próximos ocho meses, aunque no superaría los 4 metros.

 

González Macchi niega orden de tortura y cuenta los vínculos de Arrom con autoridades

Luis Ángel González Macchi, expresidente de la República, negó haber dado orden alguna para torturar a los secuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí. Sobre este último dijo que tenía hasta contacto cercano con su ministro de Justicia, por lo que no existe lógica en su denuncia contra el Estado paraguayo.

El expresidente Luis Ángel González Macchi manifestó a la 730 AM que nunca dio ese tipo de orden y recordó que sí estaba al tanto del caso, ya que pidió a sus entonces ministros del Interior, Julio César Fanego, y al de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, que asistan en la investigación.

Sobre Ferreira dijo que el mismo estaba afiliado a Encuentro Nacional y era de la izquierda. Así también, según contó, su ministro tenía acercamiento íntimo con Patria Libre, movimiento político fundado por Arrom.

“Jamás él iba a apañar una tortura por policías y por orden nuestra. Jamás de los jamases iba a permitir eso por su ideología y la amistad que tenía con ellos. Es mentira que haya ordenado la tortura”, manifestó.

Recordó además que un integrante de Patria Libre, identificado como Marcos Alvares, era un funcionario a cargo del ministro Ferreira y que en un momento dado fue junto a esta autoridad para expresarle que Arrom y Victor Colmán le habían entregado una importante cantidad de dinero para seguir con la lucha.

La suma era de 350.000 dólares y luego se constató que coincidía con el dinero que fue previamente marcado antes de entregar como pago de rescate de María Edith Bordón de Debernardi.

González Macchi refirió que sus ministros fueron junto a él a Mburuvicha Róga para informarle sobre el dinero y que su recomendación a los mismos fue devolver la plata al sujeto en cuestión y que este vaya a entregar a la Fiscalía.

Sobre el punto, el fiscal que estaba a cargo del caso, Édgar Sánchez, mencionó a la misma emisora que Marcos Alvares finalmente hizo entrega de parte del botín que le habían entregado Arrom y Colmán en un bolsón.

El agente refirió en charla con la misma emisora que en total Debernardi pagó 1 millón de dólares por su esposa y que de dicho monto se recuperaron 50.000 dólares de la vivienda de Colmán. Del restante nunca más se supo a dónde fue a parar.

 

Martes, el día D para la intendencia de Ciudad del Este

Este martes se convocará a una nueva sesión extraordinaria para designar al intendente interino de Ciudad del Este por los próximos 90 días. Se menciona como posibilidad que el próximo jefe comunal sea electo mediante consenso.

Luego del fallido intento del lunes, mañana a las 8:00 los 12 concejales sesionarán para elegir quien culminará el mandato tras las destitución de Sandra McLeod en Cámara de Diputados, según el titular de la Junta Municipal, habrá el quórum legal para sesionaron presencia de los 12 componentes de la Junta.

Con relación al próximo intendente, el concejal sostuvo que hay 11 candidatos, puesto a que el se excluyó de dicha lista, recalcó que la prioridad es la elección rápida de tal forma a calmar las aguas en el municipio.

“Tenemos todo para caminar por la senda de la tranquilidad, le encontramos el punto y ese punto ves el dialogo” detalló en contacto con radio Ñandutí.

Informó incluso que están avanzadas las negociaciones para llegar a un consenso, haciendo la salvedad de que el concejal Celso Kelembú Miranda, hasta el momento no acepto conversar, “no obstante estamos abierto a hablar”, insistió.

En la convocatoria del lunes se aceptó la renuncia de McLeod y luego comenzaron los incidentes, con acusaciones de diversa índole y hasta golpes.

 

Padre de joven extorsionado dice que "lince" ofreció G. 5 millones para que retire la denuncia

El padre del conductor que fue extorsionado por dos agentes del Grupo Lince confirmó que el abogado de uno de los detenidos le ofreció la suma de G. 5.000.000 para que retiren la denuncia y que se pueda "arreglar el asunto".

Juan Giménez, padre de la víctima, en entrevista con Radio Ñandutí manifestó que su hijo fue demorado por agentes del Grupo Lince durante un control que se realizó aproximadamente a las 22:00 horas del sábado.

En ese procedimiento, los uniformados -identificados como Ángel Rigoberto Fariña y Rodrigo Pérez Pesoa- se encargaron de hacer una revisión al interior del vehículo para ver si encontraban algún elemento sospechoso, interín en el que aparentemente le implantaron un paquete de cocaína para inculparlo de portación de drogas.

Los agentes empezaron a agredir físicamente a su hijo -según mencionó durante la entrevista radial-, intentando obligarlo a firmar un acta de procedimiento a punta de pistola. El objetivo habría sido que el mismo asuma la responsabilidad por la droga implantada.

Giménez confirmó la misma versión que había denunciado su hijo respecto a la extorsión de los uniformados con el pedido de unos G. 15.000.000 para devolverle el rodado, el cual fue secuestrado de manera irregular como “garantía”.

Tras radicar la denuncia formal, se inició la búsqueda del automóvil que finalmente apareció en la vivienda particular del suboficial Fariña ubicada en la localidad de Villa Hayes.

El padre de la víctima destacó la labor de los uniformados que prestan servicio en la Comisaría 12º ya que los ayudaron desde el primer momento al tomarles la denuncia y hacer un seguimiento hasta dar con los ahora detenidos.

Giménez reveló a la 1020 AM que el abogado del suboficial Fariña quiso “arreglar” el asunto y les pidió que retiren la denuncia a cambio de entregarles la suma de G. 5 millones, ofrecimiento al cual se negaron.

“Yo le dije que 5 millones no vale la vida de mi hijo, él está traumadísimo porque le pusieron el arma en la boca”, afirmó.

La acusación formal contra ambos uniformados es por la supuesta comisión de los hechos punibles de transgresión a la Ley de Drogas, extorsión y persecución de inocentes. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público.