El IPS aumentó 208% su déficit con el gobierno de Mario Abdo
Los valores anuales del endeudamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social reflejan el resultado de cuestionadas administraciones. Pues de tener en el 2018 un déficit de US$ 36 millones, al cierre del año pasado llegó a US$ 111 millones.
Aunque ya es de público conocimiento las obligaciones que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene con sus proveedores, no es menos importante resaltar que esta situación tuvo una exponencial ascendencia en los últimos cuatro años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hoy la deuda acumulada es de US$ 240 millones.
Durante los últimos años el IPS tuvo a tres personas al frente del Consejo de Administración, el primero fue Armando Daniel Rodríguez Franco, el segundo presidente fue Andrés Gubetich Mojoli, y el último y actual titular es Vicente Mario Bataglia Araújo. Cada uno de los presidentes de la previsional tuvieron un escándalo y fueron bastante criticados por la forma en que administraron la institución.
DETALLES ANUALES
El área de salud viene teniendo diferencias sustanciales entre los ingresos y egresos anuales, según informes económicos globales del Fondo de Enfermedad y Maternidad. De hecho, el último año que no se registró un déficit fue en el 2017 cuando quedó un saldo positivo de G. 243.164 millones, que en moneda americana representan US$ 34 millones (al cambio actual).
Sin embargo, en el 2018 el déficit del IPS fue de G. 256.369 millones, unos US$ 36 millones. Este consecutivo endeudamiento fue subiendo año a año en el último período, donde ya no hubo vuelta atrás al déficit.
Para el año 2019 el cierre fue de nuevo en negativo con menos G. 453.483 millones, duplicando al año anterior. La misma situación se volvió a dar en el 2020, cuando el déficit cerró en G. 904.206 millones, cerca de US$ 126 millones, doblando de nuevo a lo contraído con el anterior ejercicio fiscal. Este fue el año con mayor diferencia entre el egreso total y el ingreso declarado.
El mismo informe refiere que en el 2021 el Instituto de Previsión Social tuvo en el área de salud un saldo negativo de G. 792.478 millones; es decir, unos US$ 111 millones.
De esta forma vemos que comparativamente desde el 2018 hasta el año pasado se triplicó el endeudamiento que tiene el Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para con los proveedores de servicios tercerizados, farmacéuticas, equipos médicos y otros.
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ÚLTIMO BALANCE
Recordemos también que el pasado miércoles el gerente administrativo de la previsional, José Luis Urizar, explicó a La Nación/Nación Media que, tras reprogramaciones de cumplimientos de compromisos, al cierre del mes de setiembre la deuda total con los proveedores asciende a US$ 240 millones. Sin embargo, también indicó que, así como se está presentando, el actual ejercicio fiscal cierre con la misma tendencia.
Otro de los puntos claves es que, de mantenerse esta situación de tan grande déficit del área de salud, los afectados serían los asegurados, puesto que están en riesgo las prestaciones de atención médica y/o la provisión de medicamentos.
CANTIDAD DE ASEGURADOS
Datos del Observatorio Institucional del IPS reflejan que a setiembre hay un total de 1.513.941 asegurados, que al decir del alto funcionario, podrían verse afectados en los servicios.
En este punto es importante resaltar que actualmente unos 5.000 pacientes siguen algún tipo de tratamiento contra el cáncer en los hospitales dependientes de la previsional. Esta población requiere medicamentos oncológicos y hematológicos de los más costosos y de primera línea para la terapia del tratamiento contra el cáncer, que es la segunda causa de muerte en adultos luego de los accidentes cerebrovasculares y la primera causa de muerte infantil.
A COBRAR
Al analizar el universo de la realidad del IPS, un dato no menor es observar también quiénes son los que adeudan a la institución. En primer lugar hay una deuda histórica del Estado paraguayo que sería de aproximadamente US$ 450 millones, que se generó por el incumplimiento del aporte del 1,5% por carga de trabajo, que está en la estructura normativa de creación del sistema de seguro social.
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Pero, por otro lado, también existe una deuda de los empleadores. Según informes oficiales, hasta julio del 2022 se tenía un total de 69.233 empresas aportantes, pero solamente 42.340 estaban al día en sus compromisos.
Esta situación es una que debería ser atendida porque no solamente arriesga el servicio para el trabajador, sino que además se puede hablar de una contravención a la norma.
Por último, es relevante señalar que la Ley 5655/16 establece en el artículo 3 punto 2 que si el empleador, luego de haber descontado del salario el monto correspondiente al aporte debido por el trabajador para la seguridad social no ingresa u omite ingresar al IPS dicho monto, será castigado con pena privativa de la libertad de 1 hasta 5 años o con multa. Pero en el siguiente articulado agrega que en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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